Rendir cuentas por la deuda

07/03/2021
En su discurso ante la 139ª Asamblea Legislativa, Alberto Fernández anunció que se iniciará una querella criminal para “determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”.
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Página/12 | Opinión

Por Carlos Heller

En su discurso ante la 139ª Asamblea Legislativa, Alberto Fernández anunció que se iniciará una querella criminal para “determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”.

Más allá de los aspectos legales involucrados, creo que es importante echar luz sobre lo ocurrido con el gravoso préstamo del FMI, ya que es una forma de aspirar a que no se repitan situaciones que hipotecan al país, en beneficio de unos pocos y unas pocas.

Al día siguiente del discurso, exfuncionarios económicos de Cambiemos salieron a apoyar las decisiones del anterior gobierno, con las mismas frases que utilizaban en los tiempos de posverdad. Por ejemplo, se escuchó decir que “la deuda no sale de un repollo. Cuando un gobierno aumenta su deuda es porque tiene déficit fiscal (...). El gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (-3,8% del PIB en 2015)”.

Sin embargo, nada justifica que -como ocurrió- se tome deuda en dólares para afrontar gastos que el Estado tiene que realizar en pesos. Tampoco hay que dejar de recordar que en febrero de 2019 el gobierno de aquel entonces informó a la Securities and Exchange Commission (SEC, la comisión de valores del gobierno estadounidense) que el déficit fiscal primario ascendía al 1,8 por ciento del PIB en 2015 (dos puntos porcentuales menos que el 3,8 por ciento comentado).

También se volvió a insistir con el falso argumento de que “dos de cada tres dólares de deuda que se tomaron durante el gobierno de Macri se usaron para pagar deudas heredadas”. Otro intento por desafiar la lógica, ya que la deuda creció de manera descomunal durante la anterior gestión.

En cuanto al préstamo con el FMI, en el discurso del Presidente volvió a quedar claro lo insostenible de los montos involucrados. Alberto Fernández precisó que, según lo acordado por el gobierno que lo precedió, en 2021 “la deuda a pagar es de 3826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4921 millones de dólares”.

Un exfuncionario macrista afirmó que el préstamo se utilizó casi todo para pagar vencimientos de otras obligaciones. No obstante, el 9 de diciembre de 2019 comenté en una nota que, según el Balance de Cambios del BCRA, “desde que se recibió el primer desembolso del FMI, la deuda pública con privados se redujo (alrededor de) 15.000 millones de dólares”. Sin embargo, del organismo ingresaron unos 44.490 millones de dólares.

No se puede explicar lo inexplicable y negar que de algún lado surgieron los fondos para financiar la fuga. Como señala el BCRA en un informe, “en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la formación de activos externos alcanzó los 45.100 millones de dólares”, un monto bastante similar al del préstamo.

Son episodios que no deben volver a repetirse. En su momento parecía que se trataba de un debate saldado, luego de los daños que generaron los anteriores ciclos de endeudamiento. Sin embargo, entre otras decisiones, se acordó un préstamo “entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional”, según afirmó el Presidente ante la Asamblea Legislativa.

Para tratar de evitar futuras hipotecas, hemos sancionado recientemente en el Congreso la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La norma tiene como principal objetivo regular la toma de deuda en moneda extranjera por parte del Estado. Para ello se establece que la Ley de Presupuesto Nacional deberá prever el porcentaje máximo que se emitirá en moneda y bajo jurisdicción extranjera respecto del monto total de emisiones autorizadas para el año. Además, los futuros acuerdos con el FMI y otros organismos internacionales deberán ser aprobados por el Congreso, y queda prohibido que se destinen esos préstamos a gastos primarios corrientes. 

Nota publicada en Página/12 el 07/03/2021

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Referentes

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