Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El nuevo Gobierno heredará una realidad económica y social compleja que requerirá de la toma de decisiones importantes. Si bien no serán pocas las resistencias que presentarán los sectores conservadores, lo esencial pasa por tener claro el rumbo y darle forma a través de las políticas necesarias. Tal como dijo Alberto Fernández en la XXV Conferencia de la UIA: “Vamos a poner en marcha la economía; quiero que lo hagamos todos juntos, firmando un nuevo contrato social. Pasar de la política que impone medidas a la que busca consensos. Las mejores sociedades cuidan el trabajo, y sobre todo, el trabajo industrial”.
Hace poco Kristalina Georgieva, la flamante directora gerente del FMI, dijo: “Quisiéramos ver a la Argentina dejando atrás los ciclos de auge y recesión para lograr una trayectoria sostenible de crecimiento con desarrollo social”. Nadie podría estar en desacuerdo, aunque de seguido señaló que el próximo Gobierno deberá llevar los programas sociales a “niveles sostenibles para que el país pueda regresar a los mercados”. A su turno, el responsable del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, pidió conocer “el plan completo (…), para ver si su política fiscal es consistente”. Expresiones que dan cuenta de los intentos por erigirse en los auditores de las políticas públicas. Es importante no naturalizar esta clase de comentarios.
En el imaginario de Werner, el “plan completo” debería contener los elementos que recientemente explicitó la OCDE. En su último informe, pide garantizar la dureza monetaria y fiscal, avanzar en la independencia del BCRA y las reformas estructurales. Políticas que resultan inadmisibles. Por un lado, por la gravedad de la situación social, que no resiste más recortes. Pero también porque son las mismas recetas que nos llevaron al lugar en el que hoy estamos. Hay que dejar de insistir en un camino que además está cada vez más cuestionado en el conjunto de países de la región.
Por eso, las expresiones del presidente electo Alberto Fernández sientan un importante precedente, con ideas como “primero hay que crecer”, sosteniendo que no hay espacio para más ajustes fiscales.
Es importante pensar un 2020 que estará plagado de dilemas locales, pero también internacionales (se espera que el comercio mundial crezca un exiguo 1,6%). Ante esta realidad resulta imprescindible encender los motores del mercado interno. Hay que partir de la idea de que hay espacio potencial para hacerlo. En Argentina hay recursos. Existen sectores deficitarios y son precisamente los que menos tienen; pero también están los superavitarios, que han sido los grandes ganadores del modelo de estos cuatro años. ¿Cómo explicar, si no, la significativa fuga de capitales de todos estos años? Ganancias en moneda local que luego se destinaron en grandes montos a la compra de dólares. Es decir, no todos pierden, una cuestión central para encarar la etapa que viene.
Endeudamiento
El gobierno de Cambiemos deja un país muy condicionado, y ésta es la realidad sobre la que habrá que operar. Como era de prever, el proceso de endeudamiento, entre otras cuestiones, fue pensado para intentar restringir la soberanía para la toma de decisiones y pavimentar el camino del ajuste como única alternativa. Una deuda altamente concentrada en el corto plazo, y mayoritariamente en dólares. Sin embargo, a diferencia de lo que decía el Gobierno anterior, en la Argentina de hoy el problema no es sólo de liquidez, sino también de solvencia. Por eso seguir ajustando la economía sólo logrará afectar más la capacidad de repago del capital y los intereses. Es fundamental llegar a un acuerdo de estiramiento de plazos. La idea es disponer de los recursos financieros imprescindibles para incentivar la demanda y contar con los dólares necesarios para abastecer el crecimiento de las importaciones de bienes industriales e insumos que tendrá lugar. Lo ratificó Alberto Fernández: “No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos (…). Pero esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen, no la van a pagar los que producen, los que dan empleo”.
En materia fiscal, el crecimiento de la economía debe ser el punto de partida para generar mayores ingresos públicos. Esto debe estar acompañado por una política tributaria que retome un sendero progresivo, gravando en mayor medida las rentas extraordinarias y también los grandes patrimonios. En particular, debe revisarse el esquema de retenciones con un cargo fijo y retomar el criterio de las alícuotas. En cuanto a los bienes personales, hay que reforzar la progresividad de dicho impuesto, afectada a partir de la reforma fiscal que llevó adelante el gobierno de Cambiemos. Seguramente algunas propuestas generarán controversias, pero debe entenderse que para que haya una economía sustentable y un país socialmente viable, todos los sectores deben hacer su aporte.
