“Fue una tarea de casi dos años en cada pueblo y ciudad del interior del país, ya que la intención es federalizar el acceso al crédito, ya que fuera de Buenos Aires un 60% de la gente no tiene acceso al sistema financiero”, destacan fuentes cercanas a Heller.

Las planillas para firmar estuvieron en todas las universidades públicas del país, en todas las sucursales del banco, en todas las cooperativas y en los partidos vinculados al Nuevo Encuentro.

El banquero plantea que haya una orientación del crédito hacia las pymes, generando de esa forma mayores condiciones para la inversión y la creación de puestos de trabajo, ampliando la frontera productiva, y permitiendo que todos consuman mayor y mejor cantidad de bienes y servicios.

La declaración de servicio público tiene que ver con un mayor involucramiento de la autoridad regulatoria en la orientación del crédito y en materia de tasas de interés para los sectores más desprotegidos, como las pequeñas empresas y los préstamos personales.

Heller aclara que su planteo no es el de nacionalización de los depósitos, sino que los bancos mantienen las decisiones sobre la toma de depósitos y su aplicación, con normas que orientan una parte de los fondos hacia créditos a pymes y a hipotecarios para vivienda. Desde un banco extranjero criticaron la ley, al argumentar que “el crédito es consecuencia del ahorro, pero la norma solamente habla del crédito”.

En declaraciones periodísticas, Jorge Brito criticó la ley al decir que “si un banco es un servicio público, el dinero de los depositantes también es público y nosotros somos meros intermediarios entre la oferta y demanda”.

Ante esto, Heller resalta que, “con la declaración de la actividad financiera como servicio público, el dinero de los depositantes seguirá siendo propiedad de sus titulares, pues es la responsabilidad de que esos depósitos sean devueltos en tiempo y forma”.

El titular del Credicoop señala que, “en momentos de auge económico, los bancos, generan una presión adicional sobre el consumo y los precios”.