Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Cuando el Presidente y otros funcionarios se dirigen a los jubilados diciéndoles que ellos son su mayor preocupación, eso es cierto. Pero lo es por la incidencia que tienen sus haberes en el gasto público, que “necesitan” reducir.
El reciente intento del gobierno por corregir la fórmula para la actualización de las jubilaciones va en la misma dirección que la propuesta del Fondo Monetario Internacional, que reclamó cambiar dicha fórmula “para generar ahorros fiscales”. Este organismo internacional recomienda también otras medidas. Por un lado, elevar a 65 años la edad de retiro del mercado laboral de las mujeres. Por otro lado, reducir drásticamente la relación entre el salario mínimo de los trabajadores registrados y las jubilaciones, que hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se aproximó al 75% (la “pesada herencia”), para llevarla a sólo el 45%.
El tema de las jubilaciones va a continuar en la agenda. Es simple: el mayor porcentaje del gasto del Estado Nacional se concentra en los servicios de Seguridad Social, principalmente el pago de jubilaciones y pensiones. Pero no se trata sólo de perversión. Bajar el monto que cobran los jubilados, bajar la cantidad de medicamentos que se les entrega gratuitamente, restringir algunas prestaciones, si se les dan lentes o no, si se les dan audífonos o no, forma parte de la estrategia de este gobierno de bajar el gasto público.
Insisto: bajar los haberes y reducir las prestaciones a los jubilados y pensionados, a quienes Mauricio Macri se refiere como “queridos abuelos”, es un tema de la agenda estructural de este gobierno, por lo que seguirá apareciendo bajo distintas modalidades.
Pero, además, la reducción de las jubilaciones no es sólo una política que se expresa en diversas iniciativas gubernamentales, como el intento de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones que fue aprobaba en el marco de la ley de movilidad jubilatoria del año 2009. La reducción de las jubilaciones se va produciendo, al mismo tiempo, sin que se implemente ninguna medida específica sobre ellas, como una consecuencia de la puesta en práctica del actual modelo neoliberal.
La fórmula del ajuste jubilatorio se calcula sobre la base de dos componentes: la mitad por el incremento en los salarios -por la variación de los salarios registrados- y la otra mitad por el aumento en la recaudación impositiva destinada a la ANSES.
Esta fórmula de cálculo era virtuosa en un contexto de aumento -año a año- de trabajadores registrados y de sueldos que le ganaban permanentemente a la inflación. En ese contexto crecían las jubilaciones. En una economía donde baja la recaudación impositiva por la caída de la actividad económica, donde baja la cantidad de trabajadores que aportan como consecuencia de los despidos, y donde se intenta que los salarios bajen a través de paritarias amañadas -que no permitan recuperar la pérdida del poder de compra del salario- las jubilaciones necesariamente tienden a achicarse.
Si la actividad económica, como uno prevé, va a continuar bajando y si el gobierno tiene éxito en frenar los aumentos salariales en paritarias, las jubilaciones van a bajar como consecuencia del modelo económico implementado.
Es necesario advertirle a la población y a los jubilados en particular: para que las jubilaciones no pierdan valor adquisitivo no tiene que perder valor adquisitivo el salario. El resultado de las paritarias es tan importante para los trabajadores activos como para los jubilados.
Los supuestos beneficios a los jubilados sólo aparecen en los spots publicitarios, pero la realidad los contradice. Ejemplos sobran. Recordemos: la mentada “reparación histórica” de jubilaciones y pensiones no fue más que una argucia para reducir los derechos adquiridos que los jubilados tienen sobre los juicios ganados a la ANSES y sobre los haberes actuales. Se los obliga a optar entre sus derechos y su necesidad: aceptar una rebaja de sus derechos para poder cobrar relativamente pronto.
Otro anuncio fallido se produjo a mediados del año pasado: los jubilados y pensionados que cobran la mínima y los perceptores de la AUH recibirían cerca de $25.000 millones en devolución del IVA. La cifra definitiva no superó los $1.000 millones y alcanzó a sólo el 8% de los potenciales beneficiarios.
Por eso, cuando el gobierno le dice a los jubilados “queridos abuelos”, a preocuparse: señal que les está metiendo las manos en los bolsillos.
