Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En la semana el Ministerio de Hacienda presentó un informe preliminar del Presupuesto Nacional 2020. Al igual que en los tres años anteriores de gestión, las proyecciones macroeconómicas del gobierno no parecen tener relación alguna con la realidad. Es parte de la típica retórica oficialista de posverdad y promesas que nunca llegan.
En esta línea, el personal técnico del FMI acaba de dar el visto bueno para la aprobación del desembolso de U$S 5400 millones, sujeto a aprobación del Directorio. Según el Director Gerente interino, David Lipton, “las políticas económicas de Argentina están dando resultados (…), elogiamos a las autoridades argentinas por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica”. Nada ha cambiado tras la salida de Lagarde.
Hace exactamente un año el presidente Macri señalaba: “estamos enfrentando una tormenta pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo y sigo creyendo absolutamente en el futuro que tenemos por delante”. Un año después, no existe un solo dato de la realidad que permita confirmar estos buenos augurios.
Volviendo al informe de Hacienda, apenas se modificó la proyección recesiva para 2019 (pasando de una baja del PIB del -0,5% a una del -0,8%). Esto a pesar de que las últimas proyecciones de la OCDE y el FMI marcan un -1,8 y -1,2%, respectivamente, y el REM del BCRA una caída del 1,4 por ciento. Puro maquillaje preelectoral.
En cuanto a las proyecciones para el 2020, el gobierno dice que espera que el PIB crezca un 3,5 por ciento. Más aún, se prevé que la expansión esté liderada por la inversión, el buen desempeño de las exportaciones y la recuperación del consumo privado. Si bien la base de la que se parte va a ser bien baja, ya que 2019 será un año que terminará con caídas históricas en estos agregados (en el primer trimestre la de la inversión fue del -24,6% y la del consumo privado del -10,5%), no existen indicios para pensar qué podría traccionar un crecimiento del 3,5% de la actividad. El cada vez más deteriorado ingreso real de la población le otorga a estas proyecciones una posibilidad de concreción casi nula.
Las estadísticas conocidas esta semana sobre la actividad industrial y la construcción refuerzan aún más el tono exageradamente optimista de las proyecciones oficiales.
El Índice de Producción Industrial del Indec marcó su doceavo mes de retracción y según la encuesta de perspectivas de la misma fuente, 42% de los empresarios del sector espera que la demanda interna disminuya frente a sólo el 17% que considera que aumentará.
La actividad de la Construcción marcó, según el Indec, su noveno mes de caída y en este sector las expectativas empresarias tampoco son favorables. Un 50% considera que la actividad disminuirá en los próximos meses, frente a un escaso 7% que percibe que aumentará.
Sólo se cumple con el resultado primario, monitoreado bien de cerca por el FMI, y se podría mostrar incluso un sobrecumplimiento al “déficit primario cero”. Según señaló el propio Nicolás Dujovne: “En 2019 estamos convergiendo al equilibrio primario y aspiramos a un superávit del 1% para 2020”.
Quedan al menos dos cuestiones importantes a resaltar. La primera: para llegar al equilibrio (o superávit fiscal) en un marco de severa contracción de la actividad es preciso un fuerte ajuste del gasto público, ya que los ingresos fiscales terminan siendo menores a lo esperado. Una muestra de lo ficticio que son los presupuestos del gobierno. En segundo lugar, vuelve a omitirse el resultado fiscal total, que incluye los desembolsos por intereses, la verdadera vara a tener en cuenta. De hacerlo, quedaría en evidencia el sacrificio que desde 2016 está haciendo la población (con el profundo recorte en partidas clave para el bienestar social, como salud, educación, infraestructura, etcétera) y la cada vez mayor transferencia de ingresos hacia los acreedores.
Nuevas amenazas a las pymes y el empleo
Resulta por lo menos paradójico que en un acto con algunas de las organizaciones pyme, Macri haya defendido el acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur sosteniendo que “es falso que este acuerdo dañe el mercado argentino. Es un acuerdo que va a generar empleo y que tuvo en cuenta todas las inquietudes. Y nosotros vamos a cuidar a nuestra industria”. Cuesta creerlo cuando a lo largo de su mandato todas las políticas fueron en contra de lo que las pymes necesitan: un vigoroso mercado interno, basado en el crecimiento del empleo y en el cuidado del poder adquisitivo del salario.
De brindar algún beneficio, el acuerdo sólo le sería útil a unos pocos sectores que producen bienes primarios y sus derivados: coherente con la idea de ser el supermercado del mundo. Más aún, se habla explícitamente de otorgar ventajas a las empresas europeas en licitaciones públicas de los países del Mercosur: otra competencia desleal.
No obstante, los subsidios europeos a los productores agrícolas se mantendrían, lo que es una fuente de competencia desleal. Además, dado que no se eliminarían los controles aduaneros, la UE también podría sacar a relucir barreras no arancelarias (como normas de etiquetado, certificaciones, etcétera).
En una nota de La Nación (4 de julio) se trata de responder a “las preguntas que dejó la firma del acuerdo”. Allí se asevera que “la competencia no será necesariamente limpia, basada en el libre juego de la oferta y la demanda”. También se dice, al responder sobre si es un hecho de magnitud histórica: “Para la Argentina, en particular, podría ser tan significativo como lo fue la constitución del Mercosur; ya que algunas cláusulas del acuerdo reducen el margen de acción futuro de las políticas nacionales (por ejemplo, prohibiendo la aplicación de derechos de exportación o licencias no automáticas), lo que para algunos es un 'salto de calidad' y para otros una indeseable pérdida de soberanía”. Para que no queden dudas.
La firma del preacuerdo, que todavía, entre otras cuestiones, debe ser aprobado por los parlamentos de todos los países involucrados, implicaría un certificado de defunción para una cantidad importante de empresas, que no podrían hacer frente a la competencia importada. Para la gente de a pie, se argumenta que se abrirían nuevas alternativas de consumo, pero solo podrán aprovecharlas quienes mantengan su nivel de ingresos y su empleo, algo en lo que no hay precisamente garantías.
No está de más preguntar por qué el gobierno argentino avanzaría con un acuerdo tan desventajoso. La misma inquietud podría haber surgido al momento de volver al FMI, con el ajuste fiscal y monetario que implicó; y si lo vinculamos a los pedidos de flexibilización laboral y reforma previsional que son presentados como condiciones indispensables para avanzar con la UE, la respuesta no parece difícil de hallar. Se trata de decisiones de gobierno que condicionan severamente la agenda de políticas públicas y profundizan el rumbo neoliberal que sigue este gobierno. Una hipoteca que costará levantar.
La intención de avanzar en un acuerdo similar con América del Norte va en la misma línea, con la particularidad de que en países como Estados Unidos y Canadá ni siquiera hay chances de aprovechar las ventajas comparativas, dado que son grandes productores primarios, al igual que nuestro país.
A diferencia de la campaña de 2015, cuando el macrismo “no podía decir lo que iba a hacer”, en estas elecciones las cartas están a la vista. Estamos a tiempo de modificar el rumbo de deterioro y subordinación que los grandes centros de poder y sus representantes locales nos tienen reservado para las próximas décadas.
