Argentina es parte del mundo

26/06/2020
Alberto Fernandez en videoconferencia

ContraEditorial | Opinión

Por Carlos Heller

Los impactos económicos de la pandemia se siguen amplificando y están golpeando cada vez con más intensidad a nuestra región.

El FMI acaba de actualizar sus proyecciones sobre la actividad global, y estimó que el PIB caería un 4,9% en 2020: 1,9 puntos porcentuales más que la baja pronosticada tan sólo dos meses atrás.

También la recuperación proyectada para 2021 sería más gradual, por lo que el nivel de actividad a finales de ese año estaría 6,5 puntos por debajo de lo que se proyectaba en enero de 2020, antes de la pandemia de COVID-19. La pérdida económica acumulada llegaría en dos años a los 12,5 billones de dólares, y un 10% de ella provendría de nuestra región.

En este marco algunos medios titularon intencionadamente que según el FMI la Argentina caería un 9,9% este año, el doble que la baja global. No hace falta decir que el número mundial está muy influido por China, que crecería cerca del 1%. Veamos qué pasa en el resto del mundo. En 2020 la principal economía, Estados Unidos, tendría una baja del PIB del 8%. En la zona del euro (-10,2%), el mayor impacto relativo se verificaría en Italia y España (12,8%), y luego en Francia (12,5%). América Latina y el Caribe se está viendo particularmente afectada por la crisis, y se achicaría un 9,4%. De hecho, en los países más grandes, como Brasil y México, el PBI caería 9,1% y 10,5%, respectivamente. Los datos no dejan de preocupar.

En tanto fenómeno general, borra del mapa el falso dilema entre economía y salud, ya que los impactos sanitarios vienen siendo mayores en los países cuyas autoridades desconocen la gravedad de la pandemia, como Estados Unidos y Brasil, los dos mayores casos de contagio y muertes.

En el plano social, con la pandemia no dejan de ponerse sobre la mesa las desigualdades de base. Según el Fondo, “el impacto adverso en los hogares de bajo ingreso es particularmente agudo”. Mayor también es el impacto en las economías que poseen limitaciones fiscales y que parten de situaciones iniciales de mayor pobreza, informalidad, y arrastran problemas de infraestructura. Por caso, la Organización Internacional del Trabajo acaba de indicar que cerca del 80% de las aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo que trabajan en el sector informal se han visto afectadas significativamente.

En un contexto en el que el FMI prevé que la deuda pública en mercados emergentes y en desarrollo tocará máximos históricos, interesa destacar la mención a que “se necesita con urgencia liquidez de respaldo para los países que enfrentan crisis sanitarias y déficits de financiamiento externo; por ejemplo, mediante alivio de la deuda y financiamiento a través de la red mundial de seguridad financiera”. Algo que toca de lleno a países como Argentina, que sigue tratando de llegar a una reestructuración sostenible de la deuda pública, comenzando con la emitida bajo legislación extranjera. 

Al respecto, el presidente expresó durante una teleconferencia con presidentes de la región y con la directora del FMI, Kristalina Georgieva (foto), que “resulta imprescindible examinar la posibilidad de establecer un nuevo marco general de reestructuración de deuda pública, debido al impacto fiscal de las medidas domésticas frente a la crisis sanitaria”. Un nuevo marco que sume avances a los principios básicos que en 2015 estableció la ONU para guiar la reestructuración de deudas soberanas, por iniciativa de nuestro país, entre otros. El Presidente también expresó que “si no actuamos juntos, la pandemia del desempleo, la desigualdad, la pobreza y el hambre se expandirá por la región con la voracidad de un virus contagioso”.

Son problemas que quedan más en evidencia ahora pero que se arrastraban desde antes de la pandemia. El reconocido mundialmente Dani Rodrik, un economista con una larga lista de importantes libros sobre globalización, señaló que la crisis actual “es un recordatorio de que la mejor globalización sería la que se construyera en torno a bienes públicos, como evitar el cambio climático o manejar las pandemias en la sanidad pública” y que no se debió “haber puesto tanto interés en asuntos como liberalizar el comercio o los flujos de capital internacionales”. “Si hubiéramos dado la misma importancia a la Organización Mundial de la Salud que a la OCDE o al FMI nos habría ido mejor”, sostuvo. También comentó: “se ha hecho aún más evidente el nivel de desigualdad y la falta de un seguro sanitario para muchas personas (…). Muestra que debemos crear un nuevo modus vivendi”. No hace falta decir que es algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo.

