Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno alterna sus frecuentes derrotas parlamentarias con las denuncias de supuestas coimas, diversas perturbaciones en la economía y las incertidumbres por los próximos escenarios electorales.
En lo que va del año, el Congreso ha tenido una gran capacidad de ponerle límites a la administración libertaria.
Entre sus potestades, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos, pero éstos, para quedar firmes, necesitan ser ratificados por una de las dos cámaras del Parlamento. Si, por el contrario, son rechazados por ambas cámaras, dejan de tener vigencia. Los cinco decretos delegados con los cuales el oficialismo se proponía intervenir en el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Teatro y la Marina Mercante, entre otros organismos, fueron rechazados por Diputados y Senadores.
Finalmente, el gobierno terminó aceptando el límite impuesto por el Poder Legislativo y restituyó, mediante los DNU 627 y 628, las normas que existían previamente a los decretos delegados.
En paralelo, una oposición amplia en el Senado rechazó el jueves el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad por más de dos tercios de los legisladores presentes. La Ley quedó firme por 63 votos positivos, 7 negativos y dos ausentes y, tal como establece la Constitución Nacional, el presidente debería promulgarla.
El oficialismo sigue cuestionando al Parlamento. Pero éste no ha tenido un cambio de composición: es el mismo que le aprobó las facultades delegadas contenidas en la Ley de Bases, entre muchas otras iniciativas. El espacio del que formo parte votó siempre igual desde que comenzó la actual administración. Los que cambiaron fueron otros legisladores, que antes apoyaban las iniciativas oficialistas y ya no lo hacen. El cambio no fue mágico: fue una consecuencia del rechazo creciente de la opinión pública a las políticas gubernamentales y de la dificultad de muchos de esos legisladores de afrontar el costo que el apoyo a las mismas les producía. Es posible que una parte de los que cambiaron la orientación de su voto estén de acuerdo con la desregulación y la reducción del Estado, entre otras políticas. Pero no lo están con lo que consideran “excesos”, por ejemplo, con el veto presidencial a la Ley de Discapacidad, para citar un caso.
Sin embargo, no hay tal diferenciación entre las iniciativas del gobierno y sus excesos: para éste, de lo que se trata es de terminar con las políticas públicas que generan derechos. El presidente Milei ha dicho que su misión es eliminar el Estado, no hacerlo eficiente. Más aún: ha afirmado que el Estado es una organización criminal.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que “el kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos. Mandó a su brazo armado, el Congreso, a romper el equilibrio fiscal y el programa económico”. El ministro omite un detalle: los que estamos sentados en las bancas fuimos elegidos por la ciudadanía; a él, en cambio, lo designó el Presidente. Debería tener más respeto por los integrantes de otro Poder del Estado que funciona dentro de las reglas que establece la Constitución Nacional.
Respecto de la sospecha sobre lo sucedido en la Agencia Nacional de Discapacidad, instalada tras la divulgación de presuntos audios de un funcionario del gobierno que relata el pedido de coimas, es de una enorme gravedad. Nuestra posición es la de siempre: cuando hay sospechas tiene que haber investigaciones y éstas tienen que llegar al fondo de la cuestión. Pero por ahora se está hablando más de quién es el topo que de la supuesta coima.
Lo que la sociedad en realidad necesita saber es si quienes están gobernando lo hacen con la probidad con la que lo deben hacer o están vinculados a situaciones ilegales, irregulares, incompatibles con la función pública. Es imprescindible contar con una Justicia que funcione bien, que cuando tenga indicios los investigue y, a partir de ello, los pruebe o los descarte. La sociedad debe recibir información en lugar de rumores.
Con la comisión de Diputados que ha comenzado a analizar el tema $Libra debería suceder lo mismo: tiene que investigar, escuchar testimonios y buscar toda la información disponible para llegar a algún tipo de conclusión lo más objetiva posible.
En otro orden, el gobierno interviene en el mercado de cambios para que el dólar no se dispare. Hay un dato que se difundió poco y es muy significativo: al país le entraron divisas por exportaciones de oleaginosas y cereales en los primeros siete meses del año por alrededor de 19.955 millones de dólares. En ese mismo periodo, las personas humanas compraron 19.045 millones de dólares. Dentro de ese total, los pagos netos por consumos de bienes y servicios con tarjetas, viajes y pasajes alcanzaron, en el acumulado del año, 6.327 millones de dólares de egresos netos de divisas.
La gestión gubernamental tiene problemas para sostener el tipo de cambio. Pero esa no es la cuestión de fondo: lo verdaderamente preocupante es cómo toda la economía se dirige hacia un callejón sin salida. El modelo no cierra. Entre otras cosas, el control del precio del dólar y de la inflación lo logran a través de un enfriamiento generalizado de la economía, con sus consecuencias negativas sobre el empleo, el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (y también de algunas grandes) y la calidad de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas.
Durante la semana se cumplieron tres años del intento de magnicidio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ello se suma su actual proscripción y detención a través de un juicio que no respetó procedimientos elementales ni garantías constitucionales, ni produjo pruebas serias: una verdadera afrenta a la democracia argentina. Cristina libre debe transformarse en una consigna de toda la ciudadanía, más allá de las identidades políticas o partidarias.
Finalmente, hoy se vota en territorio bonaerense para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales. Están habilitadas para sufragar más de 14 millones de personas. Se trata de una elección cuyos resultados producirán efectos y lecturas que excederán el ámbito local y provincial.
Se enfrentan dos modelos y, por lo tanto, dos futuros. Uno de ellos saldrá fortalecido.
