Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
A principios del mes de junio, el Banco Mundial anticipaba: “la pandemia del Coronavirus provocará la peor crisis económica desde 1870”, al tiempo que proyectaba una contracción de la economía mundial del 5,2% en 2020, y una caída para Latinoamérica del 7,2%. La ONU acaba de proyectar una caída del 9% para América Latina, y un incremento en la pobreza de la región del 7%. Las principales potencias tampoco escapan de la crisis. Según las últimas proyecciones del FMI, el grupo de las economías avanzadas caería 8% en 2020, con extremos en países como Italia y España (-12,8%), Francia (-12,5%), Reino Unido (-10,2%) y Estados Unidos (-8%). Otro dato no menos preocupante que plantea el organismo es que el comercio mundial disminuirá este año cerca del 12%, lo cual tendrá un fuerte impacto inevitable en las exportaciones de muchos países.
La Argentina posee además la carga adicional de la “pandemia” previa al Covid-19, fruto de las políticas de los cuatro años anteriores que dejaron una economía en emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, como bien lo describe la Ley que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso a poco de haber asumido en diciembre de 2019 y que fue aprobada en ambas cámaras legislativas.
Los últimos datos de actividad económica argentina indican una contracción del PIB del 4,8% en el primer trimestre del año con respecto al último trimestre de 2019, un nivel que ya se encontraba deprimido. En el mes de abril, la caída continúa con una variación negativa interanual del 26%.
Al interior de los sectores económicos, los más castigados fueron el de hoteles y restaurantes, el de servicios comunitarios, sociales y personales, y la construcción. No obstante, por su peso relativo, tanto la industria manufacturera como el comercio son los sectores que más influyeron en la caída. En el caso de la industria manufacturera, ésta registró una caída del 26,5% en mayo con respecto al mismo mes de 2019, aunque en la variación mensual con respecto a abril mostró un leve repunte, probable efecto de la reanudación de actividades de algunos sectores que fueron autorizados a operar con protocolos de restricción más flexibles durante ese mes. La construcción, por su parte, un rubro que ya venía cayendo desde hace más de un año, es uno de los sectores que mayor perjuicio ha sufrido por “las pandemias” (la sanitaria y la crisis que dejó el gobierno anterior). En mayo registró un desplome interanual de casi el 50%, aunque en la comparación mensual también mostró una recuperación parcial.
El mercado laboral también sufrió las consecuencias de la crisis económica, aunque atemperadas gracias a las políticas públicas orientadas a sostener los empleos (abonando una parte importante de los salarios a las empresas de las actividades más golpeadas, en particular las pymes, entre otras medidas). La tasa de desocupación llegó al 10,4% en el primer trimestre del año, guarismo similar al mismo período del año anterior.
Ante esta perspectiva, quedan expuestas más que nunca las asimetrías entre países y dentro de ellos entre los sectores más perjudicados de la economía (la mayoría). Según señaló el nobel de Economía Joseph Stiglitz, “los mercados por sí mismos no son apropiados para manejar esta situación. No existe un forma fácil de convertir a los empleados de empresas aéreas en técnicos de Zoom”.
En la misma línea, resulta interesante una nota del diario El País del 1 de julio que sostiene: “Dopada por los estímulos y cada vez más distante de la calle, la Bolsa estadounidense cierra su mejor trimestre desde 1998. Mientras, el país sufre la mayor crisis desde la Gran Depresión”. Allí se destaca que el índice S&P, que reúne los movimientos bursátiles de las 500 mayores compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York, “ha cerrado el segundo trimestre con la mayor ganancia desde 1998, de hasta un 20%”, y que, cabe comentar, implica una recuperación de la caída del primer trimestre. No obstante, en tan grave crisis, que Wall Street no pierda es toda una señal, en especial porque es una tendencia que va más allá de la frontera estadounidense.
En uno de sus comunicados, hasta el FMI mostró preocupación sobre este tema al señalar que “la magnitud del reciente repunte del optimismo de los mercados financieros parece estar desconectada de la evolución de las perspectivas económicas fundamentales, y eso plantea la posibilidad de que las condiciones financieras se endurezcan más de lo que supone la proyección de base”. No son cuestiones que sorprendan mucho, en realidad tienen que ver con la absoluta desregulación de los mercados financieros globales. Es por ello que el Fondo agrega: “se necesita con urgencia liquidez de respaldo para los países que enfrentan crisis sanitarias y déficits de financiamiento externo; por ejemplo, mediante alivio de la deuda y financiamiento a través de la red mundial de seguridad financiera”.
La Argentina tiene que afrontar la renegociación de una deuda pública insustentable, generada principalmente en la gestión de gobierno anterior. Con relación a ello, la primera semana de julio, las autoridades del país presentaron una enmienda a la reestructuración de deuda pública bajo legislación extranjera, con un periodo de suscripción que vencerá el 4 de agosto. Pero además, el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo jurisdicción argentina en condiciones equivalentes al canje propuesto para la deuda bajo legislación extranjera. Un dato no menor, ya que indica la voluntad del gobierno argentino de dar un trato igualitario a aquellos acreedores que confiaron en la legislación local.
Al compararla con los vencimientos de la deuda heredada, la nueva oferta de canje de deuda implica un ahorro de aproximadamente 43.000 millones de dólares entre 2020 y 2024, sumando amortización de capital e intereses. Se otorgaría un año de gracia y los pagos por el 2021 abonarían una tasa de interés de tan sólo el 0,125%, aumentando gradualmente y dando un promedio cercano al 3% para la deuda total, contra el 7 a 8% pactado en la deuda original.
En palabras del Presidente Alberto Fernández al presentar esta reestructuración: “es el máximo esfuerzo que podemos hacer (…) Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que le permita a los argentinos no postergar más a los que están postergados”.
Palabras que se complementan con los ejes rectores del avance del Proyecto de Presupuesto para 2021, presentado por las autoridades del gobierno argentino al Congreso de la Nación. Ejes rectores enfocados a “recuperar las fuerzas productivas, luego del impacto de la pandemia Covid-19 y consolidar la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo y sustentable que logre potenciar las capacidades productivas, la utilización de la mano de obra bajo condiciones de trabajo dignas y con derechos y, así, mejorar la condición de vida de todos y todas los habitantes. Ese desafío requerirá un proceso de transformaciones no sólo respecto al fallido esquema económico del periodo 2016-2019 sino también a lógicas de funcionamiento de la economía argentina que, a pesar de los avances logrados entre 2003 y 2015, se presentan como limitaciones estructurales al desarrollo nacional”.
A pesar de las incertidumbres que genera la pandemia, el gobierno presenta los lineamientos de un plan económico que, más allá de los desafíos coyunturales, responde a un enfoque de la economía que pone el acento en el desarrollo sustentable, inclusivo, y en la necesidad de un Estado activo que regule la economía para lograr estos objetivos.
