Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Los discursos, entrevistas y manifestaciones del presidente Javier Milei y de algunos de los funcionarios de su equipo económico parecen transitar una realidad muy distinta a la que vive la mayoría de los argentinos y las argentinas.
El eje de las políticas del Gobierno nacional se apoya en los “logros” alcanzados en materia de ajuste fiscal. Sin embargo, las consecuencias de la utilización de la “motosierra” y la “licuadora” como herramientas de política pública van calando cada vez más profundo en la ciudadanía. Así lo demuestran la evolución de las variables macroeconómicas y, más en particular, las noticias que a diario dan cuenta de cierre de fábricas, despidos, manifestaciones de ciertos sectores por la caída abrupta en sus ingresos, desfinanciamiento en la entrega de medicamentos esenciales, entre otros.
La actividad económica se redujo un 8,4% interanual en el mes de marzo, y acumula una caída del 5,3% en el primer trimestre del año con respecto a igual periodo del año pasado (-3% respecto del anterior trimestre). Cabe destacar que durante 2023 la evolución de la economía se vio fuertemente afectada por la sequía, que implicó una abrupta caída en la producción agropecuaria. Este año, en cambio, la mayor contribución a la baja estuvo dada por el sector industrial, seguido por la actividad comercial. No es un shock exógeno producto del clima, sino que las mermas fueron originadas por las políticas aplicadas. Casi la mitad de la capacidad instalada de la industria se encuentra ociosa, o, lo que es lo mismo, su utilización en marzo llegó a tan sólo el 53,4%, unos 22 puntos porcentuales menos que el año pasado.
Estas cifras son esperables dado que la actividad industrial se redujo un 15% interanual en el primer trimestre y la construcción se desplomó en más de un 30%, también en el mismo período. En particular, se conoció en estos días que la producción metalúrgica se redujo un 19,5% interanual en abril. Según el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la caída registrada en ese mes es “una de las cuatro contracciones más fuertes de los últimos 8 años, sólo superada por tres meses del 2020”, durante lo peor del Covid.
Estos son algunos ejemplos que describen lo que ocurre con la economía y que tienen su correlato en la caída en el nivel de ingresos. Por caso, los salarios de los trabajadores (dato del INDEC) registraron una caída real interanual de más del 15% en el primer trimestre y el haber jubilatorio mínimo (datos de la ANSES) también se redujo un 27% en ese lapso, incluyendo los bonos.
Los últimos datos de consumo privado que provee el INDEC a partir de la encuesta de Supermercados y Autoservicios Mayoristas reflejan este menor poder de compra de la población. El primer trimestre registró el peor valor de las series (que empezaron en 2017, y que por lo tanto incluyen el período de la pandemia sanitaria) con una reducción de las ventas, en términos reales, del 11,1% con respecto al primer trimestre 2023.
Este contexto refuta las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, quien esta semana, durante su intervención en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), señaló que “hay varios indicadores que empiezan a mostrar la recuperación económica”. Y luego aseguró “que el que menos tiene está poniendo el cuerpo más que nadie”, enterrando definitivamente la idea de que el ajuste lo paga “la política”.
Javier Milei, por su parte, hizo alarde del ajuste que está llevando a cabo y consideró que “se nos fue un poco la mano”. No obstante, apuntó una vez más al Poder Legislativo: “lo único que están haciendo ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal”. También calificó la función de los/as legisladores/as, los definió como “gasto-maníacos, degenerados del gasto público” y prometió “vetar cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quiera romper la caja”. Claramente el Presidente reitera la prioridad absoluta que le asigna al superávit fiscal sin considerar el costo social que lleva, además de desconocer las facultades que la ciudadanía le otorgó a los/as legisladores/as nacionales.
Las iniciativas que se han empezado a tratar la semana pasada en Diputados tienden a revertir el congelamiento de las partidas presupuestarias a las universidades y a restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (que fue desfinanciado por el gobierno libertario luego de estar vigente durante 25 años), que implicaría una mejora en los magros salarios que perciben actualmente a lo largo del país.
El gobierno deja constantemente en claro que su prioridad pasa por alcanzar superávits fiscales a través de la reducción del gasto público, aunque ello implique desfinanciar a las provincias, eliminar la obra pública, incrementar las tarifas de los servicios públicos, recortar los haberes jubilatorios y docentes o echar a empleados públicos, con el elevado costo social que esas decisiones conllevan.
