Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El 10 de diciembre de 2023, al asumir, el presidente Javier Milei había señalado: “No hay vuelta atrás (…) hoy comienza una nueva era en Argentina. Una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”. A poco de llegar a la mitad del mandato, los hechos parecieran ir en clara dirección contraria.
El gobierno intenta culpar al Congreso, que según su visión estaría intentando destruir el programa económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al Parlamento como el “brazo armado” del kirchnerismo. Sin embargo, un simple ejercicio de memoria nos indica que este Parlamento no ha tenido un cambio de composición; es el mismo que en su momento le aprobó las facultades delegadas al Ejecutivo y toda otra serie de normas, en algunos casos bajo la excusa de “darle las herramientas” al gobierno. Herramientas que llevaron a los resultados que hoy vemos.
Una semana atrás hice aquí referencia a la “estrategia de responsabilizar a los demás”, mediante la cual se trata de ocultar que el deterioro obedece a las políticas, que han repercutido negativamente en la actividad económica, en el empleo y en el nivel de vida de la ciudadanía. En términos de las cuentas externas, la liberalización financiera, la apertura importadora y el mayor endeudamiento también han dejado su huella, en paralelo al sostenimiento de un tipo de cambio apreciado tendiente a contener la inflación. En definitiva, es el modelo el que genera sus propias condiciones de fragilidad.
Lo que hoy vemos no difiere en mucho con lo ocurrido durante las experiencias neoliberales que se vivieron en Argentina. Tanto en términos de resultados como de discurso. Respecto de esto último, durante la dictadura, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz decía que “achicar el Estado es agrandar la Nación” y en el gobierno de Carlos Menem se llegó a afirmar que “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Con Mauricio Macri fue la figura del “Estado canchero” y ahora es la versión extrema del “topo infiltrado dentro del Estado para destruirlo desde adentro”. Las variaciones son a lo sumo de estilo o de personalidades, y se moldean a partir de las circunstancias nacionales y globales que rodean a cada momento histórico. Pero lo que no difiere, lo que siempre está presente, es la esencia de un modelo regresivo, que beneficia a un sector muy minoritario de la sociedad.
En lo coyuntural, las últimas decisiones monetarias y financieras exacerbaron una situación económica que se venía dando. En particular, la fuerte suba de las tasas de interés ya está mostrando sus efectos en términos de la evolución del crédito. Las principales líneas de préstamos a empresas registraron en conjunto una caída del 1,2% mensual en agosto, la primera en 18 meses, tomando valores nominales. En términos reales la baja es aún mayor, aunque resta conocer el dato de inflación, que se publicará el próximo miércoles. La caída en el crédito, no obstante, es una de las vías para que la actividad económica se mantenga “fría”, apuntando a contener la inflación. La estrategia descuida el frente productivo y social y repercute negativamente tanto en empresas como en hogares.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló que las “tasas (de interés) son hijas del conflicto político porque genera incertidumbre”. Sin embargo, es el gobierno quien propicia la suba por la vía del “endurecimiento monetario”.
A su vez, estas mayores tasas de interés impactan en las propias finanzas públicas. Un medio de comunicación de gran llegada tituló en su sección de economía: “Por la suba de tasas, al Tesoro le resulta cada vez más costoso renovar su deuda en pesos”. Ello no es inocuo ya que en lo concreto llevará a nuevos recortes del gasto para tratar de cumplir con el objetivo de superávit fiscal primario.
Otra herramienta muy utilizada para contener el avance de los precios es el tipo de cambio. El lunes pasado el gobierno reconoció que últimamente el Tesoro estuvo interviniendo en el mercado cambiario (dentro de las bandas) para evitar mayores subas en el tipo de cambio, y que lo seguiría haciendo “mientras se mantenga esa situación de liquidez” en el mercado, según expresó el secretario de Finanzas. Es decir, más cerca de un esquema de administración del tipo de cambio que de la mentada “libre flotación” de los libros de texto ortodoxos, siempre contrarios a las regulaciones del Estado.
Economistas ideológicamente cercanos al gobierno ya mencionan que habrá que “resetear el plan”, lo cual implica más de lo mismo, y con mayor profundidad.
En un plano más estructural, en la segunda parte del mandato, de contar con una relación de fuerzas favorable, el gobierno intentará avanzar con las reformas estructurales que piden el FMI y los mercados.
Hace diez días el Presidente afirmó en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP): “se vienen reformas, de segunda generación (…). Y el orden es bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir la economía”. Es decir que hará falta más ajuste fiscal, más pérdidas de derechos de los trabajadores, y mayores entradas de importaciones, que perjudican a las pymes y al empleo local.
Resistencias ante la quita de derechos
El jueves el Senado revirtió el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad. Una semana atrás el Presidente había afirmado que un camino es judicializarla y que si ello no era posible se recortaría el gasto “en otro lado”. No sería de extrañar que el Ejecutivo siga este camino. Ya mostró su rechazo a lo originalmente normado por el Parlamento, desconociendo que la división de poderes es una de las principales fortalezas del sistema democrático.
La insistencia con la Emergencia en Discapacidad va en paralelo con otros rechazos parlamentarios a la actitud del Ejecutivo. Por caso, el Senado le dio media sanción a la ley que limita al uso de los DNU, junto con el veto una de las herramientas más utilizadas por este gobierno. El texto establece que los decretos deberán ser tratados en un plazo máximo de 90 días para no caducar, y que con el rechazo de una de las cámaras (no de las dos, como ocurre ahora) quedarán sin efecto.
Por otro lado, el gobierno restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas mediante cinco DNU presidenciales en el marco de las facultades delegadas. Son normativas que fueron rechazadas por el Congreso el mes pasado y que incluían la disolución y/o la transformación de Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, la CONABIP y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros. Si bien la avanzada desreguladora y el intento de destruir el Estado continúan, cada vez se hace más presente la resistencia, tanto en las calles como dentro del Parlamento.
