Deuda y fuga: mucho por averiguar

28/05/2020
Comision Bicameral Deuda reunion telematica

ContraEditorial | Opinión

Por Carlos Heller

El martes pasado se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación. En el encuentro (foto principal) se resolvió elevar un pedido de informes al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera y al Ministerio de Economía, con la idea de investigar el proceso de endeudamiento y fuga de dólares (formación de activos externos), que tuvo lugar entre los meses de diciembre de 2015 y de 2019.

En la sesión virtual un diputado del Pro expresó: “Dejemos de hacer revisionismo histórico y pongámonos a trabajar en el futuro de los argentinos”. Pero, ¿cómo es posible tildar de revisionista la investigación de un acontecimiento que tiene profundas implicancias sobre el presente de los argentinos y las argentinas? ¿Cómo hacerlo cuando hay un ministro de Economía que debe repartirse entre la gestión de la crisis por la pandemia y la renegociación de la deuda externa? ¿Cómo no querer saber, si se nos dejó un país con el talón de Aquiles de la deuda, y ésta hoy nos condiciona al pensar en el desarrollo futuro del país?

Es relevante hacer un repaso de los principales datos de la deuda pública en moneda extranjera, que creció del 35,2% del PIB en 2015 al 69,0% en 2019: prácticamente se duplicó.

Los intereses de la deuda pública, como porcentaje de los ingresos del Gobierno Central, pasaron del 8% en 2015 al 18,4% en 2019, un nivel insostenible. Y, por sobre todo, entender que actualmente se están negociando unos USD 66.000 millones, de los cuales 41.500 millones corresponden al endeudamiento tomado por el gobierno anterior.

Recordemos que la Comisión Bicameral quedó formalmente establecida por la Ley 27.249, de marzo de 2016. Su objeto principal (art. 18), “será el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda exterior de la Nación (…)”. Para ello, “podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados (…), como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas (…)”. Es lo que se está haciendo. La sociedad en su conjunto precisa tener una clara idea de qué fue lo que ocurrió, de cuáles fueron las responsabilidades, y de los mecanismos que llevaron a un nuevo proceso de endeudamiento y fuga, como el de los noventa o el de la última dictadura.

Hace un par de semanas se publicó un informe del BCRA, “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, que aporta información sumamente valiosa. Según el BCRA “la contracara de esta fenomenal deuda fue una abultada fuga de capitales”, que en el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 superó los USD 86.000 millones. También hubo una fuerte concentración: “apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos”.

Ante este panorama, ¿cómo hacer la vista gorda ante un proceso tan lesivo para la Nación? ¿Cómo no vincular estas responsabilidades a la luz de la implementación de ciertas políticas, como la desregulación absoluta, que fueron en definitiva las que prepararon el terreno para que estos eventos tuvieran lugar?

¿Y cómo interpretar la postura de ciertos funcionarios de la primera hora, que hoy están tratando de desmarcarse de las implicancias de lo que ellos mismos ayudaron a crear, el sistema de total liberalidad de los flujos de capital? Alfonso Prat-Gay acaba de mencionar respecto a la anterior gestión: “Los resultados no fueron buenos. En particular fueron muy malos a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Todavía no me explico cómo se llegó a eso”. Hay muchas dudas y muchas cuestiones para explicar.

¿Quién debe dar cuenta, por ejemplo, de que, según el informe del BCRA, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, se tomaron USD 44.500 millones del FMI, pero se canceló deuda del gobierno nacional por sólo 14.200 millones? Más cuando los fondos del FMI fueron previstos para cancelar deuda del Estado nacional. Mucho menos se cumplió con la promesa original de Mauricio Macri, de que sería un crédito preventivo, omitiendo cualquier mención a sus condicionalidades.