Por caso, en la antesala del tratamiento del nuevo plan de rescate europeo por unos 750 mil millones de euros, las principales fuerzas políticas del parlamento del Viejo Continente se juntaron para pedir que se busquen recursos fiscales en las grandes empresas tecnológicas, en las que contaminan, y en los grandes evasores de impuestos. Es el camino que hay que empezar a recorrer, y van en esta línea distintas iniciativas, entre ellas la del Frente de Todos sobre la creación de un aporte extraordinario vinculado a las grandes riquezas. Pensando a mediano plazo, el propio FMI acaba de decir que es preciso ampliar “la base tributaria, minimizar la elusión fiscal, y una mayor progresividad de la tributación en algunos países”. Todo esto tiene que ver con la forma de enfrentar esta coyuntura, y de abordar temas que seguirán presentes luego de la pandemia.

En Argentina los desafíos son inmensos y se parte de una situación muy compleja, ya que a poco de arrancar la nueva gestión se sumaron los efectos de la pandemia. Los últimos datos laborales muestran una desocupación del 10,4% en el primer trimestre, en línea con la caída del PIB del 5,4% en dicho trimestre. En este marco, los ingresos tributarios y de la seguridad social continúan cayendo, mientras que las erogaciones necesarias requeridas van en aumento. No es una particularidad argentina, sino que también sucede en países desarrollados. La gran diferencia es el margen de maniobra del que se dispone y las herramientas que se están empezando a poner en funcionamiento, no sin tensiones ni resistencias.

Es la discusión que algunos sectores locales tratan de instalar, por ejemplo, en el plano tributario. Al recurrir a términos como “carga” (mochila) o peso tributario, lo que hacen es dar una idea de modelo de país. Sectores que, dicho sea de paso, no expresaron ninguna queja cuando en la gestión pasada se recurría a un endeudamiento cuyos intereses afectarían directamente las cuentas públicas. Implícitamente está la creencia que el ajuste debe venir por la vía del gasto, algo insostenible desde la macroeconomía y lo social. Tampoco resisten los archivos cuando no dudan en pedir que el Estado se haga cargo de parte de los sueldos y del aguinaldo de las grandes empresas. Cuando conviene, dejan los argumentos de lado y olvidan que han venido reclamando menores impuestos y, consecuentemente, menor gasto público.

Es cierto que se precisa una reforma que, entre otras cuestiones, simplifique el esquema tributario, pero el eje debe ser, sobre todo, la búsqueda de progresividad. Hace a la equidad, al fortalecimiento del mercado interno y al desarrollo económico y social. En esta búsqueda, el Estado argentino necesita más recursos, no menos. Hay que pasar de un sistema horizontal de impuestos que afectan a todos por igual, como el IVA, a impuestos progresivos que consideren la generación de riqueza y los patrimonios que la expresan, con alícuotas incrementales. La propuesta es combinar la idea del “qué puedo gastar” con el “qué se necesita como sociedad”. Una discusión que se vincula con cómo distribuir y asignar los recursos en pos de tratar de alcanzar un proyecto de país determinado. Es pasar de los planes de ajuste del gobierno anterior, a los planes de crecimiento inclusivo, disponiendo de recursos para financiar dicho proceso. Y un gran recurso será el alivio proveniente de la reestructuración de la deuda, con una fortísima reducción de las cargas en los próximos años, en los intereses a pagar y, además, un período de gracia y una extensión de las amortizaciones de capital.

Todo este debate se debe dar en el marco de las instituciones de la democracia. Hoy tenemos necesidades urgentes y extraordinarias, y se requieren soluciones también extraordinarias. El rechazo de los principales sectores de la oposición al tratamiento de estos temas deja en evidencia toda una serie de prioridades y valores que resultan funcionales al interés de unos pocos.

Nota publicada en ContraEditorial el 26/06/2020

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