Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Desde el inicio de este gobierno, pero más intensamente desde que surgió la cuestión de Vicentin, y acentuado en estas últimas semanas, desde la oposición y varios medios se insiste en una suerte de ataque que estaría realizando el gobierno hacia la propiedad privada. Nada que ver con la realidad.
Lo ocurrido en el predio de Guernica no puede ocultar el trasfondo del problema, que es el de la vivienda o el de la precariedad del trabajo. Más allá del desalojo que ordenó la justicia en medio de tratativas del gobierno provincial para resolver el tema, hay un problema real que la sociedad debe encarar y que deviene de la forma en que se distribuye el ingreso y se acumula la riqueza. Ahora hay un modelo redistribuidor y con un Estado presente, y a muchos no les gusta, quieren volver al modelo concentrador de los noventa, o al del gobierno macrista.
Recientemente el papa Francisco publicó la encíclica “Fratelli Tutti”, que resulta muy apropiada en esta discusión. Allí se dice, entre otras cuestiones: “el derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica”. Francisco expresa una frase contundente: “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada”. También afirma que “el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente”.
Más allá de estas reflexiones de la encíclica que van al centro de lo importante, ciertos sectores pretenden alertar que con las políticas de este gobierno están en peligro la casa, el terreno o el automóvil de los ciudadanos, e incluso las PyMEs en sus más diversas dimensiones. Pura mentira, pura noticia falsa. Con este tipo de argumentos solo se busca asustar para mantener el statu quo, para defender una lógica de acumulación que no hace más que concentrar riqueza en unas pocas manos. Estos interesados enfoques intentan proponer que la matriz social de la Argentina es intocable y que la pobreza y otros males son un destino inevitable. No es así, aunque revertir dicho modelo requiere de un apoyo popular muy grande, respaldo que el gobierno está embarcado en ampliar aún más.
Atender las cuestiones estructurales
El jueves por la mañana el Presupuesto 2021 obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora pasará a ser tratado por el Senado de la Nación. En lo esencial, es un proyecto que apunta tanto a la recuperación de la economía como a la solución de los problemas de índole estructural. Refleja cabalmente la visión que tiene el gobierno sobre el modelo de país.
El ministro Guzmán lo definió como “ancla del esquema integral macroeconómico de transición”. Sus previsiones no ajustan el gasto, sino que se dirigen a aumentar la actividad y los ingresos. En términos macroeconómicos, y teniendo en cuenta el punto de partida, es el mejor camino para el crecimiento inclusivo y avanzar hacia la sostenibilidad fiscal. Se orienta a disponer el esfuerzo público en sectores clave como la salud, la educación, la ciencia y tecnología, e incorporar los temas de diversidad y género como un rubro, antes inexistente, del presupuesto.
Las prioridades están claras desde el vamos. Lo que se ahorra en intereses producto de la reestructuración de la deuda pública (unos dos puntos del PIB) se destinará íntegramente a incentivar rubros verdaderamente prioritarios, entre ellos infraestructura y vivienda. Antes se buscaba recortar el gasto social para pagar más intereses, ahora se busca hacer exactamente lo contrario.
Siguen las noticias alentadoras
Los indicadores de actividad económica siguen trepando hacia los niveles previos, que por cierto ya eran magros. Por ejemplo, según los datos adelantados de consultoras privadas, el tercer trimestre del año finalizaría con una suba cercana al 11% con respecto al segundo trimestre, momento en el que se sintieron los efectos plenos de la pandemia. Algo similar ocurre con la industria, y dentro de ella con el sector automotriz, con la producción de acero crudo y con el sector de la construcción. Y las políticas públicas se enfocan en garantizar y profundizar este proceso de recuperación que se empieza a sentir.
En este marco, en la semana se aprobó el ATP 7 (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción), que conlleva el pago de parte de los salarios y la reducción de aportes patronales a las empresas de sectores económicos calificados como “críticos”. Además, se adjudicaron más de 42.000 préstamos en el marco del ProCreAr y se incorporarán a la AUH un millón de niños, niñas y adolescentes.
Desde hace meses se oye a conocidos analistas decir que los mercados esperan una devaluación y que se trata de algo inexorable. Lo justifican en base a la cotización de los dólares “libres”, como los denominan, proveniente de operaciones especulativas que mueven poco volumen. También dicen que hay una inflación “reprimida” por los precios “máximos” o los “cuidados”.
Las recomendaciones de devaluación y ajuste no son otra cosa que un chaleco de fuerza para el poder adquisitivo de la población y consecuentemente de las PyMEs que dependen del mercado interno. No es algo que el gobierno vaya a convalidar. La falta de racionalidad de los dólares “alternativos” se expresó en la fuerte caída de sus cotizaciones en esta última semana. Aún tienen un largo trecho por recorrer, ya que están “recontra adelantados”, como dijeron algunos economistas. Sin embargo, en estos días la baja del dólar ilegal, el Mep o el contado con liqui, casi no fue noticia.
Pero la realidad se ocupa de cuestionar toda esta parafernalia devaluatoria. Con la idea de afianzar el corto plazo y de seguir proyectando hacia plazos más largos, se continúa con la política de profundizar el uso de instrumentos en moneda local como fuentes de financiamiento del Tesoro. En total se emitieron títulos por $ 254.671 millones, entre los que se destacó el bono en pesos vinculado a la evolución del dólar por un valor estimado de USD 1.660 millones. Sumando las licitaciones de todo el mes, los fondos obtenidos alcanzaron los $ 420.583 millones, lo que implica una colocación de recursos un 246% superior a las necesidades de refinanciamiento de los vencimientos, el mayor del año, destacó el comunicado del Ministerio.
La emisión de títulos realizada permite, asimismo, continuar con la reducción, que alcanzará para el mes de octubre un monto de $ 125.780 millones, de la asistencia que el Tesoro recibe en concepto de adelantos transitorios por parte del Banco Central, cuyo límite máximo está definido en la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.
Los desafíos son importantes. Las necesidades son muchas y hay grandes dificultades: no es posible recuperar en un año todo lo que se deshizo en cuatro, agravado por la inesperada pandemia. Además, hay que encarar de la mejor manera para tranquilizar la economía. Por este camino transitan las políticas tomadas por este gobierno y los lineamientos del Presupuesto 2021 aprobado esta semana en Diputados.
