Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Nuestro país se encuentra ante una situación doblemente grave. Por el coronavirus, y por la crisis económica que dejó el anterior Gobierno, una herencia crítica en materia de producción, empleo, y deuda pública altamente dolarizada y mayoritariamente con acreedores externos. Con las limitaciones del caso, el Gobierno está tratando de que los impactos sociales y productivos sean los menores posibles.
En cuanto a la deuda, se está buscando hacerla sostenible en el tiempo, evitar el brutal ajuste que piden desde ciertos grupos de acreedores y no firmar un mal acuerdo que genere una crisis de deuda más adelante.
Un mal arreglo fue el pago a los bonistas litigantes en 2016, decisión tomada por el Gobierno de los CEO. Podría decirse que allí en realidad no se negoció nada. Se aceptaron todas las pretensiones de los acreedores, incluyendo altísimas tasas de interés no pagadas en casi ningún lugar del mundo. ¿Acaso esto no fue parte del germen para que la deuda se vuelva insostenible? En ese arreglo se colocaron unos u$s15.000 millones, algo más de un tercio de la deuda contraída por el Gobierno macrista. Es el mejor ejemplo del “hay que arreglar como sea”, aunque ello se tradujo en un acuerdo lesivo para los intereses del país. Es precisamente lo que no quiere repetir el actual Gobierno.
Hay un sector de acreedores que preferiría postergar las discusiones para más adelante, una propuesta que no tiene sentido. ¿O acaso creen que el contexto internacional mejorará en los próximos años? ¿Desconocen los problemas que enfrentarán las economías pobres y en desarrollo para pagar sus abultadas deudas, que ya eran insostenibles desde antes, más allá de que los problemas se potenciaron con la pandemia? De hecho, líderes africanos acaban de crear un frente común para pedir por una cancelación de los pagos y poder hacer frente al coronavirus, ya que los intereses pesan entre el 15% y el 30% en sus presupuestos, una relación insostenible para cualquier país.
“No estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen menos. Forzar una mayor austeridad para pagar más no sólo sería económicamente desastroso, sino también inaceptable política y moralmente y, en última instancia, insostenible”, explicó el ministro Martín Guzmán.
Hay un fuerte apoyo a esta estrategia. Por caso, el reciente pronunciamiento de 174 economistas argentinos, de distintas escuelas económicas. Y también la carta de prestigiosos economistas de todo el mundo, dos premios Nobel, exfuncionarios del Fondo Monetario y el Banco Mundial, entre otros, que conocen bien la responsabilidad del acreedor y la problemática de la deuda en el plano global. Dicen que “el costo de la refinanciación se ha vuelto excesivamente alto. Argentina ha presentado a sus acreedores privados una oferta responsable que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país”. Y les piden a los acreedores de la Argentina que “actúen de buena fe”, para agregar que “una resolución responsable sentará un precedente positivo, no sólo para el país, sino para el sistema financiero internacional en su conjunto”.
El pasado viernes se cumplió la etapa de aceptación de la oferta del Gobierno. El sábado siguiente, el presidente Alberto Fernández indicó: “Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible. La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza, definiremos los pasos a seguir. Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir”.
Es lo opuesto del “arreglar como sea” que ciertos sectores están tratando de instalar para evitar el “default”, como si el anterior Gobierno no hubiera sido el que reprogramó los vencimientos de la deuda bajo legislación nacional (en pesos y en dólares). La propuesta argentina es una estrategia sostenible para empezar a crecer, generar los suficientes recursos para abastecer múltiples necesidades, y entonces luego comenzar a cumplir con el cronograma de pagos de la deuda.
