Recuperando autonomía

07/08/2020
Santiago Cafiero aplaudiendo y Matías Kulfas aplaudiendo a Martín Guzmán

ContraEditorial | Opinión

Por Carlos Heller

El gobierno llegó a un acuerdo con los principales grupos de bonistas extranjeros, un gran avance para empezar a despejar el tormentoso frente financiero que dejó la gestión Cambiemos. Como afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, esto “nos dará una plataforma para poder despegar cuando la pandemia nos dé tregua”. No obstante, señaló que habrá que seguir trabajando ya que “no resuelve todos los problemas”. Si bien los desafíos son múltiples, más aún en el contexto de la pandemia, es todo un hecho para valorar, al que se llegó defendiendo los intereses del país.

Luego del acuerdo, el presidente Alberto Fernández expresó: “hemos recuperado autonomía de decisión, y de definir qué país queremos (…), para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción”.

Sin embargo, como acto reflejo al anuncio algunos medios titularon: “Con el canje cerrado ahora no hay más margen: Guzmán tiene que salir a mostrar un plan”. Luego, el contenido de siempre: que hace falta ajustar el gasto público. Ninguna mención a la pandemia, ni a los problemas estructurales de la economía. Mucho menos a la posibilidad de incrementar recursos por la vía de una reforma tributaria progresiva, un tema que se empieza a instalar como una necesidad, no sólo en Argentina.

Entre los intentos mediáticos por marcar la agenda también se pudo leer en los medios: “Dólar blue: creen que se necesita más que un acuerdo para mantener la baja”. En la nota se habla de la “incertidumbre” que existe alrededor de las políticas. No deja de ser llamativo: cuando el dólar ilegal subía era porque el gobierno era muy inflexible en las negociaciones y se alejaba el acuerdo; ahora, si no baja, es porque supuestamente no tiene plan. Difícil que un gobierno sin un plan de acción firme pueda haber negociado como lo hizo.

En cuanto a la brecha, ¿habrán analizado las bases de datos del BCRA, o los informes del FMI, mostrando que el tipo de cambio oficial se encuentra en niveles competitivos? Es decir, no hay razones “fundamentales” que expliquen la magnitud de la misma, y más ahora tras el acuerdo por la deuda, que entrega una mayor previsibilidad. De hecho, al extender significativamente el perfil de los vencimientos y el monto de los intereses no se hace otra cosa que aliviar el sendero fiscal. Y al liberar recursos para la recuperación de la economía en los próximos años se tiende a una mejora de los indicadores de recaudación en el tiempo. Entonces, el problema no es la incertidumbre, son los objetivos que se persiguen.

En el documento de avance del proyecto de Presupuesto 2021 se hace referencia a los cambios necesarios en la estructura productiva, a la generación de empleo y el fortalecimiento de la inclusión, a la intervención “activa y multidimensional por parte del Estado”, que además debe “generar las discusiones y los ámbitos institucionales necesarios para lograr un diálogo social plural y democrático”. ¿Será que aquellos que reclaman un plan no tuvieron en cuenta el discurso presidencial en ocasión de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, donde se expresó que “estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción”? Imposible que lo hayan pasado por alto.

Una semana después de la inauguración de las sesiones ordinarias me referí en una nota a lo mucho que se ha hablado en la Argentina sobre la ausencia de previsibilidad. Señalaba que “nos desacostumbramos a que el discurso del Presidente, ochenta y un días después de haber asumido, sea el mismo que utilizaba en la campaña electoral. La promesa, en la perspectiva de Alberto Fernández, no es el anticipo de un futuro que nunca sucede: es, por el contrario, lo que se lleva todo el tiempo a la práctica. Eso es compromiso: hacer que los discursos se transformen en hechos”.

En definitiva, lo que subyace en ciertas opiniones es el rechazo a los objetivos trazados por el gobierno. A toda una línea de coherencia que se sigue para salir de las emergencias recibidas y para aminorar los impactos de la pandemia.

