Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
Como ya hemos mencionado en notas anteriores, la pandemia del Covid-19 encontró a la Argentina sufriendo los resultados de otra pandemia: los efectos de las políticas implementadas en la gestión de Mauricio Macri. Fueron cuatro años de priorizar la especulación financiera por sobre la producción, dejando a un lado el empleo y la calidad de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Al mismo tiempo, el sector público se sometió a un sobreendeudamiento externo que se canalizó fundamentalmente a solventar la fuga de capitales promovida por las medidas de desregulación del sector cambiario y financiero implementadas por el propio Gobierno Nacional. El resultado: una carga de deuda imposible de afrontar en los montos y plazos que se habían acordado. Ahora, gracias al esfuerzo negociador de las actuales autoridades argentinas, se llegó a un acuerdo de reestructuración con tres grupos clave de acreedores privados de títulos emitidos bajo legislación extranjera. Si consideramos el trato equitativo para el canje local, el alivio para los próximos 5 años totaliza unos 42.500 millones de dólares.
En el medio de esta difícil coyuntura heredada, llegó la otra pandemia a la Argentina, la relacionada con la circulación planetaria del virus.
Los últimos datos estadísticos dan cuenta de una caída del nivel de actividad. El EMAE (estimador mensual de actividad económica), registró una reducción del 13,2% interanual en los primeros cinco meses del año, con una utilización de la capacidad instalada industrial de menos del 50% en el mes de mayo, entre otras variables. Una contracción económica de la que, hay que mencionarlo, no escapan ni las economías más poderosas del mundo.
Es el caso de Estados Unidos, cuyo PIB cayó un 9,5% interanual en el segundo trimestre, la mayor contracción de su economía desde que existen registros. Los medios de ese país lo describen como un colapso sin precedentes, tanto en envergadura como en velocidad de caída.
Por su parte, la mayor economía europea, Alemania, se contrajo un 10,1% en el segundo trimestre del año con respecto al primero. En este caso también se trata de un registro históricamente negativo, “la mayor caída desde que comenzaron a calcularse los datos del PIB en 1970”, señaló la oficina federal de estadísticas alemana.
Pero como ya se mencionó, el caso argentino es especial por la situación preexistente. En una de mis exposiciones como diputado nacional en el Congreso de la Nación en diciembre pasado (cuando recién asumía el Gobierno de Alberto Fernández), señalaba: “hemos recibido una herencia muy pesada, que se expresa en estas urgencias en todos estos ámbitos: en materia económica porque el PIB per cápita ha caído en estos cuatro años un 9% y el sistema productivo está prácticamente paralizado. En materia financiera, porque los compromisos heredados de la deuda resultan insostenibles. En materia fiscal, porque las cuentas recibidas acusan una debilidad extrema. Previsional, porque se han debilitado significativamente los ingresos del sistema. Tarifaria y energética, porque las elevadas tarifas han impactado negativamente en el poder adquisitivo de las familias y en los costos de la producción. Sanitaria, porque el presupuesto de salud fue disminuido muy fuertemente. Emergencia social, derivada de una reducción de los ingresos reales de los trabajadores y del resto de la población, del alto nivel de desocupación, y de las elevadas cifras de pobreza e inseguridad alimentaria”.
Es por ello que desde que asumió el gobierno liderado por Alberto Fernández se viene implementando una serie de medidas cuyo eje es paliar las consecuencias de la pandemia sanitaria y económica en los sectores más vulnerables de la población. El proyecto para ampliar la moratoria impositiva implementada en diciembre pasado, que ya cuenta con media sanción legislativa, va en ese sentido. Propone la extensión del universo de beneficiarios a la casi totalidad de los y las contribuyentes, manteniendo, no obstante, una diferenciación entre las contribuyentes MiPyMEs, entidades sin fines de lucro y personas humanas consideradas pequeños y pequeñas contribuyentes, otorgándoles beneficios por sobre el resto.
Esto último no es menor ya que, como suele ocurrir en estos casos, el perjuicio económico de la pandemia no llega a todos por igual. En un reciente informe de la ONG Oxfam se lee que “Latinoamérica, la región más desigual a nivel mundial y una de las más golpeadas hoy por la pandemia, experimentó durante los últimos cuatro meses un significativo ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y el resto de la población (…) En promedio, la región vio surgir un nuevo «milmillonario» cada dos semanas (…) Sin embargo, en paralelo, unas 140 millones de personas, es decir un poco más de la mitad de la población laboralmente activa de la región, subsiste gracias a trabajos informales y una de cada cinco vive en un barrio carenciado”.
Una realidad en la que se encuentra incluida la Argentina y respecto a la cual el Presidente Alberto Fernández se manifestó hace pocos días al señalar que “en la Argentina hemos permitido que algunos ganen mucho y muchos pierdan mucho más. Yo los convoco a un acuerdo en el que todos ganemos”.
A modo de conclusión, los argentinos tuvimos una pandemia económica que se gestó durante 4 años, pero cuyas consecuencias aún padecemos. A eso se sumó la situación inédita de la pandemia mundial por el Covid. En materia fiscal, estamos ante la peor de las situaciones, una drástica caída de los recursos fiscales por la merma en la actividad y un notable incremento del gasto público necesario para hacer frente a las consecuencias económicas de las dos pandemias que aquejan al país.
Es fundamental, entonces, acompañar como sociedad todas aquellas iniciativas propuestas por el gobierno argentino como la ley de ampliación de la moratoria o la de ampliación del Presupuesto Nacional (también en tratamiento parlamentario actualmente). Hay que tener en cuenta que, aun en esta crisis, cuando se necesitan los recursos más que nunca, el Estado Nacional está haciendo un gran esfuerzo fiscal.
El acuerdo alcanzado con los bonistas privados constituye un gran paso hacia adelante y, como señaló Alberto Fernández: “estamos dando muestras de que las cosas se pueden hacer de otra manera”.