Sobrevolando las cúpulas

¿Y cuán vinculadas a la operatoria normal estuvieron las transacciones de las cúpulas? Si como surge de la información del BCRA existe un 1% de las empresas que formó activos externos por el 73,8% del total, ¿no corresponde investigar acaso si entre esas 852 empresas hubo flujos relacionados con evasión, lavado de activos o algún otro delito? ¿Cuál fue el desempeño de los funcionarios que permitieron esto?

Recordemos que cuando hablamos de fuga de capitales, no estamos hablando de operaciones comerciales, ni de remesas de utilidades, ni siquiera de pago de deuda del sector privado. Estamos hablando de compras de activos en divisas realizadas por el sector privado, a costa de las Reservas Internacionales, un recurso estratégico. No es caprichoso tratar de saber qué parte corresponde a operaciones eventualmente ilegales.

Considero que la esencia de la fuga hay que buscarla entre los actores de mayor relevancia y volumen. Éstos serán los que expliquen las características esenciales de la formación de activos externos, por qué se dilapidaron tantas Reservas Internacionales, y quiénes fueron los reales beneficiarios de esta conducta dañina para los intereses de nuestro país.

Además de poder disponer de la información completa de quienes hicieron estas transacciones, debemos tener en claro cómo utilizar dicha información. Una buena orientación es tratar de armar la trazabilidad de las operaciones, así como analizar si hubo perjuicios causados a terceros, y la posibilidad de que se hayan realizado maniobras ilícitas. También si hubo funcionarios públicos que las puedan haber facilitado o hayan verificado un enriquecimiento indebido.

Pensar a futuro

En una parte del informe del BCRA referido se dice que “en el marco de las reformas establecidas sobre el mercado cambiario, a partir del 01.07.17 y hasta el 31.08.19, la información de las operaciones de cambio careció del carácter de declaración jurada y el concepto era solicitado exclusivamente con fines estadísticos”. Eso es una de las consecuencias que trae la desregulación y liberalización de las operaciones económicas y financieras: la falta de información fiable de las operaciones, en especial de las más grandes. ¿No va acaso esto en contra de la transparencia que muchos declaman sostener, aunque después propician esquemas que opacan las transacciones financieras?

Y en este punto quiero hacer referencia a las regulaciones que necesitamos generar para que todo esto no vuelva ocurrir. No hay que dejar de considerar que los grandes flujos de salidas de divisas tuvieron efectos macroeconómicos dañinos, como una elevada depreciación de nuestra moneda (con traslado a la inflación) y tasas de interés que castigaban a la economía real (especialmente a las PyMEs y a los hogares).

Por eso cobra relevancia, entre otras muchas, la necesidad de la sanción de una nueva Ley de Servicios Financieros, que reemplace a la ley de 1977, con origen en la dictadura cívico militar. Necesitamos una normativa que exprese taxativamente las operaciones que los bancos tienen autorizado realizar, y que defina a la actividad financiera como de interés público, entre otras tantas cuestiones. De esta forma, por ejemplo, se podría poner fin a las oficinas de banca privada (o banca en las sombras como debería llamarse), estructuras a través de las cuales se fugan cuantiosas sumas de dinero difíciles de rastrear, porque van a parar a territorios de baja tributación, y a las denominadas guaridas fiscales.

Volviendo al tema de las responsabilidades, reitero que es preciso enfocarse en quienes fugaron o permitieron que se lleven a cabo transacciones que tras ellas involucren maniobras ilegales. Las que por ejemplo provengan de evasión impositiva o puedan ser consideradas como operaciones de lavado de dinero, en medio de una liberalidad absoluta y con escasísima información a brindar.

Desde la investigación de eventuales conductas delictivas detrás de las transacciones legales, pero también desde lo ético. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo fue el proceso que llevó a la acumulación de siderales niveles de fuga y de deuda. Si bien el gobierno está tratando firmemente de que la deuda se vuelva sostenible, nada borra las responsabilidades previas ni los impactos que tendrá la carga de la deuda para el pueblo argentino.

Nota publicada en ContraEditorial el 28/05/2020

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Referentes

Carlos Heller

Presidente PSol

Juan Carlos Junio

Secretario General