Frente al Palacio de Tribunales, los integrantes de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina manifestaron hoy su apoyo a las nuevas leyes de defensa de los ciudadanos consumidores. Y presentaron un documento a los jueces de la Corte Suprema para que conozcan la posición política e ideológica de ese espacio, "frente a quienes quieren impedir la aplicación de las leyes sancionadas, interpretando de modo parcial y tendencioso nuestra Constitución Nacional".
"Fuimos protagonistas, junto con las pymes, los trabajadores y los consumidores, de estas leyes que procuran frenar los abusos de los grandes monopolios. El Parlamento escuchó todas las voces y luego de la aprobación las organizaciones concentradas amenazaron con bloquear judicialmente lo resuelto en el Congreso. Se trata de iniciativas del Poder Ejecutivo, aprobadas por el Poder Legislativo, que ahora las corporaciones empresarias pretenden bloquear, actuando sobre el Poder Judicial", explicó Juan Carlos Junio, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro e integrante de la Convocatoria.
"Por eso nos dirigimos a la Corte para plantearle que ante esta ofensiva de quienes buscan ampararse en el Poder Judicial para bloquear las leyes legítimamente sancionadas en el Congreso de la Nación, los integrantes de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina estamos dispuestos a realizar presentaciones que defiendan a la ciudadanía de un nuevo atropello antidemocrático", completó el legislador.
A continuación, el texto completo del documento enviado a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia:
APLICAR LA LEY ES DEFENDER AL PUEBLO Y A LA NACIÓN
Las organizaciones del campo popular, reunidas en la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, hemos impulsado, desde la constitución misma de este espacio, la creación de herramientas para que el Estado pueda proteger al conjunto de la ciudadanía de las conductas abusivas de las grandes corporaciones.
Es preciso que el Estado cuente efectivamente con atribuciones que le posibiliten cumplir con una de sus tareas esenciales, como lo es garantizar los derechos de la ciudadanía, entre ellos los que se relacionan con el ejercicio de actividades económicas y productivas en condiciones de equidad, que aseguren la generación de trabajo digno, desarrollo y bienestar para todos los argentinos.
Sin embargo, en un contexto de dificultades coyunturales y de ataques especulativos contra la Argentina, la situación se ve agravada y exacerbada por la continua ofensiva de grandes grupos económicos altamente concentrados y extranjerizados, que buscan maximizar su rentabilidad a costa del sacrificio de todos los argentinos.
Esos sectores de grandes empresas, lejos de actuar en un mercado “libre” como el que dicen promover, conforman monopolios y oligopolios que se desempeñan de modo cartelizado y abusan de su posición dominante, fijando precios y condiciones al conjunto de la economía.
Por tal razón, en los últimos meses hemos tenido participación activa en el proceso de gestación y discusión del conjunto de leyes aprobadas y sancionadas en el Parlamento que van en el sentido propuesto: la 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo (conocida como Ley de Abastecimiento), la 26.992 de Creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, y la 26.993 del Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
Durante la discusión sobre estas leyes a lo largo de las jornadas de consulta en Comisiones, con la participación de representantes de entidades empresariales, de los consumidores y de los trabajadores, quedaron delineadas claramente dos posturas. Por una parte, las organizaciones de grandes empresarios que se oponen a cualquier forma de regulación estatal; por otra, las asociaciones de consumidores y de los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, del campo y de los trabajadores, que consideran fundamentales estas leyes para procurar una mayor equidad distributiva, estimular el desarrollo productivo local y defender el poder adquisitivo del salario.
En particular, respecto de la ley que regula las relaciones de producción y consumo, que reemplaza a la conocida popularmente como Ley de Abastecimiento, y que es el punto más cuestionado, su aplicación es indispensable para que los monopolios y oligopolios no sean los que definan el futuro del país. El accionar de estos actores del poder económico no sólo afecta a los consumidores sino que condiciona gravemente la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas al imponerles precios y condiciones abusivas de comercialización, de principio a fin de la cadena productiva.
Esta desigualdad hacia el interior del sistema productivo pone en riesgo a más del 90% de las empresas existentes, que son Mipymes, y a sus trabajadores, que constituyen un 70% de la fuerza laboral.
Es de público conocimiento que los representantes de las grandes corporaciones, agrupados en las entidades que conforman el llamado G6 o en el Foro de Convergencia Empresarial, ante el fracaso de su estrategia para frenar las leyes en el Parlamento, han amenazado con bloquear su aplicación buscando judicializarlas a través de instrumentos como las cautelares que, en estos casos, suelen ser mal utilizadas para la protección de los privilegios de los poderosos, evitando la implementación de las leyes votadas en democracia y con el apoyo de amplios sectores del campo nacional y popular.
En esencia, argumentan que la normativa afecta el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias pero, en verdad, el denominador común de estas posturas es el rechazo hacia cualquier tipo de regulación por parte del Estado.
Para justificar esta posición e impedir la aplicación de las leyes sancionadas, interpretan de modo parcial y tendencioso nuestra Constitución Nacional.
La Constitución otorga el derecho de ejercer toda industria lícita, pero también impone límites precisos en la protección de los derechos de los trabajadores y de toda la ciudadanía.
Los legítimos derechos de propiedad no conllevan el ejercicio irrestricto de la deslealtad comercial, la especulación financiera, el incremento infundado de precios, el desabastecimiento y el abuso de posición dominante, prácticas habituales de los sectores que, precisamente, no quieren ser controlados.
Por el contrario, creemos que un genuino desarrollo de la actividad productiva, que asegure el ejercicio de los derechos económicos y sociales para todos los habitantes, tiene como condición políticas activas del Estado. Un Estado que debe contar con herramientas eficaces para evitar distorsiones en las cadenas de valor, defender a los consumidores que pagan precios abusivos, y asegurar a los productores una rentabilidad justa y equitativa por su labor.
Ante esta ofensiva de quienes buscan ampararse ilegítimamente en el Poder Judicial para bloquear las leyes legítimamente sancionadas en el Congreso Nacional, los integrantes de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina estamos dispuestos a realizar presentaciones que, a su vez, defiendan a la ciudadanía de un nuevo atropello antidemocrático.
Cuando se trata de elegir entre volver a un pasado de exclusión de las mayorías y entrega del país o defender los pilares de un proyecto que apunte a la construcción de una Patria desarrollada, inclusiva y soberana, no tenemos mucho que pensar: en nuestra memoria están la desocupación masiva, las familias en situación de calle, los saqueos, el trueque como medio de cambio, los proyectos en crisis, mientras unos pocos se beneficiaban de la situación, ya que las crisis no son para todos iguales: implican una fenomenal transferencia de ingresos desde el conjunto de la economía hacia los sectores concentrados.
Es por eso que esta Convocatoria, integrada por sectores de la producción y del empresariado nacional, sectores sindicales, asociaciones de consumidores, estudiantes, movimientos sociales y agrupaciones políticas, economistas, intelectuales y legisladores entre otros actores, sienta su clara posición de apoyo a la aplicación de las leyes mencionadas y al gobierno popular que las impulsa
La estrategia de quienes pretenden desconocer la vigencia de estas leyes incluirá probablemente medidas cautelares que hagan peligrar su inmediata aplicación, lo que implicaría una vez más la judicialización de la Ley por parte de quienes anteponen su propio y exacerbado interés al del conjunto de la ciudadanía. En este caso, recurriremos a la Justicia en calidad de terceros interesados para plantear la afectación y el daño que semejante atropello a la Ley ocasiona, no sólo a los firmantes, sino a todo el pueblo argentino.
