Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Si bien consiguió la media sanción en el Senado de una parte del proyecto de Ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el gobierno nacional sufrió un gran revés al tener que resignar la mayor parte de la iniciativa. El “triunfo” fue, en realidad, una gran derrota.
Para conseguir acuerdos y evitar una frustración legislativa aún mayor, en el tratamiento en comisión el oficialismo quitó el apartado sobre la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. De esta forma, la denominada Ley de Barrios Populares seguirá sosteniendo la suspensión de desalojos en esos asentamientos y la declaración de utilidad pública de esas tierras.
La presión social llevó a varios legisladores a reconsiderar sus eventuales apoyos al capítulo conocido como “Ley de Tierras”, que ampliaba las posibilidades de compra de territorio por no residentes. Al no poder lograr la alianza transversal con gobernadores y otros sectores políticos para asegurar su votación favorable, el oficialismo quitó dicho capítulo de los temas a discutir el pasado jueves. No obstante, su eliminación no logró desactivar la movilización popular en rechazo del proyecto, que igualmente se congregó en las inmediaciones del Congreso (así como en muchas localidades del país), con una fuerte represión en las afueras del Palacio Legislativo.
En este marco, durante el tratamiento se rechazó otro capítulo sensible, que planteaba la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, texto aprobado en 2020 para limitar básicamente los incendios intencionales relacionados con la posterior venta de tierras para hacer “negocios” inmobiliarios o agropecuarios. La propuesta del Ejecutivo eliminaba algunas de esas restricciones y limitaba la protección a un grupo más estrecho de territorios.
El texto quedó entonces reducido a dos capítulos que igualmente resultan gravosos para la sociedad.
Uno de ellos es la aceleración de los procesos judiciales para recuperar un inmueble, lo cual dejaría a los inquilinos y ocupantes con menos tiempo para apelar. Es una especie de “desalojo exprés”, como lo denominaron algunos medios.
Por otro lado, se aprobó el capítulo relacionado con la expropiación por parte del Estado de una propiedad para realizar una obra de interés público. Hasta ahora, si el gobierno expropiaba un bien debía pagar una indemnización por el valor del mismo. La reforma agrega exigencias y amplía el monto que el Estado deberá abonar: además del precio de la propiedad, en el cálculo se podrán incluir las ganancias que el dueño asegura que dejó de obtener por la expropiación (lucro cesante). Son escollos para avanzar en un futuro en procesos de expropiación para construir rutas, escuelas u hospitales.
Entre las marchas atrás de estos días no hay que dejar de mencionar el fallido decreto para desregular el practicaje y pilotaje en los puertos y en determinadas condiciones eximir la contratación de estos servicios: una decisión altamente peligrosa en el Río de la Plata. La norma desencadenó en una protesta de los empresarios y de los trabajadores del sector, que dejó entre 140 y 150 buques detenidos. Finalmente, el gobierno suspendió su aplicación y acordó una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y pilotaje, así como la conformación de una mesa de trabajo para revisar el detalle de la actividad.
Lo relatado indica que en la población existe un reservorio importante para la toma de posición en temas sensibles, como los relacionados con la soberanía y el manejo de los recursos. En última instancia es un rechazo al modelo que busca crear puentes para que los sectores concentrados, locales y del exterior maximicen sus ganancias, aun a costa de la enajenación del patrimonio nacional.
Defensa oficial de la “desindustrialización”
A pesar de las consecuencias negativas del modelo en términos de producción y empleo, los funcionarios siguen defendiendo la orientación de las actuales políticas. En medio de un debate entre analistas por el deterioro de la industria, el ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que “en el modelo de los cracks anteriores, la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos”.
Los datos sin embargo muestran otra cosa. Durante el gobierno de Néstor Kirchner el producto manufacturero, medido según los datos del PBI, creció un 8% anual promedio, un 1% anual en la gestión de Cristina Kirchner (+3,5% en la primera y -1,5% en la segunda). Durante la administración de Mauricio Macri, la producción manufacturera cayó un 3,6% anual promedio, para luego crecer un 2,5% anual en la gestión de Alberto Fernández. A su vez, en los dos años transcurridos entre 2024 y 2025 se produjo una baja del 4,5% anual promedio. Las estadísticas dejan en claro que las políticas neoliberales son contrarias a la expansión de la industria.
Respecto de las perspectivas a futuro, el Poder Ejecutivo promete que si la macro está bien y hay reglas “claras” luego vendrá la inversión y se generará empleo y bienestar en los demás sectores. Es el derrame que nunca se verifica.
Para que la industria nacional se reactive hay que protegerla de la competencia externa, tal como hacen otros países. Y para que suba el consumo y el mercado interno se deben mejorar los ingresos de las personas. Nada de esto está ocurriendo.
No se va a generar suficiente empleo en la minería o en los sectores energéticos como para reemplazar los puestos que se pierden en las empresas textiles y las metalmecánicas que se cierran, los comercios que bajan sus persianas, y la construcción que está debilitada.
Los impactos negativos en la sociedad también se expresan en la mayor morosidad de los hogares. Cuando las familias tienen que recurrir al endeudamiento para cubrir necesidades básicas, se enfrentan a una solución corta, que sirve para un mes, para el segundo, pero al siguiente ya no se puede pagar el crédito y entonces se agrava la situación, tanto la alimentaria como la crediticia.
Hoy queda más que claro que hay un tema de falta de ingresos, más allá de que el gobierno trate de negar el problema de la mora señalando que es un “acuerdo entre privados” y que nadie les puso a los hogares “una pistola en la cabeza” para endeudarse. Parte de la solución pasa por aplicar políticas impositivas progresivas que graven a las grandes fortunas y a las grandes rentas. De lo contrario, seguirán prevaleciendo los recortes permanentes del gasto, que implican menos obra pública, menos salud y menos educación.
No es correcto hablar de “la macro” desconociendo la realidad de la micro, de lo que le pasa a la gente y a las empresas cotidianamente. Las “buenas” políticas son las que terminan mejorando las condiciones de vida de las personas. Es precisamente lo que el actual modelo no puede ofrecer.
