Intervención del diputado nacional Juan Carlos Junio en la sesión del 23 de abril de 2014 de la HCDN en la que se aprobó la ley que ratifica el convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación celebrado entre la República Argentina y Repsol

23/04/2014

JunioHCDN

Sr. Juan Carlos Junio.- Señora presidenta: en oportunidad del tratamiento de la expropiación de la tenencia accionaria de Repsol-YPF dijimos que éramos protagonistas de una decisión histórica.

Transcurridos dos años podemos ratificar esa visión con tranquilidad de conciencia. Así fue. Hoy la principal empresa de nuestra patria funciona en plenitud, en pos de los objetivos del país y del pueblo.

Dijimos también, y nos ratificamos, que la historia reciente de la Argentina y de muchos otros países hermanos demuestra que en la gestión de los servicios públicos estratégicos, tanto en la explotación de las riquezas naturales como en la prestación de servicios, el sector privado tiene una contradicción insalvable: sus negocios se oponen frontalmente con las necesidades sociales y políticas de un servicio a la comunidad y a los intereses de la Nación. Esta afirmación involucra a las grandes corporaciones, tanto multinacionales como locales. Su objeto social y toda su fuerza están puestos en la prosecución por maximizar sus ganancias sin ningún límite razonable.

Así actuaron los dueños de Repsol y así lo hacen también en otros servicios cruciales para la vida de nuestro pueblo.

Con el mismo criterio se guían los oligopolios del agronegocio y de la minería, los grandes exportadores de granos y los monopolios que comercializan el abastecimiento de alimentos para el país.

Ciertamente, no erraban el rumbo. Se trataba de un plan claramente definido en pos de tomar las ganancias y reembolsarlas a sus matrices ultramarinas. Era una suerte de conducta comercial neocolonial.

La expropiación fue entonces un gran acto de reparación, que expresó un momento de afirmación y avance de nuestra democracia, sustentado en una voluntad política de la Presidenta de la Nación, de este Parlamento y de la enorme mayoría del pueblo argentino.

Dejamos atrás, aquel día, una época de derrota política y cultural, que derivó en la pérdida de nuestras riquezas y en una gran catástrofe social para la mayoría de nuestro pueblo.

Hoy se cierra entonces aquella etapa oprobiosa de imposiciones instrumentadas por modernos financistas y “exitosos” empresarios, muchos de los cuales están tras las rejas por sus latrocinios ejecutados en sus propios países y en sus filiales del mundo pobre subordinado a esas grandes potencias.

Cumplimos con el mandato constitucional de indemnizar al expropiado. Consideramos que la forma de pago acordada resulta claramente conveniente para los intereses de la Nación. Se cancelará la indemnización con los resultados de cuatro a cinco años de la propia empresa, pero los pagos se realizarán en un plazo mucho mayor, ya que el primero será de sólo 500 millones a tres años, otros 3.250 millones a diez años y finalmente 1.250 millones a veinte años.

Quiero decir también en este punto que resulta sorprendente cómo muchos colegas manejan las cifras del pago indemnizatorio, haciendo alquimias de las más diversas: algunos le agregan el ciento por ciento de los intereses a veinte años, lo cual es una grosería técnica; otros, inexplicablemente, al ciento por ciento de los intereses al final lo dividen por dos y lo agregan al capital; otros directamente hablan de cifras de 8, 10, 11 mil millones de dólares sin explicar por qué. Para redondear el argumento dicen que (Antonio) Brufau estaba muy contento.

Veamos de qué puede estar contento Brufau. Primero, dijo que necesitaban cobrar una indemnización de 18 mil millones de dólares; después, a la hora de presentarse formalmente, requirieron 10 mil millones, y lo que está cotizado en la bolsa de Nueva York son 10.104 millones. En realidad, van a cobrar 5 mil millones a un plazo ponderado de quince años. Díganme de qué puede estar riéndose Brufau. Creo que de absolutamente nada. Por lo tanto, es un planteo absolutamente inconsistente.

Termino diciendo que seguramente este trascendente acontecimiento de recuperación del principal recurso natural nos fortalece y nos marca un rumbo para el inicio de un necesario e imprescindible debate nacional acerca de la soberanía del conjunto de los recursos naturales que emergen de las entrañas de nuestra geografía.