Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
La inversión de la consigna, cuyo significado simboliza un sentido patriótico, puede parecer desmesurada. Sin embargo, si asumimos en plenitud la línea política e ideológica del gobierno de Milei y sus "aliados" que votan sus leyes, se aprecia con toda claridad que precisamente de eso se trata. Los ejemplos recientes son contundentes: en la frustrada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” quedó al desnudo que su propósito era la “extranjerización” de las tierras más estratégicas con el fin de cumplir con las exigencias de las multinacionales mineras. La abortada reforma de “manejo del fuego” también resultaba de una mezcla de capitalistas foráneos del turismo y la forestación, con algunos nativos que siempre tienen el corazón “mirando al norte”, familiarizados con guaridas fiscales a las cuales remesan o fugan sus ganancias. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una exigencia del FMI, la corporación mundial de los grandes capitalistas extranjeros. Desde su fundación, sus préstamos siempre tuvieron un doble sentido: el clásico de las potencias, "auxiliar" a tasas de retorno lucrativas, pero esencialmente, condicionar las políticas económicas y sociales de las naciones.
El fracaso del proyecto de extranjerización fue una derrota del Gobierno en la discusión pública, como consecuencia de la conjunción del creciente malestar social con la recuperación del sentimiento nacional a partir del trapo malvinero de la Scaloneta. Lo cierto es que, el Parlamento continúa siendo caja de resonancia del clima social y centro de decisiones determinantes. La victoria reciente del mileísmo en la Cámara baja con la media sanción de la Reforma del BCRA y del Proyecto de Inocencia Fiscal tiene un propósito fundamental: blindar el modelo aprovechando que estos temas no despiertan mayor interés en la opinión pública, más allá de su notoria trascendencia y su carácter antidemocrático, ya que el directorio nombrado por el actual gobierno, continuaría otros seis años, aunque el pueblo elija una gestión de otro signo, quien retomaría una política monetaria asociada a la equidad social y a la protección del trabajo. Así las cosas, ¿cómo explicar que de los 144 diputados que aprobaron la modificación de la Carta del BCRA, la mayoría también formó parte de los 133 que se constituyeron para que la Cámara trate los proyectos presentados por distintas filas de la oposición, vinculados a la morosidad de familias a las que, en la visión de Milei, “nadie les puso un arma en la cabeza” para tomar crédito. Lo que se evidencia entre la derrota de extranjerización de tierras y este triunfo oficialista, es que lo determinante sigue siendo el apoyo o el rechazo popular a las decisiones políticas. La oposición de los parlamentarios “dialoguistas y amigables” se mueve con un ojo en lo que la ciudadanía expresa y otro en las permutas por un poco de fondos, un tramo de ruta o promesas electorales que nadie cree que se cumplan; e inclusive dádivas, a cambio de su voto por temas trascendentes para la nación y sus mayorías sociales que pierden derechos fundamentales con la contrareforma laboral o la ley que pone en peligro nuestros glaciares. Otro ejemplo cargado de dramatismo social fue el de la norma de financiamiento universitario, que sigue sin ser aplicada por el Ejecutivo y un poder judicial que continúa en estado “limbático”. Cosas de una democracia que se degrada en tiempos en que el Presidente insulta a periodistas, artistas y ciudadanos comunes, y adoctrina en las escuelas. La tibia reacción de los voceros republicanos se corresponde con su convicción y la del poder económico, de que lo esencial es la inmutabilidad del modelo que encarna Milei, aunque registran que la falsa narrativa del “antisistema” se va agotando.
Las dos leyes recién votadas explican que el establishment no le suelta la mano, más allá de que, como siempre, explore alternativas por si acaso. Fueron clarísimas las recientes declaraciones del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman y la crema de economistas reunidos por Techint quienes destacaron el “impresionante número de reformas”, aunque, precavidos, no dejaron de indicar que la copa no derrama. Parecido al decir del libertario Agustín Laje, de que “con la batalla cultural” no se come, sugiriendo que debiera salirse un cacho de la ortodoxia.
Ante este escenario, resultan alentadoras las reuniones de referentes del campo nacional y popular, motivadas por este nuevo escenario de desgaste del Gobierno, principalmente para consensuar cerrar el avance a la estrategia de las derechas de eliminar las PASO. Sin embargo, ese acuerdo táctico resulta insuficiente. Se trata de comprender y dar respuestas inmediatas a la frustración o a la bronca del pueblo humillado por el Presidente y un modelo que los condena a todo tipo de carencias y a la indignidad. La hora llama a articular las luchas crecientes e instrumentar un debate programático que contemple las viejas y nuevas demandas de la sociedad. Como siempre la unidad es determinante y las representaciones que las encarnen también, pero deben estar sustentadas en ideas que se plasmen en un proyecto político. Resulta imprescindible convenir que un gobierno democrático y popular debe priorizar la atención de la fenomenal deuda social interna, con nuestros trabajadores, jubilados, la industria nacional, la universidad pública, nuestros científicos, y el desarrollo de las provincias. De allí que habrá que replantear la legitimidad de gran parte de la deuda contraída por las derechas pro FMI de Macri y Milei, como también planificar mecanismos de redistribución del ingreso vía una amplia y audaz reforma impositiva progresista con instrumentos como el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, con la mirada en los patrimonios y rentas millonarias. Recomponer derechos laborales, proteger industrias nacionales con un fuerte fomento a las Pymes, recuperar el Estado y los servicios vitales de educación, salud y ciencia, restituir salarios, y un aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales atendiendo al cuidado del medio ambiente, para toda la nación y no para un puñado de corporaciones. Claro que ya se lanzó la campaña intitulada: “seamos realistas, hay que ser moderados”, en aplicación del axioma del nosepuedismo de siempre. Se trata de lo contrario: construir un programa reformista poniendo por delante las expectativas de más igualdad y una verdadera justicia social.
