Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto de ley sobre Etiquetado Frontal de Alimentos, impulsado por el Frente de Todos, tiene como objetivo informar la presencia de exceso de nutrientes críticos como sal, sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans, en los alimentos procesados.
La oposición de Juntos por el Cambio frustró el tratamiento de la iniciativa esta semana dejando a la sesión en la Cámara de Diputados sin quórum. Antes, ensayaron distintas excusas para entorpecer el trámite legislativo. Pedían, por ejemplo, que se incluyera en la agenda parlamentaria, entre otros temas, la boleta única. Previamente, se había consensuado un orden del día con cuatro proyectos que tenían despachos de comisión, es decir, que contaban con amplio apoyo parlamentario tanto del oficialismo como de la oposición. También señalaron que algunos diputados y diputadas no habían podido llegar por problemas de movilidad. Pero la reunión fue citada con mucha anticipación y todos y todas tuvieron como opción distintos medios de transporte.
Lo que sucedió es que la principal oposición tomó una decisión política que les resultaba difícil explicar públicamente: la de obstruir el tratamiento de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que se expresó en esta disputa? Por un lado, la aprobación de un instrumento para que el consumidor decida sobre sus propios consumos y tenga la opción de aumentar la protección de su salud. Ello supone poner en juego un valor que Juntos por el Cambio suele citar insistentemente: el de la libertad individual para tomar decisiones racionales. Por otro lado, el lobby de muchas empresas productoras de estos alimentos procesados que temen que esta mayor información en los alimentos pueda reducir sus ventas.
Por supuesto, el proyecto de ley de etiquetado frontal sólo provee información al consumidor. No impone ninguna prohibición. Por lo cual, lo que la oposición cambiemita hace al obstruir el tratamiento del proyecto es impedir el acceso a la información por parte de la ciudadanía. La iniciativa no limita a los consumidores que quieren continuar ingiriendo productos excedidos en grasas, en azúcar o en sal. Simplemente, lo que busca es que éstos tengan más información sobre lo que están consumiendo. La medida no afecta la libertad de nadie. Por el contrario, los dota de mayor capacidad para ejercer sus libertades como consumidores.
En esta línea, parafraseando a la oposición, el jefe del Bloque de Diputados y Diputadas del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuando su bancada buscaba los votos para conseguir el quórum señaló que estaban “a siete diputados y diputadas de poder mejorar la calidad de vida de la gente”. ¿Qué estaba diciendo Máximo? Que en la disputa entre el interés comercial de las empresas y la salud de la población, la bancada oficialista estaba en favor de ésta última. Ese es el fondo de la cuestión.
Muchos de los alimentos que habitualmente se ingieren sin contar con demasiada información suelen estar vinculados al aumento de la malnutrición y de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o las cardiovasculares. Es un derecho elemental disponer de esa información. Incluso en muchos países de la región ya se aplican estas normas, con el apoyo de organismos de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En esta misma perspectiva, en la semana se conocieron declaraciones de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) con serias objeciones al proyecto de ley. Según la Amcham, este tipo de regulaciones sirve para “ahuyentar inversiones, obstaculizar el comercio”. Además, agregaba que “normas de estas características deben estar alineadas y validadas con el resto de los países del Mercosur, siendo éste el ámbito lógico y natural para abordar esta temática”. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina y de la COPAL, afirmó, en una línea similar, que “cuando ponemos calaveras (en referencia al octógono negro que aparecería en los envases advirtiendo de los excesos) evidentemente estamos demonizando (…); está claro que es una modalidad que tiene por finalidad no informar sino disuadir”.
A partir de estas declaraciones, no es para nada aventurado señalar que Juntos por el Cambio, entre otros sectores opositores, puso palos en la rueda al tratamiento de la iniciativa expresando los intereses de estos actores corporativos. Es lógico: producir alimentos saludables tiene mayores costos. Además, los aditivos que contienen algunos de esos productos hacen que se consuman más de lo necesario. Entonces, hay un interés comercial que puede resultar afectado.
Parafraseando el lema de la campaña de Bill Clinton: “es el capitalismo, estúpido”. Hay un debate de fondo que es necesario seguir estimulando: el que se produce entre dos posiciones, la que sostiene que el sistema social y económico se puede desarrollar sin reglas, donde cada uno hace lo que quiere; y, por el contrario, la posición que sostiene la necesidad de un Estado presente que regule, ponga límites y defienda el interés de la ciudadanía.
El rol de Juntos por el Cambio es estructuralmente obstructivo. Intentan que el gobierno no pueda avanzar en una serie de iniciativas. Representan un modelo que está en las antípodas del que busca implementar el Frente de Todos. Por ejemplo, se oponen con insistencia a todas las regulaciones, proponen la libertad absoluta para llevarse su dinero al exterior, cuestionan el pago de impuestos porque éstos, según ellos, sólo mantienen una burocracia improductiva, quieren achicar el Estado reduciendo el gasto público, entre otras cuestiones. En síntesis, quieren volver a la consigna “achicar el Estado es agrandar la Nación”, la gran bandera del capitalismo financiero globalizado que se diseminó en el mundo a partir de los años 80. Insisten en la desregulación y demonizan el rol de lo público. Pero atrasan: a nivel global se valoriza cada vez más el rol de las regulaciones.
En una sociedad aún abrumada por la pandemia que puso en riesgo la salud de millones de personas en el mundo, la principal oposición no pudo explicar públicamente que, en torno al proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, opta por el interés de algunos empresarios y en contra de la salud de millones de argentinos y argentinas.
Nota publicada en Página/12 el 11/10/2021
