Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El pasado jueves, los y las representantes de los diversos espacios que conforman el FdT se reunieron en la sede del PJ. En esta mesa política se emitió un documento titulado: «Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar». En él se plasmaron las conclusiones del consenso al que se llegó en diversos aspectos con vistas a las próximas elecciones, y teniendo presente también la actual situación que atraviesan el país y el mundo.
En el texto, se comentó que «el mayor triunfo de los poderes concentrados es someter a la sociedad en el desánimo y en el enojo, en la frustración y el descreimiento. Quieren convertir una situación global muy adversa en un fatalismo del que no hay salida».
Se hizo hincapié también en las elecciones que se llevarán a cabo en nuestro país y se dejó en claro que «en 2023 se enfrentarán dos modelos de país. La Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria; y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos». A lo anterior se agregó una definición acerca de la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: «No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular». Una frase que pone en evidencia la connivencia entre diversos sectores para satisfacer sus propios intereses, en contra de las necesidades de la mayoría de la ciudadanía.
Cabe mencionar también el párrafo dedicado a la coyuntura macroeconómica: «Estos cuatro años de gobierno se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri. A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante».
En este sentido, como hemos expresado en otras columnas, esta gestión de gobierno logró mejorar varios frentes macroeconómicos. Por ejemplo, la semana pasada el Indec dio a conocer la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCII) del mes de diciembre de 2022, lo que permitió cerrar el año con un promedio del 66,5% de utilización general, el mayor valor desde el comienzo de la serie en 2016. Abonando estas cifras, la industria logró en 2022 un crecimiento del 11,5% de la producción respecto a la prepandemia, y que resulta en niveles máximos que no se registran desde 2017.
También vale destacar las políticas de combate a la inflación. Recientemente se creó el Programa Integral de Impulso a la Producción y el Consumo de Carne. Este acuerdo, además de proponer una baja inicial del 35% en el precio de algunos cortes de carne que se comercializan en supermercados, permitirá aumentar el volumen que tenía el programa Cortes Cuidados (de menos de 6000 toneladas por mes a 15.000 toneladas mensuales). Luego, los cortes elegidos tendrán una pauta de incremento del 3,2% hasta el 30 de junio. También, esta iniciativa permitirá a los consumidores obtener el reintegro del 10% del total de las compras con tarjeta de débito, con un tope de $ 2000 por mes en carnicerías y comercios MiPyMEs. Como contrapartida, se otorgará a estos comercios un diferimiento del pago de obligaciones impositivas hasta fin de año, y la exención o eximición en Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires, entre otros beneficios.
En la vía de incrementar los ingresos, se decidió continuar con la política de bonos a los/as jubilados/as que perciben hasta dos haberes mínimos y que se suman a los aumentos establecidos por la Ley de Movilidad. El valor de los bonos otorgados al haber mínimo fue de $ 7000 mensuales entre septiembre y noviembre del año pasado, $ 10.000 de diciembre a febrero, y a partir de marzo y hasta mayo será de $ 15.000. De esta forma, el haber mínimo de marzo tendrá un incremento nominal del 23% al compararlo con el trimestre anterior.
De modo más reciente, se anunció la igualación del tope de ingresos para percibir asignaciones familiares en trabajos registrados con el piso del impuesto a las ganancias, una medida que será de carácter permanente. De forma inicial, el nuevo tope pasará de los $ 158.000 a los $ 404.000. Según señala el comunicado del Ministerio de Economía, la cobertura de las Asignaciones Familiares se amplía en 900 mil niñas, niños y adolescentes, llegando a un total de más de 4,4 millones con cobertura, y se incorporan 600 mil trabajadoras y trabajadores registrados, con un total de 2,9 millones alcanzados.
Políticas como las enunciadas deben consolidarse. Pero para ello, y como lo señala el documento presentado por los integrantes del FdT, «Hoy más que nunca tenemos que estar al lado de cada argentino y argentina que enfrenta dificultades y trabajar junto a ellos para construir el país en el que queremos vivir los próximos cincuenta años (…). Nuevamente en 2023 el futuro del país está en juego». Es crucial continuar con este rumbo, no destruir lo que se pudo construir en los años de gestión de Néstor y Cristina (las muchas reformas que persistieron a pesar de la destrucción macrista), y lo logrado desde diciembre de 2019, para seguir cimentando todo lo que falta.
Por una nueva ley para el sistema financiero
El 14 de este mes se cumplieron 46 años de la sanción de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras. No sólo es una ley de la dictadura cívico-militar, sino que, por tal circunstancia, está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la Escuela de Chicago, luego se consolidaron en el Consenso de Washington y se mantienen hoy en día. La Ley de Entidades Financieras fue el instrumento que permitió la implantación del modelo de revalorización financiera, que no fomenta el financiamiento a la producción, principalmente hacia las MiPyMEs, siendo en gran parte responsable de los bajísimos niveles de monetización que existen en nuestro país.
Ha tenido muchas reformas, aunque no ha perdido su esencia. En estos 46 años el sistema financiero ha cambiado significativamente, no sólo a partir de las diversas crisis sufridas, tanto a nivel nacional como internacional, sino también por el exponencial avance de la tecnología, que viene rediseñando profundamente al sistema.
El movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos desde el primer momento criticó la Ley de 1977 y elaboró un proyecto, hace más de una década, que se denominó Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, que significa un gran cambio: se pasa de una ley para bancos, a una ley concebida a partir de las necesidades de los usuarios/as y su protección, y que define a la actividad financiera como servicio público. Esta iniciativa llegó a reunir más de un millón de firmas.
Creo que hay que seguir pensando en la necesidad, cada vez más imperiosa, del cambio de la Ley de Entidades Financieras por una ley de servicios financieros que proteja a los usuarios/as y genere crédito accesible para las empresas (especialmente las MiPyMEs) y para el consumo personal, lo cual beneficiará el necesario desarrollo económico con inclusión que nuestra economía requiere.
