Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó en cadena nacional una propuesta para modificar la Carta Orgánica del BCRA. Se trata de la ley que establece la finalidad, principales funciones y facultades de la autoridad monetaria de nuestro país, por tanto, lo que allí se plasme tendrá incidencia en el plano macroeconómico y financiero de la Argentina. El foco de la iniciativa está puesto en deshacer lo realizado por los gobiernos kirchneristas, y volver a una Carta Orgánica parecida a la que había en la década del 90. Y digo parecida porque se pretende ir más allá, ofrecer una versión más extrema en materia de objetivos y herramientas para hacer política económica. Es sabido que querer “preservar el valor de la moneda” como único objetivo implica mantener una inflación muy reducida. Y para lograrlo, muchos países suben las tasas de interés, ralentizando o frenando la economía. Entonces, es probable que con esta modificación tengamos un escenario donde el dinero y el crédito tenderían a ser más escasos, las tasas de interés más altas, y la actividad y el empleo se resentirían aún más.
Entre los puntos principales, quizá el más político, tanto en el sentido simbólico como práctico, es el cambio en los objetivos de la autoridad monetaria. De aprobarse el proyecto, la misión exclusiva del BCRA será preservar el valor de la moneda, como rezaba la Carta Orgánica de tiempos de Domingo Cavallo. De este modo, se quitarían los objetivos múltiples incorporados en 2012, para aplicar “en la medida de sus facultades”, como la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Cabe aclarar que objetivos similares a la Carta Orgánica de 2012 ya existieron en otros momentos de la Argentina, cuando el país tenía un desarrollo pujante de su industria y del mercado interno. El mandato único limitado a la estabilidad monetaria remite a la convertibilidad de los noventa. La estabilidad del valor de la moneda no emana de una ley, sino de la salud y el vigor que goza la economía, la producción y el empleo.
En relación con las cuestiones institucionales, se pretende armar un blindaje institucional del directorio. La nueva Carta Orgánica garantizaría la continuidad de la actual conducción del Banco Central, más allá del término del mandato que surja en las próximas elecciones, intentando asegurar la prolongación de los lineamientos de la actual gestión. Además, se quiere establecer una cláusula para remover a los cargos directivos (aprobación de 2/3 de las dos cámaras del Congreso) que es más exigente que la existente para nombrar a dichas autoridades, una situación que puede considerarse como anómala.
El argumento del actual proyecto es garantizar la independencia del BCRA, aunque en verdad, lo que se persigue es que apliquen políticas monetaristas sin tener en cuenta cómo evoluciona la economía real. Esta independencia del Banco Central no solo no es tal, sino que no es deseable. La lógica implica que la autoridad monetaria siga los lineamientos del gobierno electo por la voluntad popular en las urnas. Desde ya que corresponde establecer la autonomía técnica para la operatoria más eficiente, pero siempre acompañando de forma coordinada con los lineamientos del Poder Ejecutivo.
El otro elemento importante es el financiamiento al Tesoro, provincias y municipios. Según lo informado por el Presidente, el BCRA no podrá otorgar adelantos transitorios, o cualquier otra asistencia financiera directa o indirecta a los distintos niveles del Estado. Esto quiere decir que, bajo ninguna circunstancia, podrá emitirse dinero para financiar el déficit fiscal. De aprobarse este proyecto, el BCRA perderá una de las principales maneras de inyectar dinero en la economía en momentos de gran necesidad, como problemas climáticos o sanitarios, pasando a depender, entre otros, de la entrada de dólares al balance del Banco Central.
La pata cambiaria
El Gobierno confía en que la estabilidad estaría garantizada también por la entrada de dólares del comercio exterior, por las inversiones del RIGI y las privatizaciones. Además del aumento en las exportaciones que se está produciendo, el superávit comercial actual está influenciado por la caída de las importaciones debido a una economía recesiva. Respecto al entusiasmo que genera el RIGI en el Gobierno, a pesar de los anuncios, las inversiones aún no se reflejan en los números. De los últimos gobiernos, el actual es el que menos inversión extranjera ha recibido. Incluso las noticias suelen ser de empresas extranjeras que se van del país. Según los rankings de OCDE y de Bloomberg, la Argentina ocupa los últimos lugares entre las principales economías de América Latina en recibir Inversión Extranjera Directa (IED).
Según el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA, en mayo y junio la inversión directa de no residentes registró cifras negativas. Buena parte de la inversión es, en realidad, por fusiones y adquisiciones, es decir, cambio de manos, no hay un aporte real nuevo, se trata de activos que ya estaban. La novedad es que cada vez tiene más protagonismo el capital local. Según datos de PwC
Argentina, en el primer semestre del año los compradores residentes explicaron el 59% de las adquisiciones. El panorama agregado real es muy distinto al que se intenta instalar con los casos aislados de Vaca Muerta y algunas mineras. Los datos permiten dudar de que los inversores internacionales estén viendo un potencial sostenible en el proyecto de país que propone el gobierno actual.
No es para menos. La actividad económica está estancada, con pocos sectores ganadores y muchos perdedores. El mercado interno no tiene perspectivas con salarios deprimidos y freno en la obra pública. A ello se suma que todas las iniciativas del Gobierno, como la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, están impactadas por un enfoque recesivo, que anula toda política de estímulo a la demanda agregada.
Otro de los anuncios del Ejecutivo fue el proyecto de ley denominado “grillete fiscal”, en el cual se establece que si el resultado fiscal permaneciera deficitario por varios meses, el Congreso tendría un plazo para corregirlo. De no ocurrir, se activaría el “shutdown”, es decir una “paralización” de las actividades estatales no esenciales. Entre otras cuestiones, podría implicar el congelamiento de las transferencias a las provincias y de parte importante del gasto público, y no se incorporaría personal.
Frenar estos proyectos no solo es de vital importancia para no empeorar aún más las condiciones actuales de la economía nacional, sino de cara a no condicionar el futuro de nuestro país. De lograrse expresar una alternativa que convoque a una mayoría de la sociedad, se van a necesitar las herramientas para reconducir a la Argentina hacia un proceso de desarrollo, con equidad y soberanía.
