Aquello que es preciso discutir

28/06/2020
Kristalina Georgieva en atril del FMI

Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

En un medio especializado en economía se pudo leer el jueves un editorial titulado “El Presidente está dispuesto a pagar el costo político de postergar la economía”. No deja de ser un ejemplo más de cómo se tratan de instalar ideas en el imaginario de la sociedad, que no resisten las acciones ni los datos de la realidad. Más cuando desde el gobierno se está haciendo precisamente lo contrario, dentro de las limitaciones que existen: no hay ninguna postergación. Porque no se trata de “salud versus economía”, sino de priorizar la primera, irreemplazable, por sobre la segunda, que al fin y al cabo termina recuperándose.

El FMI acaba de demostrar que la situación respecto al Covid-19 viene afectando fuertemente el nivel de actividad de todos los países, más allá de la postura que los gobiernos tengan respecto de la pandemia (los que difieren son los impactos sanitarios, el número de muertos y contagios). Según el organismo, el comercio mundial caerá este año cerca del 12%, un guarismo a tener en cuenta, ya que determina una reducción difícil de evitar para las exportaciones de muchos países. Se prevé que el grupo de las economías avanzadas caería 8% en 2020, con picos en países como Italia y España (-12,8%), Francia (-12,5%), Reino Unido (-10,2%) y Estados Unidos (-8%). En nuestra región, una de las más golpeadas por la crisis sanitaria, México tendría una reducción del 10,5% y Brasil del 9,1%. Lo que sí se puede tratar de aliviar es la carga que implica la pandemia, y en eso el gobierno argentino está haciendo todo lo posible. Por supuesto, en el marco de las 9 emergencias heredadas y con la renuencia de ciertos sectores de la oposición a tratar los temas que no deben ser postergados, en especial los relacionados con la generación de recursos para atender las grandes necesidades existentes.

Son discusiones que se están teniendo también en otros países. Por caso, en una nota del Financial Times se afirma que en nuestra región “la crisis del coronavirus cambió el clima político (…). Colocó los gravámenes a las fortunas personales en la agenda de al menos ocho países latinoamericanos y creó un mayor consenso de que quizás éste sea el momento de que las élites privilegiadas se pongan al hombro una mayor porción de la carga financiera que significa ayudar a sus conciudadanos”. En la nota también se muestra que con relación a la OCDE, en América Latina y el Caribe hay “menos impuestos y mayor desigualdad”. Una invitación a pensar en temas como la necesaria reforma tributaria, el control de la evasión, los precios de transferencia y la cuestión de las guaridas fiscales. Tienen también que ver con el rol del Estado en la regulación de ciertos comportamientos que se dan en el gran entorno empresarial.

Cuestiones que se han puesto sobre la mesa con el caso Vicentin, que tiene sus aristas locales e internacionales. Días atrás el Consorcio de Acreedores Externos de la empresa, cuyos miembros poseen cuentas por cobrar por unos 500 millones de dólares, realizó una presentación en un tribunal de Nueva York con la idea de conocer los manejos patrimoniales de la empresa. Allí afirman: “los miembros del consorcio directivo están ansiosos por comprender cómo, exactamente, la Compañía pasó, en cuestión de meses, de informar a los acreedores financieros que contaba con efectivo, existencias y cuentas por cobrar, a declarar que no tenía ni existencias ni cuentas por cobrar, que, por el contrario, estaba muy atrasada en los pagos de existencias y no podía continuar sus operaciones (…). El Consorcio necesita saber cómo desaparecieron cientos de millones de dólares –y posiblemente más de 1.000 millones de dólares– de activos. ¿Fueron inexactos los estados financieros presentados a los bancos el 29 de julio de 2019 a los efectos del cumplimiento del convenio y los inventarios fueron muy exagerados o las cuentas por pagar muy subestimadas?”. Todos estos interrogantes deben encontrar rápida respuesta, fundamentalmente por el tendal de afectados, muchos de ellos productores locales.

En la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, en la que se solicita la intervención judicial de Vicentin, se esgrimen argumentos contundentes para avanzar rápidamente con las investigaciones. Se sostiene sobre los directores repuestos en sus cargos, que “son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público. A ello, cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión y también varios de ellos están siendo investigados”. Argumentos de peso.

También existen causas judiciales en Paraguay y en nuestro país, en este caso una denuncia en la que la UIF solicita ser querellante señalando: “existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pago sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”.

Es preciso entender lo que –en principio— parece ser inexplicable. Vale en este sentido la afirmación de Pedro Salas: “Acá no estamos hablando de una fábrica de sombreros. Vicentin es una de las empresas más importantes del agro argentino, que tiene una altísima productividad y cuenta con los mejores productores del mundo. No puede ser que en nuestro país una empresa vinculada a las exportaciones de granos y alimentos se funda, es imposible. Y encima en este momento global en donde la demanda de alimentos está asegurada. Los dueños de Vicentin chocaron la calesita. Hay que investigar, pero además como sociedad no podemos darnos el lujo de que esta empresa cierre”. La frase viene de la boca del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, y no fue levantada por los grandes medios. No parece muy sensato que la calesita la sigan manejando aquellos que la chocaron, en línea con la presentación de la IGPJ.

Para tener más certezas sobre lo ocurrido, el Senado dio media sanción a la formación de una comisión bicameral investigadora, fuertemente criticada por la oposición aludiendo supuestos errores de procedimiento. Entre otras cuestiones, esta bicameral permitirá entender de manera fehaciente la trama de los préstamos del Banco Nación, la eventual existencia de evasión fiscal u otras irregularidades. Estos son realmente los temas que debieran interpelar a toda la sociedad, aunque un sector parece validar conductas que terminan afectando sus propios bolsillos y los del conjunto de los contribuyentes.

Hay que dejarlo nuevamente en claro: el objetivo del gobierno no es expropiar, ése es solo uno de los caminos posibles. La idea es normalizar las operaciones de la empresa en función del interés público.

El tema Vicentin permitiría entender ciertas conductas y modus operandi que incluyen la triangulación, la subfacturación, y otros comportamientos que restan recursos a los países, algo aún más acuciante en momentos como el de la actual pandemia.

Por esto suelo rescatar permanentemente la idea del “interés público”, que debe prevalecer sobre algunos intereses individuales concretos, máxime cuando el accionar de algunos pocos perjudica a una gran cantidad de otros intereses individuales. Es el eje de uno de los grandes debates filosóficos e ideológicos del mundo contemporáneo, que no hay que esquivar, más si de lo que se trata es de avanzar hacia una sociedad con lugar y bienestar para todas y todos.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 28/06/2020

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