Un Gobierno y un Parlamento activos

El Estado nacional está haciendo un gran esfuerzo fiscal y se están tomando medidas excepcionales en respuesta a una situación también excepcional que alcanza a todo el planeta. Pero además se está pensando en el día después.

En la presentación del relanzamiento del Procrear, el Presidente Alberto Fernández señaló que el programa “es una deuda que empezamos a pagar hoy”. Al comenzar la gestión del actual gobierno, el Procrear se encontraba desarticulado y con 10.000 viviendas sin entregar. Es por ello que ahora no sólo se volvió a poner en marcha, sino que se mejoró notablemente.

Se prevé el otorgamiento de 300.000 créditos para la construcción, refacción y ampliación de viviendas a través de 9 líneas de crédito. Además, la nueva edición adopta una fórmula de actualización crediticia que se vincula a la variación salarial (HogAr), que tiene como objetivo proteger el ingreso de los adjudicatarios y brindar mayor previsibilidad, transparencia y claridad en el acceso a las soluciones habitacionales. La inversión total será de $ 25.000 millones. Un esfuerzo a destacar, más aún considerando la compleja situación de los ingresos públicos.

En el mes de julio, la recaudación impositiva cayó un 13,2% en términos reales y así acumula siete meses de contracción. No obstante, se observa un gradual proceso de desaceleración de esta merma de recursos, ya que en mayo la contracción fue del 22,8% y en junio del 16,2%.

En estos últimos días, en una de mis intervenciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, señalé que en materia fiscal el país se encuentra en el peor de los cruces: drástica caída de los ingresos fiscales a raíz de la contracción de la actividad por todo lo que genera el Covid-19 y, al mismo tiempo, un notable incremento del gasto público. Gastos que son necesarios para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria actual y de la pandemia económica que se arrastra de la gestión anterior.

No obstante, la difícil coyuntura demanda actuar con perentoriedad para amortiguar los múltiples impactos. Un paso importante en este sentido fue la media sanción que Diputados le dio el pasado martes a la Ley de modificación del Presupuesto 2020. El proyecto aumenta las partidas de gasto en un monto equivalente al 6,5% del PIB. Un 80% de esta ampliación se destinará a la agenda de contención y reactivación contra los efectos del Covid-19.

Otro proyecto que también obtuvo media sanción en Diputados y que ahora se encuentra en tratamiento en el Senado es el de ampliación de la moratoria impositiva. Una iniciativa que propone la extensión del universo de beneficiarios a la casi totalidad de los y las contribuyentes. Se mantiene, no obstante, una diferenciación para las MiPyMEs, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, y personas humanas consideradas pequeños y pequeñas contribuyentes, otorgándoles beneficios por sobre el resto.

El proyecto de moratoria original, aprobado en diciembre pasado, se insertó en el marco de la emergencia pública declarada en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Una ley que dio respuesta a la profunda situación de crisis en la que se encontraba el país al momento de asumir el gobierno de Alberto Fernández. En el apartado sobre la moratoria se atendía el ahogo fiscal que arrastraban las MiPyMEs y las entidades sin fines de lucro luego de los cuatro años del gobierno anterior.

Con la pandemia del Covid-19 la situación se agravó aún más. En este contexto, se registró un muy fuerte incremento de la deuda tributaria, que alcanzó a gran parte del universo de contribuyentes, y que a mediados de julio alcanzaba unos $ 534.000 millones.

Esta moratoria ampliada, con menor tasa de interés, está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad —y las que volverán a medida que la pandemia lo permita— puedan sobrevivir.

En definitiva, un Gobierno y un Parlamento activos, preocupados por gestionar la coyuntura, pero trabajando también para los años que vendrán y para recuperar lo perdido en los últimos cuatro años y con la irrupción de la pandemia del Covid-19.

Nota publicada en ContraEditorial el 07/08/2020

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Referentes

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