Es oportuno reflexionar sobre una cuestión que se ha convertido en un común denominador en el discurso de los sectores políticos y económicos que realizan una oposición sistemática al gobierno.
Por Angel Petriella, Secretario de Relaciones Internacionales del PSOL.
Se trata de la conjunción que realizan entre los temas atinentes a la seguridad, con algunas formas de protesta (piquetes) y/o de resolución de necesidades (tomas de tierra). Este arco de problemas es el telón de fondo sobre el cual imprimen un relato y modelan una percepción de la Argentina convertida entonces, según ellos, en una sociedad signada por la violencia. Sin pretender analizar cada uno de estos temas, reconociendo su especificidad y complejidad, lo llamativo es la convergencia desde distintas perspectivas políticas en un diagnóstico que se constituye en prólogo obvio de medidas coercitivas y disciplinantes, que son una forma sutil de nominar la represión. Históricamente las derechas y sus diferentes círculos de poder han agitado el tema de la violencia, del caos, de la desintegración social, del desorden, como antesala de la eliminación del estado de derecho y su reemplazo por las dictaduras de todo tipo. Hoy no se trata de sublevar a las fuerzas armadas, otrora calificadas como reserva moral de la nación, ni de la factibilidad de un golpe de estado y el establecimiento de un régimen dictatorial. Sin subestimar la nostalgia que seguramente padecen por esta imposibilidad histórica, sí tratan de impulsar la rueda restauradora neoliberal, quebrar el ciclo de transformaciones iniciadas en el 2003, restablecer núcleos de hegemonía perdidos e impedir que la consolidación temporal de la ampliación de derechos logrados por el pueblo sean un nuevo piso de demandas sociales aún no resueltas y de nuevas exigencias que devienen como consecuencia lógica de todo proceso inclusivo. Cuando el candidato, que parece prohijado por el Departamento de Estado, admirador del alguna vez alcalde neoyorkino patentador de la “tolerancia cero”, se presenta como el paladín de la mano dura, inventa un referéndum para modificar el código penal, y plantea que en la Argentina hay mas prófugos que presos, lanza una plataforma política implícita de gobierno, tratando de capturar a los sectores medios de la sociedad exacerbando odios clasistas y xenófobos, significando a los pobres y emigrantes de países hermanos y a los que menos tienen como delincuentes realizados o en potencia. El mismo camino transitan los políticos que prometen ser implacables ordenadores de la protesta social, y también aquellos o aquellas figuras que tras la denuncia serial mediática de la corrupción esconden su histórica complicidad con los tradicionales factores de poder que practican el trabajo esclavo dentro de sus haciendas. La criminalización de la pobreza no es una novedad, todo lo contrario, es un atributo funcional y estructural del capitalismo desde sus orígenes. En la primera mitad del siglo XVI, en Inglaterra, cuna del capitalismo, se generan normas que intentaron suprimir el “vagabundeo”. Se prohibió la mendicidad y se confinó a los pobres a sus parroquias de origen con graves penalizaciones para quienes transgredieran la ley. En nuestro país tenemos como antecedente la Ley de Vagos de 1860 que primero clasificó como vagos a “las personas de uno y otro sexo que no tengan renta, profesión, oficio u otro medio lícito con que vivir.” A “los que teniendo oficio, profesión o industria, no trabajan habitualmente en ella, y no se les conocen otros medios lícitos de adquirir su subsistencia. Y a “los que con renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican a alguna ocupación lícita y concurren ordinariamente a casas de juego, pulperías o parajes sospechosos. “La penalización consistía en: “Los simplemente vagos serán destinados a trabajos públicos por el término de tres meses. Y, “las mujeres vagas serán colocadas por igual término al servicio de alguna familia mediante un salario convenido entre la Autoridad y el patrón”.
Ese común denominador que las derechas esgrimen intentando internalizar en la sociedad una falsa conciencia de ser miembros de una sociedad violenta, es una argucia que oculta la verdadera violencia, la de sus mezquinas aspiraciones sectoriales que pretenden un modelo de país a su merced y al servicio exclusivo de sus intereses. El conflicto social no es desorden, no es caos, no es violencia, es consecuencia de los modelos de exclusión y desigualdad, por ello es eje de una de las ruedas de la historia de la humanidad.
