Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La superposición del cierre de empresas, despidos, suspensiones, aumento de la desocupación, caída de los salarios reales, problemas con el transporte y casos de presunta corrupción, en una administración que venía a terminar con “la casta inmoral”, tiende a consolidar un escenario de creciente complejidad para el gobierno. Ello se refleja en un aumento significativo de la desaprobación de la gestión libertaria, según varias consultoras de opinión pública.
En este marco, la CGT convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 30 de abril. Si efectivamente sucede, se produciría un hecho de mucha importancia: un intento de expresar el descontento social de modo unificado, yendo más allá de los conflictos sectoriales y localizados.
Hay datos que son elocuentes: dos de los principales componentes de la canasta básica alimentaria, el pan y la papa, subieron en el último trimestre de 2025 un 14,9% y un 13%, respectivamente, muy por encima de la inflación y de los aumentos salariales. En la misma línea, la tasa de desempleo llegó al 7,5% durante el cuarto trimestre de 2025, 1,1 punto porcentual más alta que la de un año atrás. Son solo algunos indicadores de otros tantos que ponen en evidencia la situación de deterioro de los sectores populares, incluidos los sectores medios.
Lo que aún está en proceso es la construcción de un consenso de la mayoría de la sociedad acerca de qué quiere. Lo que sí parece tener cada vez más definido es qué no quiere. Pero lo que todavía no puede identificar claramente es cuál es la alternativa a la propuesta actual, es decir, aquella que abra la esperanza y genere nuevo entusiasmo. Este es el gran desafío que tenemos por delante.
Hay un problema originario en el modelo que intenta implantar el gobierno. No dice solo que el Estado es ineficiente: dice que es una organización criminal y que, como tal, hay que destruirlo. Propone un tipo de sociedad en la que todas las actividades queden en manos de sectores privados, locales y globales. Entre otras cuestiones, ello significa que se dejen de fabricar en el país muchos productos que se pueden adquirir más baratos trayéndolos desde el exterior. Esto es: que se suplante la producción local por la extranjera. También se destruye la ciencia y la cultura, los sistemas de salud y educativos, las universidades públicas y todo aquello que impulsa el Estado en beneficio de la sociedad.
El debate de fondo es entre dos modelos enfrentados. El que propone el gobierno es el mismo que ya impulsaron Martínez de Hoz, Menem y Macri. Pero hay una diferencia: Milei lo lleva adelante con un grado de decisión superior al de sus predecesores. Si el modelo gubernamental triunfa, la Argentina será un país donde habrá minería, hidrocarburos, finanzas y el sector del agro desarrollados, y no mucho más. En el medio, quedaría un montón de gente excluida y sin ningún horizonte. Es una sociedad en la que un 20% de la población va a seguir teniendo gran capacidad de consumo, mientras el 80% restante la va a pasar muy mal. Esperar que haya un derrame sobre este último sector mayoritario de la sociedad es ilusorio.
El gobierno necesita con urgencia que se concreten las inversiones en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, que le permitan exhibir un éxito del modelo y volver a generar expectativas positivas. Sería el modo de poder darle alguna verosimilitud a la frase “hay luz en el final del túnel”. O, como acaba de expresar el Presidente, “por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”. Este tipo de perspectiva positiva es lo que se ha debilitado.
Volviendo a la idea libertaria de la destrucción del Estado, ¿por qué, entonces, si lo que se busca es destruirlo, se lo utiliza para intervenir en el mercado, congelando por 45 días el precio de la nafta? ¿No era que la inflación se explicaba como un fenómeno exclusivamente monetario? Además, ¿por qué el Estado le pone límites a las paritarias? Éstas, como sabemos, tienen una conformación tripartita: los trabajadores y los empresarios negocian sus convenios colectivos y, si no hay acuerdo, hay un tercer actor, el Estado, que media. Hoy pasa otra cosa: hay acuerdos entre los trabajadores y las empresas y el Estado interviene poniéndoles tope y no convalidando ninguno de estos acuerdos por encima del 2%.
¿De qué sistema sin regulación están hablando? Incluso el dólar está regulado con las bandas de flotación. Si la moneda norteamericana atraviesa la banda superior interviene el Banco Central y vende. Por el contrario, si desciende por debajo de la banda inferior, interviene la institución monetaria y compra. Más allá del discurso del Presidente, no les tiembla el pulso cada vez que tienen que regular. Se trata de un gobierno que desregula y regula en paralelo, casi siempre en contra de los intereses de la mayoría. Más allá de la crítica al Estado, éste cumple funciones relevantes en el modelo libertario. Un ejemplo claro: el ejercicio creciente de la represión en manos de instituciones estatales como son las fuerzas de seguridad, entre otras.
En el contexto de las múltiples tensiones actuales, el Presidente asegura que no va a ceder. ¿A quién se lo dice? En primer lugar, a su núcleo duro, a sus seguidores; luego, al establishment; finalmente, a su referencia internacional, entre ellos, los inversores globales, sobre todo los vinculados a la minería y a los hidrocarburos. A estos últimos les reafirma: vengan tranquilos a invertir en el país que no vamos a cambiar lo que hemos acordado ni modificar los beneficios que hemos anunciado.
Al establishment, Milei le asegura que él es el mejor garante de sus intereses y que no es necesario que busquen una alternativa para continuar con la implementación del modelo. Lo que busca transmitir es que el modelo no se toca: que no van a dar un paso atrás en su afán desregulador, en su decisión de seguir abriendo la economía, en su alineamiento incondicional con los Estados Unidos e Israel, etc.
Desde las movilizaciones del 24 de marzo en todo el país se ha acentuado un cambio significativo en la relación entre el humor social y las políticas gubernamentales. Cuando el Presidente ratifica el rumbo, obliga a las fuerzas políticas y sociales que integran una oposición fragmentada a acelerar sus procesos de confluencia. La manifestación a Plaza de Mayo convocada por la CGT probablemente responda a esta lógica. Seguramente no será el único movimiento de respuesta al gobierno y de aceleración de la conformación de una alternativa al modelo actual.
