Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
En la semana, un medio económico especializado comentó extensamente un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En la nota se señala que en el primer cuatrimestre del año el gasto público creció 14,6 por ciento en términos reales (descontando la inflación).
Si bien el texto buscaba poner el foco en otra cuestión (un supuesto riesgo de incumplimiento fiscal con el FMI), la afirmación admite otras lecturas. Por caso, que no estamos en presencia de un ajuste del gasto público, más bien de lo contrario.
En el desagregado de las partidas, el informe de la OPC indica que el grueso de la expansión de las erogaciones tiene que ver con los gastos corrientes. Las jubilaciones y pensiones, el gasto más significativo en términos absolutos, crecieron 5,7 por ciento por encima de la inflación. Las asignaciones familiares y AUH lo hicieron 17,5 por ciento real. Los salarios de la administración pública nacional se incrementaron 11,7 por ciento real. Programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar y otros, son menos significativos en valores absolutos, pero el gasto creció 21,9 por ciento por encima de la inflación. Los subsidios a la energía, por su parte, crecieron significativamente en términos reales, un efecto directo de los aumentos de precios internacionales derivados del conflicto bélico.
Si bien el título de la nota referida quiso poner el énfasis en las dificultades con el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, en el cuerpo de dicha crónica, los analistas consultados realizan observaciones alentadoras, porque indican que el Gobierno estaría cumpliendo con las metas pautadas con el FMI. Calculan un déficit primario de 0,8 por ciento para el primer semestre, con lo cual queda margen para cumplir. La cuestión del cumplimiento fiscal en este año es un tema que está cada vez más presente en los diversos análisis económicos. Y como vemos, con incremento del gasto. Todas estas medidas son una muestra de una preocupación por mejorar la distribución del ingreso.
Cabe aclarar que el problema de base fue el impagable endeudamiento con el FMI contraído por la administración macrista. Un acuerdo que este Gobierno jamás hubiera propuesto, pero luego de arduas negociaciones, el programa vigente es el menos malo de los acuerdos posibles. En resumen, se busca llegar a un déficit fiscal de 2,5 por ciento del PIB, con una emisión monetaria de 1,0 por ciento del PIB, y todo ello sin contracción de la economía, ni de las jubilaciones y pensiones, ni de los programas sociales, sino con incremento real del gasto y de la recaudación, un proceso que sigue requiriendo imperiosamente una mayor progresividad.
El vocero del FMI, Gerry Rice, se refirió a los “buenos progresos” en las negociaciones, y sostuvo que “si bien estamos mirando el priorizar políticas, los objetivos y metas del programa continúan sin cambios”. Para agregar que “es su programa económico (en referencia a nuestro país) y, en este contexto, asegurar que los objetivos sean alcanzados”.
Estamos, además, dentro de un complejo escenario en el que la suba de precios (vinculada fundamentalmente a la puja distributiva) tiende a neutralizar los enormes esfuerzos que se están haciendo para mejorar la situación social de millones de argentinos y argentinas, y pareciera ser que nunca son suficientes. Y de lo que se trata es que los sectores más desprotegidos no pierdan frente a los precios.
Fruto de las discusiones sobre temas puntuales, se pudo avanzar recientemente en decisiones como el adelanto de la actualización del salario mínimo vital y móvil, o el anuncio del incremento en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, entre otras.
Estoy convencido de que la respuesta que tiene que dar el Gobierno y el Frente de Todos es de tipo propositivo y consiste en dar soluciones a lo que le pasa cotidianamente a la ciudadanía. Por caso, hay ahora un proyecto de senadores/as para ampliar la moratoria para las personas que no tienen suficientes aportes para jubilarse. También está la media sanción en el Senado para identificar dónde están los fondos de quienes evadieron y los fugaron al exterior, iniciativas que esperemos que obtengan aprobación final en el Congreso.
La principal amenaza viene por el lado del neoliberalismo y de las políticas que pretende implementar. Por eso, no hay otro camino que fortalecerse haciendo eje en los puntos en común, que sin dudas superan con creces a las diferencias.
