Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Según sostiene el presidente electo Javier Milei, si su gobierno no aplica un fuerte ajuste se producirá una hiperinflación que va a generar un 90% de pobreza. En paralelo, Mauricio Macri habló de la necesidad de aplicar un ajuste “bestial”. ¿Qué están diciendo? Que el ajuste es el costo que hay que pagar para no ir al escenario de “la peor crisis de toda nuestra historia”. Ello, por supuesto, no es necesariamente así.
Además ese ajuste, el que supuestamente impediría un proceso hiperinflacionario, también produciría un profundo deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Ajustar conlleva recortar y la magnitud del recorte que el presidente electo está proponiendo afectaría a una gran parte de la sociedad. Porque ese ajuste excede largamente “a la política”. A tal punto es de ese modo que el electo jefe de Estado, ante una pregunta sobre el próximo pago del segundo medio aguinaldo de los empleados públicos, no ha tenido una respuesta afirmativa contundente.
Hay diferencias importantes entre el inicio de la gestión de Milei comparado con el inicio de la gestión de Macri en 2015: este último venía de una campaña electoral donde había mentido sobre parte de las políticas que proponía implementar. Entre otras promesas, había asegurado que iba a respetar todo lo que estuviera bien del gobierno anterior y que derogaría el Impuesto a las Ganancias. Fueron los tiempos en los que hablaba de una “revolución de la alegría” como punto de partida de una Argentina de la felicidad.
Milei, en cambio, ganó diciendo todo lo que pretende hacer. Por eso afirma: propuse el ajuste y la gente me votó y me dio legitimidad para que lo haga. Lo cual es cierto. Pero ahí también comienzan los matices. Por ejemplo, ¿todo el sector de la sociedad que lo votó es consciente acerca de qué significa el ajuste que está promoviendo y cómo, en muchos casos, los incluirá y los transformará en afectados?
Con buen criterio, desde el punto de vista de su proyecto, Milei dice que tiene que hacer todo rápido en el principio, cuando mantiene la máxima credibilidad. En seis meses o en un año la legitimidad no será la misma y, entonces, las políticas de shock serán más difíciles de aplicar. En la misma línea, ahora sostiene que las políticas de ajuste que propone llevar adelante, y sus efectos negativos, son –según él– una consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno actual.
¿Puede funcionar un modelo así? Sólo durante un tiempo, mientras esté vigente, entre otras cosas, el discurso de que la culpa de lo que sucede es de los que estaban antes. Ese 55,69% que votó al presidente electo, pese a todo lo que se dijo y se alertó durante la campaña electoral, le va a dar un crédito a la implementación de su modelo de país. Pero es un proyecto difícilmente sustentable en el mediano y largo plazo. Las sociedades pueden votar contra sí mismas pero no soportar durante mucho tiempo políticas que empeoran sistemáticamente sus condiciones de vida.
Hay una segunda diferencia importante entre el inicio de las presidencias de Macri y de Milei: el primero asumió en un país desendeudado y con una economía ordenada y en crecimiento. No quiere decir que el país no atravesaba problemas, pero eran menores comparados con los que dejó el jefe del PRO cuando finalizó su gobierno en 2019. Hoy, por el contrario, estamos ante una Argentina hiperendeudada, con alta inflación y altos niveles de pobreza. Diversas cuestiones como la pandemia, la guerra y la sequía, sin desconocer errores propios, dificultaron revertir el punto de partida del gobierno actual. Es en este escenario que el presidente electo propone políticas de ajuste que comienzan con la eliminación total de la obra pública. Sin solución de continuidad se amenaza con que “se aplicará la ley” a aquellos que no acepten el deterioro de sus condiciones de vida, consecuencia del desempleo o de la reducción de sus ingresos reales. Ya sabemos qué quiere decir en el lenguaje del neoliberalismo “hacer cumplir la ley”.
El próximo gobierno ha sido votado para que permanezca cuatro años y habrá que tratar de lograr que sus políticas sean lo menos gravosas para la población en general, y sobre todo para los sectores más vulnerables. Para ello es necesario construir mayorías que le pongan límites a ese proyecto. Nada es para siempre.
El presidente electo ha dicho que incluso las obras públicas en ejecución que no tienen el financiamiento asegurado se van a interrumpir. El planteo general es que todo lo que se haga tiene que tener rentabilidad positiva. Por ejemplo, si se trata de rutas, quienes invierten en su construcción o mantenimiento se quedan con el negocio del cobro de peajes. Esto contribuye a una ampliación de la brecha de la calidad de los servicios entre quienes puedan pagarlos y los que no pueden hacerlo. La inversión tiende a orientarse a aquellas obras que se autofinancien porque hay un sector solvente dispuesto a pagar por bienes y servicios de calidad. Ello, por supuesto, va a aumentar la fragmentación de la sociedad.
Al cierre de esta nota, se observan diversas tensiones entre grupos que pujan por integrar el futuro equipo de gobierno. Hay funcionarios, que supuestamente serían designados, que han revistado en las filas del Grupo Techint o en la Corporación América de Eduardo Eurnekian. Otros proceden del PRO y del entorno de Macri como Patricia Bullrich y Luis Caputo. En la disputa alrededor de quién ocupará la Presidencia de la Cámara de Diputados, Florencio Randazzo o Cristian Ritondo, entre otros, o en la designación como titular de la ANSES del economista Osvaldo Giordano, en lugar de Carolina Píparo, parece expresarse una fuerte discusión entre La Libertad Avanza, el PRO y los partidarios de Juan Schiaretti.
Hay cuatro años por delante de un gobierno elegido por la voluntad popular. Una mayoría legitima su mandato. En ese escenario, resulta imprescindible reafirmar nuestros valores, el de la solidaridad, el de la inclusión y el de la justicia social, entre otros, y fortalecernos en todos los logros alcanzados en estos 40 años de democracia. Se trata de continuar defendiendo un Estado nacional presente que genere una mejor redistribución del ingreso, con un enfoque federal, con el respeto a las minorías y las disidencias, con preocupación por el cuidado de la “casa común”.
