Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Quiero comenzar la nota resaltando el concepto de la Argentina circular que comentara recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Ese raro momento en que el pasado se torna presente y, tal vez, frustre el futuro”.
Ratificando el concepto de circularidad en nuestra historia, se conoció esta semana un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las irregularidades en cuanto a la toma, ejecución e impactos para el país del préstamo con el FMI firmado por el gobierno de Mauricio Macri (junio de 2018).
Es evidente que se trató de un acuerdo lesivo y absolutamente viciado desde el origen. La finalidad fue posibilitar una posible reelección, sin importar que el país quedara condicionado por generaciones con el crédito más grande otorgado por el FMI en su historia, algo que alerté en su momento y de lo cual hoy es muy difícil escapar.
El informe de la AGN encontró múltiples anomalías, entre ellas:
* El acuerdo fue firmado por el entonces ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.
* No se cumplió con la Ley de Administración Financiera.
* Tampoco se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso.
* No se efectuaron análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad.
* Casi el 30% de los desembolsos de 2018 y 2019 se utilizaron para financiar la salida de capitales financieros.
* Se incrementaron los riesgos de insostenibilidad de la deuda (el indicador deuda/PIB pasó del 50% en 2015 al 84,8% en 2018 y al 89,4% en 2019).
Vuelvo a repetir: el principal problema de la deuda con el FMI es haberla tomado. Sin embargo, cabe considerar la responsabilidad compartida en tal gravoso acuerdo, y por lo tanto el legítimo derecho que tiene el gobierno argentino para renegociarlo, reviendo las principales características del mismo, entre ellas las condicionalidades, los plazos de repago, la reducción de la altísima tasa de interés, y la eliminación de los sobrecargos.
Javier Milei acaba de presentar su plataforma electoral, con un fuerte aroma a los lineamientos del programa económico que presentó Martínez de Hoz y de las decisiones más amplias de la dictadura cívico-militar. Llamativamente, en las 13 páginas de propuestas no hay una sola mención a la palabra “deuda”, como si pudiera obviarse su impacto en la economía y la sociedad. Considero que el programa de JxC no será muy distinto en lo esencial.
El gobierno debe seguir gestionando
Más allá de este devenir de condicionamientos e ideas del pasado, tan lesivas a nuestro pueblo, el gobierno debe seguir gestionando. El último domingo anunció una serie de medidas tendientes a desacelerar el ritmo de crecimiento de los precios, cuidando a la vez la producción y el consumo.
Uno de los ejes centrales pasa por identificar y corregir las distorsiones que se dan en el proceso de formación de precios. En este marco se estableció un nuevo rol del Mercado Central para incrementar la oferta de productos ante el abuso de las empresas por posición dominante. El objetivo es reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos y secos (todos alimentos de primera necesidad). Para ello, el Mercado Central podrá asumir el rol de importador directo de determinados productos.
Otra medida importante es la creación de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio. Está en línea con el espíritu de las tres leyes de 2014, que nunca tuvieron vigencia plena (la de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo; el Observatorio de Precios; y el Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo).
Por su parte, entre otras medidas, el BCRA elevó en 6 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, al 97%, mismo nivel que para la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas a 30 días por hasta $ 30 millones. Se procura “evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas de inflación”. Si bien se decidió aumentar la tasa de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva 1,5 puntos porcentuales, la suba es significativamente menor a la de la tasa de los plazos fijos.
También se anunciaron facilidades para las MiPyMEs. Por un lado, para cancelar obligaciones vencidas al 30 de abril, beneficiándose a 626.121 contribuyentes. Por otro, respecto de los planes de pago vigentes con tasa Badlar, se estableció una reducción de cuotas entre el 45 y el 55%, una medida muy pedida por las pequeñas empresas. Son políticas que intentan no descuidar la actividad y el empleo.
A su vez, se decidió ampliar hasta un monto total de $ 100 mil millones la línea CreAr Inversión PyME, a cargo del Banco Nación, que cuenta con tasa bonificada por el FONDEP para inversión y capital de trabajo, y está destinada a MiPyMEs.
Cabe destacar el último dato de utilización de la capacidad instalada en la industria, que según el INDEC llegó al 67,5% en marzo, unos 0,8 puntos más que un año atrás, y es el mejor primer trimestre desde 2015.
En materia de recursos, se avanza con las liquidaciones del Programa de Incremento Exportador (III), y en 29 días se llevan comprados U$S 3041 millones, monto cercano a lo esperado.
En cuanto al financiamiento en pesos, en la licitación realizada esta semana, el Tesoro Nacional adjudicó títulos por $ 769.000 millones, se pudieron extender vencimientos a 2024-2025 y el 63% de las colocaciones vencen recién a partir de octubre. En los primeros 5 meses del año se acumulan colocaciones superiores en un 27% a los vencimientos.
Se conocieron varios lineamientos sobre un proyecto de ley del Ejecutivo de “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, que alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas.
El proyecto abarca la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior.
La alícuota aplicable para la exteriorización de los bienes cuando exista repatriación sería del 5%, desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos, y luego sube con el tiempo hasta cuadruplicarse. Para los bienes que se declaren pero que no se repatríen, las alícuotas serán mayores. Como mínimo, y sujeto a reglamentación, se entenderá por repatriación al monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros, que no podrán ser menores al 10% de lo declarado. También se establecería un Régimen Simplificado, con una alícuota del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera con un tope de hasta U$S 50 mil. Un régimen simplificado que contempla a todo un sector de la economía que opera en la informalidad.
Se excluirían los activos provenientes de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y estarían excluidos de participar funcionarios públicos, así como sus familiares directos.
En un contexto complejo, se busca fortalecer la caja de herramientas de política económica con medidas (contrarias al ajuste) que apuntan a contar con mayores márgenes para minimizar los impactos en el aparato productivo y en el poder de compra de la población.
