El Destape Web
En más de una ocasión la presidenta Cristina Fernández comentó que "el problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de deuda soberana de la Argentina, para que tengamos que volver a deber miles de millones de dólares". Yo he sostenido en varias oportunidades que ese forzoso sobreendeudamiento que intentan ocasionar es la vía para llegar a controlar nuestros recursos naturales, como sucedió en los noventa y hasta la moratoria que se desencadenó con la caída de la convertibilidad. Hoy tienen en su mira telescópica los recursos de Vaca Muerta.
Por Carlos Heller
La saga continúa y el juez Thomas Griesa le ha encargado al mediador (special master) Daniel Pollack que se encargue de recibir los reclamos de otros buitres que desean utilizar el procedimiento de "yo también" (me too) para subirse al fallo de Griesa, como el reciente pedido del fondo EM Limited, de Kenneth Dart, que reclama unos U$S 835 millones que podrían subir a más de U$S 1.200 millones si es que se le aplican los mismos ajustes que a Singer y asociados. Si bien en cierta forma esto va en el mismo sentido de la solicitud realizada por el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, de acordar con todos los holdouts, la diferencia está en el monto que unos reclamarán y otros ofrecerán. Por si quedaran dudas, los funcionarios argentinos fueron claros. Kicillof afirmó que "a partir de enero es posible" siempre y cuando implique atenerse "a la ley, a la justicia, a la igualdad y a no darle a los bonistas más de los que se les da a otros". Mientras que el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, expresó: "si alguien espera que el 1° de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional".
La nota más alta de la saga la puso nuestra Presidenta cuando le envió una carta al presidente Barack Obama, pidiendo explicaciones del nombramiento de Nancy Soderberg al frente del Public Interest Declassification Board (PIDB) y su vinculación con la American Task Force Argentina (ATFA), organismo de los buitres para atacar a nuestro país.
Cristina llama la atención de Obama del hecho de que, además de su cargo público, Soderberg es copresidenta de la ATFA, situación que, en palabras de nuestra jefa de Estado, "de confirmarse sería grave en las relaciones entre nuestros países".
Entre los interesantes datos de la carta, se destaca la alusión al discurso antievasión del presidente estadounidense, cuando habló de "la indignación de que en un solo edificio de las Islas Cayman más de 12 mil empresas tengan sus oficinas principales". "Como ya he dicho –sostuvo Obama- o es el edificio más grande del mundo, o es la estafa impositiva más grande del mundo". En su misiva, Cristina le menciona que en ese edificio tiene su sede el fondo Elliott International, que financia las actividades de Soderberg en la ATFA, y que sería una gran contradicción, en la lucha contra la evasión planteada por Obama, la designación de Soderberg en un cargo público "clave". De esa forma Cristina pone en evidencia, con este ejemplo y con otros, el doble discurso del gobierno estadounidense.
En resumen, la carta al presidente de la principal potencia mundial da muestras de una decisión firme y valiente de nuestra Presidenta en la defensa de la soberanía argentina.
Desde la oficina del presidente Obama, se respondió que las responsabilidades oficiales de la señora Soderberg como directora del PIDB ("un comité asesor establecido por el Congreso en el año 2000 para promover el acceso público a los informes del gobierno relacionados con las actividades de seguridad nacional"), no están vinculadas con ninguna actividad que pueda tener como una ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas.
Al echar un vistazo a los comentarios de Soderberg acerca del contexto político argentino de la última década, podríamos concluir que no es casualidad que copresida la ATFA. En un artículo escrito en el año 2009, sugiere que la Security Exchange Commission (la Bolsa de Valores) debería insistir en que los títulos argentinos llevaran un aviso similar al de los paquetes de cigarrillos que alertara: "el emisor tiene un historial de tergiversación de la información, defaults y rechazo de deudas y por lo tanto, podría ser perjudicial para su salud financiera". En otro artículo de 2007, reflexiona sobre la existencia de "un quiebre entre los gobiernos de América Latina con el ala izquierda volviendo a tener participación, llevando a cabo un contraataque en contra de las reformas en pos del libre mercado y las políticas de los Estados Unidos", a lo cual agrega que dentro del "bando irresponsable" se encuentran los gobiernos venezolano y argentino con políticas populistas y nacionalistas.
Finalmente, vale la pena resaltar que detrás de la ATFA no sólo está Soderberg, sino que sus tareas son financiadas por ciertos sectores norteamericanos que denotan un perfil profundamente conservador. Entre ellos se destaca la National Grange, una especie de Sociedad Rural del país del norte que, con motivo de su convención anual en el año 2007, explicitó que Argentina es el mayor competidor de productos agrícolas de los Estados Unidos en el mercado global y que los recursos ahorrados con el no pago de la deuda pueden ser reorientados a inversiones en infraestructura agropecuaria que generarían una competencia desleal para los granjeros estadounidenses.
No caben dudas del poder que estas organizaciones y sus representantes intentan conservar en la política de su gobierno y los organismos financieros controlados por el mismo. Poder que se ve desafiado, entre otros, por los gobiernos latinoamericanos que priorizan el bienestar de la población por sobre los intereses corporativos nacionales y extranjeros y conciben al Estado desarrollando un rol activo en pos de la regulación del mercado y la redistribución de ingresos.
Parece que las largas alas de los buitres llegan a Argentina. Varios medios difundieron extensamente las opiniones de la ATFA sobre la carta, incluyendo frases ofensivas hacia el gobierno y la Presidenta, como lo vienen haciendo a menudo, desconociendo además que Soderberg fue propuesta como directora del PIDB por el propio presidente Obama.
Ésta es una breve semblanza de aquellos con quienes estamos lidiando. Gestionar las implicancias del fallo de Griesa es una tarea difícil, pero tengo la seguridad que el gobierno la seguirá encarando con la misma actitud soberana indeclinable que demostró hasta ahora.
