Carlos Heller
Por Por Graciela Moreno
Así como la Ley de Radiodifusión 22.285 fue una ley clave creada por la dictadura militar, también lo es la Ley de Entidades Financieras que liberalizó el funcionamiento del sistema bancario. La norma fue impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz y está vigente desde 1977. Desde el bloque Nuevo Encuentro se presentó un proyecto que busca considerar la actividad como un servicio público. El diputado Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop y vicepresidente primero de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), que representa a la banca pública y cooperativa, fue uno de los impulsores y explica sus alcances.
–¿A quién privilegió la ley del ’77?
–En el discurso de presentación, Martínez de Hoz dijo: “Es la ley más importante de nuestro proyecto político y marcará el rumbo de la Argentina por lo que resta del siglo”. La dictadura buscaba aplicar el modelo de la apertura económica, la desregulación, el avance de la extranjerización de la economía. Es una ley muy permisiva, por eso alentó la desnacionalización y concentración del sistema financiero. Es una ley emblemática.
–¿Cuáles son los principales cambios propuestos?
–Definimos la actividad financiera como servicio público, queremos concebir la ley a partir de la necesidad de los usuarios y no de las entidades financieras. Por ejemplo, deberán destinar, directa o indirectamente, no menos del 38 por ciento del total de sus financiaciones al sector privado a las micro, pequeñas y medianas empresas y un 2 por ciento a microemprendimientos. Creemos que las tasas no podrán superar en una proporción del 5 por ciento a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento, buscamos un tope a los excesos. Planteamos la creación de la defensoría del usuario de servicios financieros en el ámbito del BCRA. Y se propone el establecimiento de “Servicios Esenciales” dirigidos a sectores de menores recursos con un nivel máximo de comisiones o sin comisiones.
–¿Qué opinan sus pares banqueros?
–Ningún empresario se pone feliz cuando aparecen normas que limitan o regulan su actividad. Los empresarios tienden a ser cultores de la idea del libre mercado. Si lo estudian verán que no se plantean cosas que coloquen al sistema en una situación de dificultad o inviabilidad. Hace 45 años que trabajo en la actividad financiera, sólo busco poner límites a algunas cosas. Ya sabemos que los bancos prefieren prestar para comprar un LCD antes que prestar para adquirir un torno. Pero el país necesita otra cosa, el sistema financiero no puede ser un negocio.
–¿Cómo funcionará el fondo compensador?
–Por ejemplo, la red de sucursales de los bancos está muy concentrada en los grandes centros urbanos y hay más de 2.000 localidades de la Argentina que carecen de servicios financieros. Una persona debe hacer 30 o 40 kilómetros para cobrar su jubilación o pagar un impuesto. Nosotros queremos que no haya ninguna localidad sin servicios bancarios. Por eso, proponemos estimular a los bancos que tengan vocación de instalarse en zonas de menor desarrollo y castigar a los que están concentrados. Los que no quieran abrir sucursales en el interior deberán pagar al fondo compensador y los que se instalen en esas zonas cobrarán un estímulo.
–Plantea que ninguna entidad financiera podrá tener una participación superior al 8 por ciento, tanto en el total de depósitos que provengan del sector privado, como en el total de préstamos otorgados. ¿Cómo se implementará?
–Hay muy pocos bancos que superan el 8 por ciento, es un número razonable. Los que estén excedidos tendrán dos años para adecuarse. Es un techo para que no avance la concentración. Deberán ser menos agresivos en su política de captación.
–¿Esto no generará la misma polémica que para la implementación de la Ley de Medios Audiovisuales?
–La polémica se va a generar porque no van a estar de acuerdo con el tope, aunque hubiéramos dicho 14 en lugar de 8. A nadie le gustan los topes.
–¿El proyecto es de fácil implementación?
–Ninguna de los puntos es imposible de resolver en dos años. Todo el mundo se llena la boca diciendo que hay que fomentar a la pequeña y mediana empresa, bueno, este proyecto crea las condiciones para que esto se haga realidad. Hoy las pymes apenas reciben el 15 por ciento, como mucho. Salvo en el caso del Banco Nación que debe llegar al 30 por ciento, y nosotros, con más del 60 por ciento en el Credicoop. La rentabilidad de una entidad financiera viene de hacer pocas y grandes operaciones seguras con bajo costo operativo. Si vengo yo y digo que hay que hacer muchas y pequeñas operaciones,les creo a todos un problema.
–¿Cómo se suma al sector no bancarizado?
–Se creará un paquete de servicios esenciales regulados por el BCRA que serán gratuitos o con un costo mínimo. Los que más los desarrollen cobrarán del fondo compensador y los que no quieran llenar de clientes sus sucursales deberán aportar al fondo.
–¿Cómo estarán garantizados los depósitos?
–Queremos volver al régimen anterior. El Seguro de Depósitos S.A. (Sedesa) hoy es mixto, entre el BCRA y los bancos, pero además es optativo. Proponemos que sea estatal, oneroso y obligatorio. Que todas las entidades tengan que participar, que todos aportemos a un fondo en proporción a los depósitos que cada entidad tiene y que sea el Estado el que da la garantía. Que se eleve de los 30.000 pesos actuales por depositante a 100.000 pesos. Los pequeños usuarios tienen menos información y se manejan con la publicidad que no siempre refleja situaciones reales.
–¿Contemplan regular la publicidad?
–La publicidad debe ser ética, no engañosa. Toda transgresión faculta al BCRA a disponer su cese de inmediato, aplicar sanciones previstas y hasta iniciar acciones penales.
–En general, el proyecto le da más poder al BCRA.
–Hoy tiene mucho poder, pero este proyecto le da poder para regular más temas.
(Revista Veintitrés)
