Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El Poder Ejecutivo convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de este año para tratar seis temas, entre ellos el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, con el mismo texto que el ingresado en septiembre pasado.
Insistir con este proyecto presenta varias vulnerabilidades. Primero, que incluye una serie de inconsistencias y proyecciones macroeconómicas sin sustentos sólidos, a la vez que ratifica el propósito de continuar el actual rumbo regresivo y anticipa un mayor impacto sobre los sectores medios y más vulnerables de la sociedad.
Por ejemplo, la inflación proyectada por el Gobierno para este año es del 24,5% (noviembre dio 2,5% de aumento): para llegar a dicho guarismo, este diciembre debería dar una deflación (baja de precios) del 2,7%. No es un tema menor, porque ya se parte de una base de ingresos y gastos de este año con caída en términos reales, por lo que las variaciones proyectadas para 2026 quedan desactualizadas. Tampoco parece razonable calcular gastos e ingresos con un dólar de 1.300 pesos a diciembre próximo y 1.426 pesos en igual mes de 2026, considerando que la cotización actual ronda este último valor.
Segundo, se han tomado varias medidas que afectarán los resultados y que no están incorporadas en el Presupuesto, entre otras, la baja de retenciones a exportaciones agropecuarias comunicada recientemente, o el swap tomado con el gobierno de Estados Unidos (del cual no se tiene información alguna en sus aspectos técnicos ni en sus condicionamientos).
Pero lo más preocupante es que no se consideran los gastos necesarios para aplicar las leyes que han sido ratificadas por el Parlamento, como el Financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente (Ley 27.795), la Emergencia nacional en discapacidad (Ley 27.793), y la Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud (Ley 27.796). Si los recursos para estas leyes no se incorporaran en la Ley de Presupuesto que se estaría aprobando, sería un grave atropello contra el consenso social que ha apoyado y reclamado estas leyes y, más grave todavía, un desconocimiento al otro Poder del Estado que las sancionó.
Más recortes
También cabe alertar sobre varios artículos del proyecto de Presupuesto, como el número 30, que elimina normas vigentes que garantizan el financiamiento, o fijan un piso de recursos presupuestarios para programas esenciales en materia educativa, del sistema nacional de ciencia y tecnología y de defensa nacional. Resaltan en estas derogaciones el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, por el cual la inversión en el área ―tal fue en su momento el compromiso federal― debe tener una tendencia creciente hasta alcanzar un mínimo de 6% del PIB, y el artículo 72º del proyecto oficial que deroga la ampliación del beneficio otorgado por la ley de Zonas Frías, consistente en descuentos en la factura de gas en favor de cientos de miles de hogares, mientras el 73º pretende dejar sin efecto la actualización automática de las asignaciones familiares.
Se vulnera así el espíritu de varias leyes (sea por su no aplicación o por su derogación total o parcial) que han sido pilares del entramado social argentino. Tampoco hay financiamiento para la obra pública ni para las cajas previsionales provinciales, entre tantos otros asuntos clave.
El proyecto de Presupuesto 2026 está orientado por la premisa del “equilibrio fiscal sostenido”, un tema también presente en los preceptos del “Consejo de Mayo”, aunque en este caso se avanza un poco más y se lo denomina “equilibrio fiscal innegociable”. Llamativamente, se mencionan como ejemplos países que han establecido reglas fiscales de diverso tipo, entre ellos Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, economías desarrolladas que se caracterizan por tener déficits fiscales (en el caso de los dos últimos, bastante significativos), con su consiguiente endeudamiento.
Se propone “limitar la promulgación de legislación que atente contra el objetivo fiscal”; se prohíben expresamente los déficits financieros y se establece que será el jefe de Gabinete el responsable de corregir los desvíos (incluyendo recortes o reprogramaciones de partidas que amenacen el equilibrio fiscal), lo que se convertiría en un virtual condicionamiento al Parlamento. Por ejemplo, para el actual Gobierno, contemplar las necesidades de las personas con discapacidad y del personal que las atiende es un atentado contra el equilibrio fiscal, cuando la magnitud de estas acciones tiene un impacto más que exiguo en los resultados fiscales.
Todo ratifica que la gestión libertaria va a seguir empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, destruyendo PyMEs, con mayor desempleo, con capas medias y demás sectores populares que van a continuar perdiendo derechos. Si se aprueba este proyecto de Presupuesto, más allá de algunas modificaciones que pudieran hacerse y que probablemente no alterarán su esencia, se intensificará aún más la crítica situación descripta.
