Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El mundo está atravesando, además de la pandemia, una fase de fuerte suba de los precios de las materias primas, que incluye a los alimentos, que han alcanzado niveles prácticamente récord no vistos desde mediados de 2014. La soja, por ejemplo, ronda los máximos de la última década.
En este marco, en su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), el FMI le dedica una sección especial a la cuestión alimentaria y afirma que a escala global la pandemia “acarrea el riesgo de que se demore el proceso de llevar a cero el número de personas desnutridas de aquí a 2030”, y que de no haber intervenciones de política, la disminución de los ingresos y el aumento de los precios de los alimentos registrados en 2020 causarían, respectivamente, un aumento de 66 millones en la cantidad de personas que padecen hambre. Una postal que, paradójicamente, también afecta a la Argentina, a pesar de ser uno de los principales países que se especializa en la producción de alimentos.
En el WEO se presentan los resultados de una investigación para un grupo de 121 países (entre 2001 y 2018) y se concluye, entre otras cosas, que por cada punto de aumento de los precios internacionales de los alimentos, las economías de ingresos medios y bajos registran un traslado a precios internos de dichos bienes mucho menor, la cuarta parte. Sin embargo, las estadísticas recientes muestran que mientras que la inflación mundial de los alimentos y bebidas fue del 11,3% en el primer trimestre de 2021, en Argentina fue del 13,4% (siguiendo el método de cálculo del FMI, debiera haber rondado el 3%). Es cierto que hay factores distintivos de nuestro país, pero la idea con este cálculo es evidenciar el fuerte traslado de los precios internacionales a los internos.
En el plano fiscal y monetario, en el cambiario, e incluso en el de las tarifas, las variables se han ido “tranquilizando”. Los sindicatos, por su parte, han llegado a acuerdos algo por encima de la inflación pautada. Razonamientos similares podrían seguirse con otros rubros que tienen fuerte incidencia en el IPC. Esto significa que la suba de los precios internos tiene que ver con la puja distributiva, es decir, por el afán Ámbito 26 abril 2021 de las grandes empresas de maximizar las ganancias.
En su informe, el FMI también afirma que “los gobiernos deberían entonces fortalecer las redes de protección para los más vulnerables y mitigar el riesgo de que haya fuertes alzas en el precio de los alimentos garantizando el funcionamiento fluido de las cadenas de suministro alimentario”.
Este es el espíritu de muchas de las medidas que hoy en día el gobierno está llevando a cabo, por ejemplo, en el rubro de la alimentación. El Estado ocupa un rol central para tratar de que el mercado interno esté abastecido y a precios accesibles, es decir, que no sigan a la evolución desmedida de los internacionales. El contexto es de por sí delicado ya que el empleo y los ingresos de los hogares han sido fuertemente golpeados.
En este marco resultan vitales los acuerdos y las potestades regulatorias con las que cuenta el Estado. Es indispensable contar con información de los distintos eslabones de las cadenas, para poder ver dónde están las distorsiones, y conocer sobre los volúmenes que pueden garantizar el abastecimiento interno. A ninguna empresa se le está pidiendo que produzca a pérdida, sólo que tenga ganancias razonables, adecuadas a los costos locales y a la realidad que se atraviesa.
Argentina no puede quedar presa de sus propias ventajas y es preciso que los beneficios de los mayores precios internacionales no castiguen las posibilidades de consumo de la población. No es posible que una buena noticia desde el punto de vista de la posición externa del país se transforme en un golpe para la canasta básica.
El gobierno tiene muy en claro que entre las grandes prioridades está la de abastecer la mesa de los argentinos y las argentinas. Sin su presencia activa no será posible ir reduciendo la pobreza y la indigencia.
