Tiempo Argentino | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El gobierno del presidente Javier Milei opta por desentenderse de los efectos que generan sus políticas en términos sociales y productivos y recurre a explicaciones cada vez más forzadas.
El ministro Luis Caputo, expresando sin pudor su insensibilidad social, asoció la suba de la morosidad bancaria a la especulación de que una mayor inflación licúe la deuda. Pero lo concreto es que hubo más inflación y los problemas de repago se potenciaron. En rigor, el problema de la morosidad de los hogares tiene que ver con la suba de tasas de interés verificada a finales del año pasado, pero sobre todo por la baja del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, del desempleo, y de la mayor precarización laboral.
Las postales cada vez son más crudas, un frigorífico de la localidad de Moreno que publicó un aviso para la toma de hasta 60 empleados tuvo como respuesta una fila de seis cuadras de interesados.
A pesar de esta realidad, el viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que el Gobierno “no utilizará herramientas expansivas para apuntalar el nivel de actividad de cara al calendario electoral”. Lo correcto sería realizar políticas verdaderamente expansivas para enfrentar el deterioro en el que estamos sumergidos.
Está claro que el discurso oficial sólo busca “satisfacer” a los mercados para incentivar la bicicleta financiera y la llegada concreta de los dólares prometidos en el marco del RIGI. Sin embargo, los inversores externos no terminan de “apostar”, por más que el recetario ortodoxo se aplique a rajatabla.
La calificadora Fitch intentó darle un espaldarazo al gobierno para que no ceda en la profundización del rumbo, con ese propósito mejoró ligeramente la calificación de la deuda. Sin embargo, también hizo referencia a que la inercia está “obstaculizando la fase final de la desinflación” y que “los sectores intensivos en mano de obra, como la construcción y la manufactura, se han estancado o contraído, lo que conllevó a pérdidas de empleo formal y ha afectado la confianza del consumidor”. También afirma que existe “una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza”. De guiarnos por esta descripción, la calificación no debería haber mejorado, más bien lo contrario. Acto seguido dejó un mensaje en clave política de cara a las elecciones: el país es vulnerable, “especialmente si la contienda electoral presagia un cambio significativo en las políticas actuales”. Ante similares consideraciones, otras agencias más importantes, como Moody’s y Standard & Poor’s, dejaron la nota sin cambios.
Por otro lado, la revista británica The Economist, de orientación neoliberal, tituló en un artículo que Milei “está en serios problemas”, por dos factores centrales: “los escándalos de corrupción y una economía en dificultades”. También criticó su frase: “¿Saben quién ha sido el más afectado por esta economía en términos reales? Yo, el presidente peor pagado de América”. Una afirmación que niega el sufrimiento de millones de compatriotas generado por las actuales políticas.
En este marco, los verdaderos propietarios del poder económico se mueven entre el estado de “preocupación” y el de alarma, ante la posibilidad de que se ponga en discusión el rumbo. No quieren comprometer un modelo económico que podría entrar en una zona pantanosa. Más allá de todas las excentricidades y los destratos recibidos, demandan que el presidente complete las reformas estructurales que “hacen falta”, como la previsional y la tributaria. Y para después de las elecciones pretenden, gane quien gane, que el rumbo sea inmodificable.
Así, por intermedio de sus economistas y voceros piden que se atiendan los “efectos secundarios” (inevitables en este esquema), pero no se mueven un ápice de pedir que se mantenga el programa de ajuste y reformas vigente.
No existe un tema de matices o de estilos en la aplicación de este rumbo. La batalla es por el modelo, y tiene carácter político y cultural. Los medios preparan el terreno para tratar de que los ejes del neoliberalismo no sean puestos en debate.
Se habla de que el superávit fiscal es un “mérito”, algo que “vino para quedarse”. La pregunta que habría que hacer, en todo caso, es sobre cómo conseguirlo: si con mayor actividad (y recaudación) y progresividad en el cobro de tributos o, como ocurre actualmente, recurriendo al recorte del gasto social.
En el último caso se trata de un círculo vicioso, ya que la recaudación en términos reales viene cayendo durante nueve meses consecutivos, consecuentemente el Gobierno reacciona según su ideología, con más recortes para garantizar el superávit fiscal que permita pagar los intereses de la deuda. También se “pisan” partidas para demorar el giro de recursos, o se recurre a instancias judiciales. Es el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada dos veces en el Congreso y que el Ejecutivo incumple, lo que implica un desconocimiento de las instituciones de la democracia y una grave amenaza para la continuidad de los sistemas de educación y salud pública. Por esta razón, se espera que la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes tenga un carácter multitudinario.
Los directores médicos de la red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) señalaron que el Gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria de este año, destinada a su funcionamiento operativo. No se trata de un tema trivial o contable simplemente. Los hospitales de la UBA atienden nada menos que a 700 mil personas por año y se encargan de la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud. Las autoridades del Hospital de Clínicas informaron que en la actualidad está funcionando al 50%, y que no se se puede seguir ajustando más.
Hasta aquí el Gobierno ha medrado con una situación político-social de debilidad del campo popular para resistir y dar respuestas al actual modelo ultraliberal. Pero así como hasta aquí avanzó vertiginosamente con sus políticas, también se acelera su desgaste.
Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba expone que el 57% de los argentinos declarantes nunca votaría a Milei, mientras que la desaprobación de su gestión trepó al 64,5%. Por su parte, el 71,2% de la población considera necesario un recambio de gobierno, pero no se identifica todavía quién debería encabezarlo.
Sin embargo, la protesta social continúa creciendo a partir de lo cual se van generando condiciones para la construcción de alternativas políticas opuestas a las opciones que proponen “gobernabilidad” y “continuidad del modelo”. Por el contrario, se debe partir de la necesidad de la imprescindible unidad y programáticas que salgan al encuentro de las cruciales demandas sociales, comenzando por las más urgentes. Se trata de encauzar y transformar el descontento en una renovada esperanza política.
