Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una medida con la que se pretende impulsar el crédito hipotecario en pesos y a la “economía en general”, financiada con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Los créditos, por un total de $2 billones, serán para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
Es un reconocimiento implícito de que la economía no reacciona y de que son necesarias políticas activas de estímulo a la demanda, así como regulaciones (es el caso del límite máximo a la tasa que los bancos podrán cobrar).
Los recursos del FGS se colocarán en los bancos mediante procesos de licitación, en plazos fijos a 1 y 5 años, con tasas UVA + 2,5% y UVA + 4,5%, respectivamente. Con estos fondos a 1 y 5 años las entidades deberán otorgar préstamos a un plazo mínimo de 15 años, a una tasa que no podrá superar UVA + 7,5%.
Queda claro que con una medida aislada no se puede cambiar un panorama general sombrío. Si bien es importante respecto al saldo actual de los préstamos hipotecarios para vivienda, que rondan los $6 billones, la novedad sumaría entre 17.000 a 18.000 créditos, según comentaron las autoridades: muy lejos de la necesidad de vivienda actual. Y mucho más lejos de los programas “Procrear” creados en 2012, con un elevado descuento en la tasa y destinados a los sectores de clase media baja.
Por otro lado, uno de los mayores escollos para la expansión del crédito hipotecario tiene que ver con la problemática de los ingresos disponibles (después de pagar las facturas de los servicios públicos y otros gastos imprescindibles). Precisamente, producto de las actuales políticas, se ha registrado un crecimiento del endeudamiento para cubrir compras corrientes y un alza de los niveles de morosidad.
No repitamos la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, con préstamos también atados al UVA (que se ajusta por los precios al consumidor), que se convirtieron en impagables para muchas personas, porque la promocionada baja de la inflación no fue tal y los salarios se fueron ajustando por debajo de la inflación.
Para justificar la medida, el ministro Caputo hizo referencia al “efecto multiplicador” de la medida, es decir, que genera más actividad económica, señalando que quien adquiere una vivienda tiene que comprar “desde una cama, un sillón, hasta un televisor”. Efecto que se diluye si, en el marco de la actual apertura importadora, se terminan comprando bienes producidos en el exterior.
Carta orgánica
Diputados aprobó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central Entre otros temas, se establece que las autoridades del BCRA serán designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple, aunque se dificulta el proceso de remoción, ya que se requerirán para su desplazamiento dos tercios de ambas cámaras.
De esta forma, el gobierno le está diciendo a los mercados que, gane quien gane las elecciones, el manejo de la política monetaria y financiera se mantendrá. Es uno de los ejes más cuestionables de la reforma, ya que en última instancia se termina disociando el manejo de las políticas de la voluntad popular.
Respecto de las facultades del Banco Central, se eliminan la promoción de “la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, y se establece como prioridad “preservar el valor de la moneda”.
Una vuelta a los noventa, cuando, a partir de la crisis financiera internacional desatada en 2007 y 2008, los bancos centrales debieron utilizar medidas extraordinarias (de corte expansivo) para evitar que la misma se profundizara mucho más.
También se impide otorgar financiamiento al Tesoro, incluso ante situaciones extraordinarias, como podría ser un terremoto o una pandemia.
Un aspecto que se incorporó es la autorización para que la autoridad monetaria utilice las Reservas Internacionales como garantía en “operaciones propias de banco central”. En verdad, es una fórmula para endeudarse en el exterior y aumentar las Reservas (cumplimentando requisitos del FMI), y con la garantía, evitar elevados niveles de tasa de interés en el marco de un alto riesgo país, dado un esquema cambiario que no puede generar esas Reservas.
Esta situación coloca otro candado para futuros gobiernos: además de la dificultad para remover al presidente del BCRA, no se podrán utilizar parte de esas Reservas Internacionales prendadas.
De aprobarse este proyecto en el Senado, se estaría dando vía libre al actual gobierno para avanzar con un mayor endeudamiento del país, que condicionará cualquier intento –a futuro— de aplicar políticas que mejoren la deteriorada situación de los hogares y las PyMEs y fomenten un crecimiento económico con equidad distributiva.
