Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
La estrategia para llegar al déficit cero, por parte del Ministerio de Economía, ha tenido una importante dificultad con los recientes números de la situación fiscal del año 2023. En la información inicial para llegar al equilibrio fiscal se partía de un déficit financiero (incluido pago de intereses) del 5,0% en 2023, y a partir de allí se resumían políticas para mejorar los ingresos y reducir gastos, muchas de ellas incluidas en el DNU 70/23 y en la llamada Ley Ómnibus.
Pero en los datos definitivos de 2023, el Sector Público Nacional exhibió un déficit primario del 2,9% del PBI, y un déficit financiero del 6,1% del PBI. Estos guarismos significan que el ajuste tendría que ser un punto mayor, para llegar al déficit cero propuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese punto adicional responde al mayor gasto que generó en 2023 el pago de los intereses de la deuda pública, principalmente al FMI, que subió significativamente sus tasas de interés. En efecto, la diferencia entre el déficit primario y el financiero son los intereses de la deuda, que llegaron al 3,2% del PBI en 2023, cuando el año anterior fueron del 1,8%.
Una reducción del déficit fiscal del 6% del PIB en un solo año es algo no visto a nivel mundial. Ningún país ha realizado semejante ajuste en un tiempo tan breve. La contrapartida sería una muy fuerte caída de la producción y un elevado empeoramiento de las condiciones sociales, aspecto que ya se está observando en apenas cinco semanas de asumido el Gobierno.
Tal reducción del déficit se complica aún más con el anuncio, el viernes pasado, del retiro del capítulo fiscal de la denominada “Ley Ómnibus”, puesto que ello significa que el mayor peso del ajuste se aplicará sobre los gastos, intensificando aún más la recesión. Con mayor recesión, los ingresos fiscales caerán en términos reales, y ello generará más presión para recortar más gastos para llegar al equilibrio fiscal, en un proceso de retroalimentación negativa hasta un nivel que deviene como irrealizable.
Hay un tema que no se puede obviar: el FMI, al igual que la mayoría de los analistas ortodoxos, siempre ha exigido equilibrio primario, es decir, sin considerar los pagos de intereses. Este Gobierno decide ir por más, en una decisión que podríamos definir como desmedida, llegando a la búsqueda del equilibrio financiero, es decir con los intereses incluidos. En estos momentos de altas tasas de interés significa, lo reitero, un recorte adicional de 3,2% del PBI, un sacrificio para la sociedad que ni siquiera avalan los más conspicuos defensores del neoliberalismo.
En este entorno hay que analizar los anuncios del viernes pasado, que intentaron mostrar un gobierno dialoguista y conciliador, pero que, en definitiva, al perseverar en el logro del equilibrio fiscal, tiene por objeto cumplir con lo expresado días atrás por el ministro Caputo, quien informó que con su equipo se reunieron para “delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos (de la Ley Ómnibus) es rechazado”. Y aclaró que “no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”.
Entonces, la pregunta es ¿hasta dónde van a llegar a reducir partidas para intentar cumplir con ese quimérico objetivo? ¿Hasta dónde se va a tensar la cuerda del enfrentamiento con los otros dos poderes, y con la forma representativa, republicana y federal de nuestra Nación?
En estos aspectos, hay un interés especial del Gobierno por aprobar la Ley Ómnibus, y el retiro del paquete fiscal abona en este objetivo. Porque más allá de los distintos cambios que se han acordado con la oposición “dialoguista”, y que pudieran llegar a votarse en la próxima sesión en Diputados, el punto central del proyecto se encuentra en los cuatro primeros artículos, que podrían obtener sanción. Los mismos se refieren a las facultades delegadas, que han sufrido algún cambio, el principal de ellos fue reducir el período de delegación a un año, prorrogable por otro más con acuerdo del Congreso, cuando en el original se proponía por cuatro años. No obstante, tal reducción no representa, a mi entender, un avance. En el primer año de vigencia de las facultades delegadas, el Ejecutivo podría revertir la gran mayoría de los cambios acordados con la oposición “dialoguista”. Ya se trató en el inicio de esta nota la importancia que le asignan a llegar al déficit fiscal cero y las limitaciones que esa búsqueda implica, lo cual acrecienta la posibilidad de futuros DNU para recortar aún más los gastos, a costa de, muy probablemente, el cercenamiento de derechos. Ni hablar de las privatizaciones: las mismas quedan al arbitrio del Ejecutivo, como quedó expresado en el dictamen de mayoría.
En resumen, resulta esencial prestar atención al tema de las facultades delegadas y en tantas materias como propone el proyecto de ley que, si llegara a ser validado por el Congreso, podría generar un fuerte recorte en las funciones del mismo, debilitando, conjuntamente con las políticas de ajuste, la forma representativa, republicana y federal de nuestra Nación.
