Minuto Uno | Opinión
Por Juan Carlos Junio
La pérdida de ingresos que vienen sufriendo los trabajadores, los jubilados, las pymes y las clases medias tienen fuentes distintas pero todas emanan del mismo manantial: la “depreflación”, es decir, la caída de la actividad económica y, simultáneamente, el aumento sostenido del nivel de precios. Pero como siempre, no todos pierden. Un crudo ejemplo es el caso de los millones de jubilados que en el 2019 perderán un 13% de sus ingresos. Para explicar esta contradicción hay que ir al terreno político: los que ganan son sectores poderosos ligados al macrismo y las que pierden son las mayorías sociales que han sido condenadas a ver mermados sus ingresos. Como la inversión social en el sistema previsional es la más importante, sus aumentos se basan en una fórmula tramposa que puso el gobierno saliente asegurando que siempre queden retrasados respecto a la inflación del período. Desde que se aplicó la movilidad macrista, los jubilados perdieron hasta un 27% frente al alza de precios. Así es que la mentada movilidad en vez de ser ascendente, degeneró en descendente.
Pero además, la canasta de los jubilados es más cara que la que mide el Indec, pues está poblada de medicamentos, los cuales han hasta quintuplicado sus precios durante el gobierno de Macri. Este fue uno de los primeros temas que Alberto Fernández fijó como prioridad. Dio una definición tajante en la campaña y reiteró recientemente siendo ya presidente electo: “yo me comprometo a que no paguen más medicamentos. En eso me comprometo”.
Como sabemos, la patronal de la gran mayoría de los 7 millones de jubilados es el Estado Nacional. Los pagos a la seguridad social, tanto en jubilaciones como en pensiones y planes sociales siempre están en la mira de los gobiernos ajustadores. Hoy vuelve a estar en la mira del FMI. Su flamante presidenta, Kristalina Georgieva, ya pidió que “el Gobierno debe ver la manera de vivir dentro de los límites presupuestarios que existen y para eso deben continuar trabajando en ver cuáles son los gastos que no son valiosos para el país”, invocando a “la responsabilidad social del gobierno”. Como un gesto del cambio de época, Alberto Fernández le contestó lo mismo que nos viene diciendo a los argentinos: “Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”. Queda claro que para el presidente electo, los jubilados sí son valiosos para el país, ya que son ciudadanas y ciudadanos que deben tener derecho a una jubilación digna.
Ante “analistas” y lobistas que reclaman “seriedad” para atender de manera urgente una renegociación por la deuda externa, Alberto Fernández estipuló prioridades: “no hay nada más urgente que la pobreza y el hambre. Si digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre, ya empiezo a condicionar”, y agregó “No hay que correr detrás de los tiempos de los acreedores, hay que correr detrás de los tiempos de los argentinos”.
Tal es el avance de la pauperización de los hogares argentinos que amerita un trato prioritario del nuevo gobierno. En octubre, una familia tipo -de un matrimonio con dos chicos- necesitó $35.648 para no ser pobres y $14.202 para no ser indigentes. Siempre hablando de la canasta de alimentos y bienes básicos que deja de lado el gasto en vivienda, colegio (en caso que sea privado), prepaga, y demás desembolsos arraigados al nivel de vida de la clase media argentina, donde además se incluye a lo cultural y la recreación como condición para su realización digna y plena.
El orden de prioridades que ha definido el gobierno entrante es el de la “mesa contra el hambre” y “poner en marcha la economía”. En este último punto trascendió una posible moratoria impositiva y de facilidades de pago dirigida a las pymes que están en una situación muy comprometida.
Después vendrá el tema financiero de la deuda externa. No es cierto que toda la deuda sea de tratamiento urgente. Hay deuda con acreedores privados, locales y extranjeros, en pesos y en dólares, y con organismos multilaterales como el FMI, o bien la reactivación del swap con China. A su vez unas vencen ahora, otras dentro de seis meses y otras dentro de un año. Todo indica entonces que el reclamo de priorizar con urgencia el acuerdo con los prestamistas, no es imprescindible. Hay margen para diseñar plazos y políticas disímiles para cada tipo de acreedor. El Poder Ejecutivo lo irá negociando privilegiando las urgencias sociales.
Pero donde no puede haber default es en las graves carencias de nuestros pibes, en la educación de nuestros jóvenes, en el trabajo de nuestras pymes, en las viviendas de nuestras familias, en la salud de nuestros viejos, ni en recuperar nuestras riquezas humanas y naturales para mejorar la vida de todos los ciudadanos de nuestra Patria.
