Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La dificultad para alcanzar acuerdos con los bloques de la Cámara de Diputados que integran la llamada «oposición dialoguista» llevó a que este viernes a última hora el ministro de Economía, Luis Caputo, informara que se retira del proyecto de Ley Ómnibus el paquete fiscal, que comprende, según las indicaciones del ministro, el blanqueo, la moratoria, las modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, a los derechos de exportación (retenciones) y el cambio de la fórmula jubilatoria. Además, anunció el retiro del proyecto (presentado por fuera de la Ley Ómnibus) de Impuesto a las Ganancias para los ingresos de los/as trabajadores/as.
El ministro expresó que el objetivo es poder aprobar el resto de la norma, ya que «lo más importante es la parte estructural de la ley, que va a generar el cambio en Argentina, para cumplir con el déficit fiscal cero». Enfatizó también que «en el Congreso hay enorme consenso en que el resto del paquete es absolutamente beneficioso para el país».
Como ya se ha expresado, ratificó que el equilibrio fiscal financiero sigue siendo el propósito principal y, por lo tanto, se tomarán las medidas necesarias para lograrlo, lo que generará mayores recortes sobre todos los sectores de la economía.
Cabe mencionar que el déficit financiero de 2023 finalizó en un 6,1% del PBI, (incidido por un 3,2% del PBI de los intereses de la deuda, principalmente la contraída con el FMI) que es la magnitud que habría que recortar, y dado que se están resignando ingresos, toda esa brutal poda seguramente será sobre los gastos. Respecto a esta situación, reflexionó: «hoy tenemos el compromiso de no resignarnos para que el esfuerzo valga la pena. La situación va a mejorar, no se sale de 70-100 años de desmanejo en dos meses». En definitiva, «la luz al final del túnel».
Esta decisión está lejos de mejorar las perspectivas. Porque viene asociada con un mayor ajuste y porque el resto de las medidas que intentan aprobar significa retroceder a la Constitución Nacional de 1853, dejando de lado los derechos que se han conseguido a lo largo de nuestra historia, lo que configuraría un gran retroceso como sociedad y como Nación.
Si bien en su discurso Caputo intentó mostrar una conducta de diálogo y comprensión, no se pueden olvidar las constantes amenazas de parte de funcionarios del Ejecutivo a los/as diputados/as y gobernadores para que aprueben la Ley Ómnibus.
La semana pasada el propio ministro, con un tono totalmente opuesto al que usó el viernes, expresó que mantuvo reuniones con funcionarios «para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado». A lo que agregó: «no es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico». El retiro del capítulo fiscal es la concreción última de esta «no amenaza».
En este entorno, el proyecto que se intenta aprobar, ahora sin el capítulo fiscal, refleja las ideas que manifestó el presidente Javier Milei en su discurso en Davos. Una concepción ideológica que rechaza la idea de justicia social e impugna el rol del Estado como redistribuidor de ingresos y regulador de los procesos de mercado entre desiguales (como ocurre en las operaciones entre propietarios e inquilinos, empleadores y trabajadores, empresas formadoras de precios y consumidores, etc). Se plantea un escenario en el que se deja la economía librada al «mercado», una postura que significa beneficiar a los sectores más concentrados que suelen imponer sus propias reglas.
Uno de los puntos más controversiales de esta iniciativa es el que establece la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. Delegación por un plazo de hasta cuatro años en el texto original, que luego se redujo a un año en el dictamen (con posibilidad de que el Congreso la prorrogue un año más). La modificación no hace a la diferencia, dado que durante el primer año el Ejecutivo podría revertir muchas de las modificaciones que podría votar la «oposición dialoguista» en una eventual sanción de la ley. Cuestión aún más relevante luego del anuncio del ministro Caputo del último viernes.
Se atenta contra el propio funcionamiento de la democracia y la división de poderes. Los legisladores somos elegidos a través del voto popular y tenemos la legitimidad y el mandato de legislar en los más diversos aspectos, un rol que quedaría desvirtuado con la delegación de facultades que se propone.
En cuanto al texto del proyecto, otro punto a destacar es la privatización de empresas del Estado. La medida se intenta justificar, como en otros tiempos, bajo el pretexto de reducir el gasto público que se destina a financiar a las mismas.
Analizando los números más en detalle, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a empresas públicas por un equivalente al 1,22% del PBI. De ese total, un 0,6% del PBI se destinó a empresas energéticas, en particular a Energía Argentina SA (ex Enarsa). Pero sucede que los subsidios a los usuarios de gas se «canalizan» a través de la ex Enarsa, lo que no significa que se esté subsidiando a la empresa para cubrir déficits producto de la «ineficiencia». Agrega la OPC: «es el Estado quien decide subsidiar el consumo energético y lo hace imponiendo en las empresas estatales precios por debajo de los que surgirían de una decisión empresarial autónoma». Adicionalmente, gran parte de los fondos que recibió ese organismo fueron para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en 2023, con todos los beneficios que esta obra aporta y aportará al país.
Si esta empresa se privatiza, así como muchas otras, primará la búsqueda de la máxima ganancia empresaria posible, muy lejos de los intereses del país y de la mayoría de sus habitantes. Además, el actual gobierno desconoce la importancia de la rentabilidad social que generan estas empresas públicas (que no puede medirse por un estricto concepto de caja) ya sea porque brindan servicios en territorios que no resultan rentables, o por la importancia de los desarrollos científicos, tecnológicos y socioculturales que abonan al progreso y la soberanía del país. Por ello, resulta fundamental defender el concepto de que determinados sectores estratégicos de la economía deben estar en manos del Estado.
Paro y manifestación
La amplia y masiva convocatoria que tuvo el paro y manifestación del 24 de enero da cuenta de la insatisfacción y preocupación de importantes segmentos de la población ante las medidas que pretende imponer este gobierno. A pesar del intento de algunos medios de comunicación y de funcionarios del gobierno de minimizar este reclamo popular, tanto los representantes sindicales como los/las trabajadores/as, los/las jubilados/as, las representantes de organismos de Derechos Humanos, y mucha gente autoconvocada estuvieron presentes y se hicieron oír en un marco de protesta ordenada y pacífica a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional.
Ya sea a través de los debates legislativos en el Congreso de la Nación o la ciudadanía en las calles, queda claro que hay un amplio espectro de argentinas y argentinos que le hacen frente a las políticas económicamente y socialmente inviables para las mayorías que intenta instalar el gobierno de la Nación.
