Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La CGT y las dos CTA, junto a un arco diverso de organizaciones políticas y sociales, encabezaron una compacta marcha hacia Plaza de Mayo en rechazo de la “modernización laboral” impulsada por el gobierno. Lo mismo ocurrió en muchas ciudades del país. La convocatoria fue federal.
Desde hace unos días venimos sosteniendo que la discusión sobre la “modernización laboral” podía transformarse en un punto de inflexión para el gobierno, tal como fue para el macrismo el tratamiento de la reforma previsional. Con las marchas en todo el país y el debate parlamentario, este jueves terminó la idea de un gobierno nacional muy fortalecido y sin oposición. El clima comenzó a cambiar. Se inicia una nueva etapa.
En la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo recibió un golpe muy fuerte. Una mayoría de legisladores y legisladoras rechazó el capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, por el cual, entre otros cambios, el oficialismo intentaba eliminar las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, modificaba aspectos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la actualización de la AUH y Asignaciones Familiares, los subsidios al gas por zona fría, y habilitaba la condonación de deudas a empresas de energía. También se había incluido un fondo especial de $21.347 millones para la “Jurisdicción 5 del Poder Judicial”.
Además, el debate sobre el proyecto de ley de Presupuesto dejó en claro que el dogma gubernamental del equilibrio fiscal es principalmente discursivo. En el texto de la “Ley de Leyes” no figura la reducción de las retenciones ni la disminución del Impuesto a las Ganancias a las grandes empresas, entre otras omisiones. Finalmente, en la Comisión de Presupuesto del Senado se aprobó sin modificaciones el texto que ya obtuvo media sanción en Diputados y que será tratado en la sesión de la Cámara Alta el próximo 26.
Por otra parte, en el Senado se comenzó a debatir el proyecto de ley de “modernización laboral” que, en el artículo 191, entre otras cosas propone una reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan algo más de 163.000 empresas, de las cuales unas 146.300 más pequeñas no recibirán ningún beneficio. De aprobarse la ley, el fisco dejaría de percibir 3,1 billones de pesos en el ejercicio que viene, un 0,3% del PBI. No hay magia en estos casos: la contrapartida, según la ideología oficial, sería achicar el gasto público en la medida de los ingresos que se pierden por la reducción de este impuesto. Además, la mitad de esa masa de recursos que se dejaría de percibir es coparticipable: 1,6 billones corresponden a las provincias. Por lo cual, los gobernadores que han recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en estas semanas a cambio de su apoyo al proyecto de ley de Presupuesto 2026, entre otros, lo que ganan por un lado lo dejarían de percibir por coparticipación.
Durante las 48 horas anteriores al debate parlamentario de esta semana, el gobierno estuvo distribuyendo de forma discrecional ATN a provincias con gobernadores considerados “amigables”. Una especie de “plan canje” por el que se intercambiarían recursos por votos en el Congreso.
Los medios de comunicación vienen naturalizando este procedimiento como si se tratara de un componente más de la negociación. Pese a ello, varios legisladores y legisladoras que responden a gobernadores considerados cercanos al gobierno votaron por la eliminación del capítulo 11 en Diputados.
Todo tiene que ver con todo. En la postergación del tratamiento de la reforma laboral hasta febrero en el Senado, ¿cuánto tuvo que ver el rechazo del capítulo 11 del proyecto de ley de Presupuesto en Diputados, que incluía el pago de una deuda estimada en unos $350.000 millones a la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación? Seguramente mucho.
Probablemente, el oficialismo haya necesitado ganar tiempo para volver a alinear a los legisladores y las legisladoras del PRO que reclamaban que el tema sobre la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se ubicara fuera del capítulo 11. El diputado Cristian Ritondo había insistido especialmente en este punto. Su argumento era sencillo: si caía el resto, también caía esa medida.
En otro orden de cosas, en Naciones Unidas se aprobó una nueva resolución con el título “Las Cooperativas en el Desarrollo Social”. Allí se celebra y promueve el papel de las cooperativas a nivel global y exhorta a los gobiernos de todo el mundo a brindar un apoyo activo a estas entidades. En el pronunciamiento también se pide a los países reforzar el ecosistema empresarial para las cooperativas, se las reconoce como empresas comerciales sostenibles y pujantes y se promueve que sigan contribuyendo a la erradicación de la pobreza y el hambre y la generación de empleo decente, educación y protección social, incluida la cobertura sanitaria universal.
La resolución impulsa, además, la inclusión financiera, la creación de opciones de vivienda asequibles en zonas urbanas y rurales, pide que se examinen las legislaciones y reglamentos vigentes en los países para lograr que el entorno jurídico sea más propicio a la creación y al desarrollo de este tipo de entidades, mejorando aspectos clave como el acceso al capital, la autonomía, la competitividad, etcétera.
La resolución fue a votación. ¿Cuál fue el resultado? 179 votos afirmativos y 3 negativos. En contra: Estados Unidos, Israel y Argentina.
El movimiento cooperativo es grande y diverso. En nuestro país hay cooperativas de vivienda, de salud, de educación, financieras, etc. También hay organizaciones cooperativas muy grandes del sector agropecuario que defienden y permiten que los pequeños productores puedan desarrollarse.
¿Cuántos pueblos de la Argentina tuvieron luz eléctrica, o telefonía, o Internet, gracias a la cooperativa del pueblo? En muchos lugares donde no hay negocio pero sí necesidad y no llegan ni las empresas ni el Estado, allí han sido y son imprescindibles las cooperativas.
Es doloroso que la Argentina forme parte de esa pequeñísima lista de tres países que se opusieron a la resolución de la ONU. Tal decisión simplemente marca el carácter incondicional del alineamiento del actual gobierno con los Estados Unidos. Si ese país vota en contra es suficiente para que Argentina también vote en contra. Extraña concepción de la soberanía.
Hay un punto de inflexión. El gobierno quiere avanzar como una topadora, pero no lo logra. Estamos en un tiempo intenso de batalla cultural. Un tiempo donde es necesario poner todas nuestras energías en el debate de ideas.
