A un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó injustamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estamos más convencidos que nunca de que el proceso judicial al que se la sometió fue arbitrario, no respetó el principio de inocencia y no se rigió por procedimientos básicos del debido proceso.
La expresidenta fue objeto de una sostenida persecución mediática y judicial, similar a lo ocurrido en Ecuador, Brasil y Bolivia, entre otros países, donde sus presidentes también fueron privados de la libertad o se intentó hacerlo.
Se trata de una política regional que utiliza a parte de la justicia, los grandes medios y el poder económico concentrado para restringir la democracia, judicializando y encarcelando a los líderes populares.
El propósito político de todo el “proceso legal”, que concluyó en la condena a Cristina y estuvo inficionado de irregularidades, estaba definido a priori: la proscripción política de la expresidenta.
Por lo tanto, rige sobre ella un intento de disciplinamiento individual y social para que, en adelante, a nadie se le ocurra tomar medidas que profundicen la democracia, expresando los intereses de las mayorías más humildes, los trabajadores y las clases medias.
La causa es política y su solución también es política.
Juan Carlos Junio, Secretario General Partido Solidario
Carlos Heller, Presidente Partido Solidario
