Deuda: el pueblo quiere saber

31/05/2020
Banco Central Fachada

Página/12 | Opinión

Por Carlos Heller

El Presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán han hablado en varias oportunidades de la insostenibilidad de la deuda. Por ello, el objetivo de la negociación con los acreedores tiene, como un criterio irrenunciable, transformar esa deuda en sostenible. La primera pregunta, entonces, es: ¿Cómo se hizo insostenible?

En la semana que pasó se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación. En sintonía con la pregunta anterior, el objetivo de la comisión consiste en profundizar el análisis de un tema que afecta el presente y el futuro de todos los argentinos y las argentinas.

En ese marco, algún miembro de la oposición dijo que hay que dejar de hacer “revisionismo histórico”. Por el contrario, la Comisión Bicameral decidió pedir informes al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio de Economía, con la idea de conocer más detalles de lo que sucedió con el proceso de endeudamiento y fuga de divisas (Formación de Activos Externos), entre diciembre de 2015 y de 2019.

Hay, por supuesto, datos orientativos. Por ejemplo, la deuda pública en moneda extranjera pasó de representar el 35,2% del PBI en 2015 al 69,0% en 2019, es decir, prácticamente se duplicó en cuatro años. Los intereses de la deuda, como porcentaje de los ingresos del Gobierno Central, pasaron del 8% en el 2015 al 18,4% en el 2019. Es decir: casi el 20% de los ingresos fueron destinados al pago de intereses de la deuda.

Hace un par de semanas se publicó un informe del BCRA, “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, en el que se afirma que “la contracara de esta fenomenal deuda fue una abultada fuga de capitales”, que en el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 superó los USD 86.000 millones. También hubo una fuerte concentración: “apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos”.

Es necesario aclararlo: cuando hablamos de formación de activos externos, no se incluyen operaciones comerciales, remesas de utilidades ni pagos de deudas del sector privado. Estamos hablando de compras de activos en divisas realizadas por empresas y personas y que son llevadas al exterior restando reservas internacionales.

Esto sucedió en el marco de una legislación absolutamente permisiva diseñada por el gobierno anterior. Si, como surge de la información del BCRA, existe un 1% de las empresas que formó activos externos por el 73,8% del total, ¿no corresponde investigar si entre esas empresas hubo prácticas de evasión, lavado de activos o algún otro delito? Por eso, se le pidió al Banco Central, para comenzar, la nómina de las mil empresas que mayor formación de activos externos realizaron en estos últimos cuatro años y la nómina de las personas humanas que llevaron al exterior más de USD 300 mil en ese mismo lapso. Muchas de esas empresas probablemente tendrán explicaciones. Otras no las tendrán y seguramente se intentarán amparar en la legislación permisiva que les permitió realizar todo tipo de operaciones sin explicaciones. Por ejemplo, comprar el monto de moneda extranjera que quisieran y enviarlo donde se lo propusieran.

Por eso, cuando en estos días el Banco Central restringió la compra de moneda extranjera para cancelar operaciones de comercio exterior, algunos lo presentaron como el peor de los males. Lo que estableció el Banco Central es que, antes de pedirle que los abastezca, debían usar los recursos que ya tenían. Y también el BCRA anunció que “no tienen que haber operado en el mercado de bonos 90 días antes de la operación que están pidiendo realizar ni van a poder operar 90 días después”.

Todas esas prácticas, que supuestamente apuntaban a resguardarse de una eventual variación del tipo de cambio, podrían contribuir a una alteración del tipo de cambio. Porque, si los fondos salen por la vía que sea, finalmente el Banco Central queda limitado desde el punto de vista de sus recursos disponibles. Lo que está diciendo el BCRA es “queremos administrar los recursos que tenemos en función de las prioridades que el país tiene”.

Otra cuestión a investigar es el destino real de los USD 44.500 millones que la Argentina tomó como préstamo con el FMI en ese periodo y que estaban expresamente destinados a cancelar otras deudas. Sin embargo, según la información con la que contamos, de esos 44.500 millones se canceló deuda sólo por 14.200 millones. ¿Y los otros 30 mil millones? Seguramente sirvieron para favorecer la fuga de capitales. Fueron parte de las reservas que el Banco Central vendió a esos compradores y que éstos constituyeron como activos externos. Por supuesto, ese proceso sucedió ante la falta de regulación estatal.

La estrategia “para que los inversores confiaran en el país” consistía en que éstos pudieran hacer todo lo que quisieran. Mauricio Macri primero endeudó al país en 16 mil millones para cancelar el saldo de deuda restante con los buitres, incluyendo hasta los honorarios de sus abogados. Con esa medida comenzó este proceso de endeudamiento. ¿Cuál fue el argumento? Que esta decisión, junto a otras en el mismo sentido, iba a abrir los mercados para que las inversiones vinieran a la Argentina y entonces el país comenzara a crecer. Por supuesto, ello no sucedió: cuatro años después, el PBI de la Argentina es un 5% menor y el PBI per cápita es un 8% más chico. Da toda la impresión que el pueblo argentino fue estafado y eso es lo que resulta necesario investigar. Alguien dijo el otro día en la Comisión Bicameral: “el pueblo quiere saber de qué se trata”. Estamos ante dos escenarios posibles: si se encontraran delitos será necesario hacer las denuncias correspondientes; pero si no se los encuentra, igual habrá que establecer leyes o regulaciones que nos permitan avanzar hacia un modelo de país más justo, más solidario, más igualitario. Por eso, es imprescindible investigar qué es lo que sucedió para que no ocurra nunca más.

Nota publicada en Página/12 el 31/05/2020

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