En el muy corto plazo la inyección de recursos deberá tener como primera prioridad la cobertura de los sectores más afectados por la actual situación de emergencia, en particular la alimentaria. Es preciso reconfigurar el eje de la economía alrededor del consumo interno, vía aumentos directos e indirectos de los salarios, las jubilaciones y otras asignaciones.
La utilización de la capacidad instalada se encuentra en mínimos históricos (57,7% en septiembre, peor que los muy bajos registros de 2002), lo que indica que, más allá de cierta obsolescencia, existe un amplio espacio para la respuesta por el lado de la oferta (la producción). Vinculado a esto, es necesario que la mayor demanda (el insumo necesario que a su vez tiene el mercado interno sobre el que descansa la mayor parte de las empresas) no se traduzca en nuevos golpes (vía aumentos de precios) hacia el poder adquisitivo de la población. Cabe agregar a esta estrategia las palabras pronunciadas por el presidente electo: “Que nadie entienda lo que digo como vivir a puertas cerradas. Pero no voy a traer remeras de China, o bicicletas de Chile para que nuestros industriales se vuelvan a caer”.
En este marco, la idea del Acuerdo Económico y Social resulta imprescindible también para definir líneas estratégicas a futuro, contemplando los diferentes intereses, con una convocatoria que debe tener en cuenta la diversidad de los sectores involucrados. No sólo deben estar los sindicatos y las grandes cámaras empresariales; también las distintas representaciones de las pymes, la agricultura familiar, las economías regionales, la ciencia y la tecnología, el cooperativismo y las empresas de la economía social y solidaria, entre otros.
En el corto plazo, es preciso avanzar con medidas como la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, que consumen una gran parte del presupuesto de los hogares y empresas. También con la implementación de herramientas de probada eficacia, como las líneas de crédito productivo y las tasas subsidiadas.
La reactivación y la emergencia ocupan un lugar central en el corto plazo y ciertas restricciones tienen un origen más profundo. Para que la economía funcione, hacen falta cambios importantes desde el punto de vista estructural. No son los que desde los organismos internacionales se piden. Soluciones como la reforma laboral, la previsional, y la desregulación en general es la lógica que se trata de imponer, y los resultados están a la vista, en Argentina, pero también en otros países de la región.
Una vez más queda claro que en países como el nuestro es absolutamente nocivo el concepto de que los capitales deben estar desregulados. La administración de la cuenta capital es esencial para evitar el ingreso de capitales especulativos y su abrupta salida, y para permitir el uso del herramental cambiario y monetario con mayores grados de autonomía. Mientras no haya desarrollo económico y sí restricción externa de divisas será imperioso cuidarlas mediante diversos mecanismos. El hecho de que algunos de ellos hayan sido los que hacia el final del mandato y a desgano implementó el Gobierno de Macri, configura un importante punto de partida.
Crédito
En materia financiera, la recuperación del crédito es central para el apoyo de las actividades de producción. En este marco, la gran masa de Leliq se irá desarmando a medida que las entidades aumenten sus créditos. En última instancia, va en sintonía con la lógica subyacente de que las condiciones de solvencia mejoran cuando se pone en funcionamiento la rueda de la economía.
Todo esto debe ser acompañado por cambios del entramado legal que están pendientes desde hace décadas. Leyes de la dictadura, como la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, deberían reemplazarse por leyes acordes a las verdaderas necesidades actuales del país. También habría que legislar en temas esenciales como los recursos naturales, en particular el litio. Sobre estos temas presentamos proyectos durante mi mandato como diputado nacional.
Las urgencias que dejó el anterior Gobierno nos enfrentan a desafíos importantes. Pero Argentina ya se supo poner de pie luego de una crisis como la de 2001-2002, tras una dolorosa experiencia neoliberal. En aquel momento se demostró que la reconstrucción del tejido social y de la economía era posible. Por ésta y otras razones, podemos ser optimistas y decir que tenemos elementos concretos para abonar esa dirección.
