Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Resulta indispensable comenzar esta nota informando sobre la aprobación del dictamen del proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (un hecho escasamente reflejado por los grandes medios), gracias a que el pleno de la Cámara de Diputados emplazó a la comisión de Presupuesto y Hacienda a tratar el tema, que ya tenía dictamen de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social.
El proyecto es muy amplio, y aborda cuestiones principales como la definición y los protocolos de certificación de discapacidad, entre otros.
Cabe destacar que la iniciativa prevé una compensación de emergencia a los prestadores, por la diferencia entre lo abonado desde diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, actualizada por el índice de precios al consumidor del Indec, y de allí en adelante, la indexación de acuerdo a la movilidad de los haberes jubilatorios. Además, se establece que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social será compatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el Monotributo.
Es un gran paso dado en el ámbito legislativo, un acto de solidaridad esencial, aunque resulta importante considerar que a la reunión de comisiones que emitió el dictamen no asistió ningún diputado/a de La Libertad Avanza, en una clara demostración de no aprobar el proyecto.
Apoyo con reparos
El gobierno continúa estimulando la “bicicleta financiera” con el propósito de reducir la inflación, mejorar el humor social, y por esa vía conseguir un buen resultado en las elecciones de octubre, que le permita luego avanzar con las reformas estructurales que pide el FMI.
En una nota de un medio de comunicación “tradicional”, titulada, “¿Sembrar trigo? Mejor apostar al carry trade”, se señala que “resulta inentendible que el gobierno del presidente Javier Milei priorice el juego financiero e invite a los productores a meternos de lleno en busca de ganancias económicas con el carry trade (bicicleta financiera) antes que mejorar las condiciones para lograr un salto productivo que nos permita ser verdaderamente sustentables como país sin requerir permanentes apoyos crediticios”.
En este marco, los datos del Banco Central muestran que en marzo continuó profundizándose la desmejora del Balance Cambiario, y que se registró el mayor déficit mensual de la Cuenta Corriente en lo que va de la actual gestión (U$S 1674 millones).
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en la Expo EFI 2025 que “se terminó la época de la Argentina regalada en dólares”. Confirma así que continuará la etapa del tipo de cambio apreciado, que genera mayor debilidad en el frente externo y perjudica aún más la competitividad de la industria, ya muy amenazada por la apertura importadora.
También les dijo a los empresarios presentes: “Vamos a tener un mayor superávit que nos permita seguir bajando impuestos. Vamos a seguir desregulando. Vamos a ir por reformas estructurales: reforma fiscal, laboral y al final reforma previsional. Son muy necesarias para seguir bajando el costo argentino y desincentivar la informalidad”.
En el caso de la reforma laboral, no hay que perder de vista que un trabajador formal es una persona que tiene un convenio colectivo de trabajo, protección contra el despido, garantía de vacaciones, jornada laboral garantizada, aguinaldo, etcétera. Así que lo que están buscando es convertir al empleo informal en “empleo formal sin derechos”. Todo lo que se desregula en nombre de la libertad deja a la gente como hace 100 años. Lo que habría que perseguir es que los no registrados pasen a ser formales con derechos, que es lo contrario a lo que persiguen las reformas que desean hacer este Gobierno y el FMI. En rigor, son trajes a medida para el gran empresariado local e internacional, que de todas formas no deja de tener reparos ante los pedidos del Gobierno para que “inviertan”.
En un seminario financiero realizado en Buenos Aires, el presidente del JP Morgan en nuestro país señaló que “Argentina está caminando por la vía correcta, pero no sabemos si va a tener éxito”, y agregó: “Caputo dice esta vez es distinto, pero tenemos el recuerdo de 9 defaults y 22 planes con el Fondo, hay siempre un nivel de incredulidad”. Por su parte, el representante del Morgan Stanley comentó que “hoy Argentina es el país que mejor sentimiento genera en esta comunidad”, pero remarcó: “Hay dudas sobre la fortaleza del tipo de cambio, pero cuando intenta rebalancear la economía no es raro que haya efectos secundarios”. Apoyo al plan del gobierno argentino pero con grandes reparos por parte de importantes actores financieros internacionales, que piden certezas y avanzar en las reformas estructurales que reclama el Fondo.
¿Heterodoxia en el combate contra la inflación?
Desde un primer momento, el gobierno ha dicho que el generador exclusivo de la inflación es la emisión monetaria, un concepto que siguen ratificando cada vez que pueden y que es en sí mismo funcional para justificar el ajuste del gasto público y el achicamiento del Estado.
Pero si bien la emisión ha estado fuertemente controlada desde el inicio del mandato, continúan actuando como si efectivamente la inflación se tratara de un fenómeno multicausal.
Así, y contra sus principios y declaraciones permanentes, no han dudado desde un primer momento en contar con un tipo de cambio regulado por el Estado (con un sistema de minidevaluaciones diarias prefijadas). Más recientemente, tras el acuerdo con el FMI y el establecimiento de bandas de flotación cambiaria, intervinieron para que los grandes proveedores concentrados de los supermercados no aumenten en demasía sus precios, o que las empresas de medicina prepaga controlen las subas de sus cuotas (luego de liberarles los precios, lo cual permitió suculentos aumentos).
El gobierno nacional informó en la semana que no aplicará en mayo la actualización correspondiente a los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Con ello busca “acompañar la desaceleración inflacionaria y la consolidación macroeconómica, priorizando el alivio para los consumidores”, según un tuit de la Secretaría de Energía. Más dosis de heterodoxia antiinflacionaria preelectoral.
Respecto de la baja del 4% en los combustibles (nafta y gasoil) aplicada desde el pasado jueves por YPF, se impulsa para que sea emulada por las otras empresas. ¿Acaso es un reconocimiento del gobierno de la importancia de contar con empresas estatales para que, entre otros funciones, cumplan un rol de “testigo”?
Por su parte, a través de un comunicado, YPF explicó que la medida obedece a la caída del Brent, la principal cotización del petróleo a nivel internacional, que en la actualidad se ubica en la banda de los 64 dólares; un 8% menos que a fines de marzo y casi 16% por debajo del valor con el que comenzó 2025. Reducciones de precios pasadas que, en rigor, no se trasladaron a los surtidores.
El gobierno no puede reconocer, pues sería vergonzante para su ideología, que la inflación está afectada principalmente por la “puja distributiva”, generada por este mecanismo de aumento de precios por parte de los monopolios, que la propia administración libertaria se está ocupando en estos momentos de morigerar, claramente por motivos electorales más que por la preocupación por cómo influye en la vida diaria de la ciudadanía.
