Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Desde los tiempos remotos de nuestra historia nacional venimos discutiendo sobre la navegación de los ríos. También sobre la cuestión de los ferrocarriles y su rol central para comunicar las ciudades.
La navegación comercial, la de gran porte, es la que define buena parte de las exportaciones del complejo agrícola. Tal como ocurre con el transporte de carga por ferrocarril, impacta de forma sustancial en los costos de transporte de las mercaderías. Pero la perspectiva empresarial no puede determinar las necesidades de la economía y los sectores productivos de menor envergadura. Es preciso regular el tránsito fluvial con prácticas adecuadas, teniendo en cuenta otros aspectos que atraviesan la operatoria, como los fiscales o los cambiarios.
Se calcula que por el río Paraná circula aproximadamente el 80% de las exportaciones agrícolas de la Argentina. Y que, entre otras cuestiones, la vía fluvial determina que una parte considerable de esas exportaciones se pierda a través del contrabando y por medio de distintas formas de evasión fiscal.
Durante las últimas décadas, el cobro del peaje fluvial quedaba entre privados. Ahora, durante un año, el Gobierno se hará cargo de dicho peaje. Luego, con más tiempo, se dará una política para el sector en una licitación larga. Allí se acudirá al análisis amplio de las provincias, las universidades y demás organismos científico-técnicos.
Al administrar la hidrovía por un año se podrá saber qué es lo que se paga, cuánto se paga y qué pasa por allí. Sólo pueden estar en contra de un objetivo de este tipo quienes se oponen a un Estado presente o quienes pretenden lucrar “en las sombras”. Al definir los peajes y dónde hacer los dragados se podrá contemplar incluso la situación de los pequeños productores.
Desde el seno de la Sociedad Rural Argentina se mostraron preocupados porque, sostienen, “una mala decisión del Gobierno pueda afectar la competitividad de toda la agroindustria exportadora. La hidrovía es la puerta de salida de nuestra producción al mundo. Desde la SRA creemos que contar con un sistema eficiente de hidrovía es fundamental para el desarrollo del país. El sector agropecuario quiere ser parte del nuevo armado de la hidrovía”. ¿Por qué razón el Estado podría llevar a una situación de ineficiencia? ¿Por qué excluiría al sector agropecuario del análisis? El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que “se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros, con la participación de todas las provincias que intervienen en la hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades”.
Lo mismo ocurre con los trenes de carga. Ahora, a través de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas se van a gestionar las líneas Sarmiento, Mitre y Roca, tras 30 años de manejo privado. Al igual que con la hidrovía, es una política de transición durante la emergencia. Hay que pensar en modelos de uso abierto, con participación público-privada, como ocurre en Europa, donde los privados usan sus propios trenes y pagan un canon para usar las vías que mantiene el Estado. Y también deberían participar los trabajadores en la gestión de estos servicios. En ambos sectores se requiere planificación territorial estratégica. Proyectos de esta envergadura se favorecen con espacios de debate con la representación adecuada.
Son temas complejos, que requieren la opinión de especialistas, aunque no se necesita un conocimiento profundo para desestimar acusaciones sesgadas. No es cierto, como se repite desde varios espacios, que el Estado busca “quedarse” con la hidrovía y los trenes. En rigor, ya eran del conjunto de la sociedad, y lo que se hizo en años pasados fue entregarlos en concesión. Últimamente se vencieron contratos de larga duración, por lo que la situación estaba programada: es un hecho contractual que no debería causar ningún resquemor. Decisiones que indican claramente que el actual Gobierno regula en favor del desarrollo, priorizando los intereses de la Nación y las condiciones de vida de sus habitantes.
