Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. estableció que el reclamo por la expropiación de YPF que efectuó Burford Capital no es admisible. También sostuvo que YPF no tiene responsabilidad en el caso.
El fallo le evita a nuestro país tener que hacer frente a una erogación de unos U$S 18.000 millones (incluidos los intereses transcurridos) que comprometería severamente su posición financiera, aunque los alcances de esta decisión van más allá del monto involucrado.
El dictamen judicial ratificó que la expropiación estuvo bien hecha, que se hizo dentro de las normas de la Argentina, con una ley especial que contó con amplias mayorías en el Parlamento, y que por lo tanto posee plena vigencia.
Algunas voces tildaron a la decisión de la Cámara de inesperada, aunque no parece el adjetivo adecuado, ya que en los argumentos se dan como válidas las consideraciones planteadas por nuestro país desde el origen de la demanda. Al estudio jurídico en funciones se lo designó en 2020 y los argumentos con los que trabajó son los mismos desde siempre, que el actual gobierno no cambió.
Indirectamente el fallo también deja en claro que los supuestos errores que por esta demanda se le adjudicaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, no fueron tales.
En cadena nacional, el Presidente asignó el resultado a “la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de gobierno” y criticó a la “arrogancia populista” como origen del conflicto. También utilizó el mensaje para expresarse contrario a la expropiación, para lo cual comentó que enviaría un proyecto al Congreso para modificar dicha ley.
El fondo Burford Capital expresó que está estudiando alternativas judiciales para continuar con sus reclamos. De allí que criticar la recuperación de YPF podría ser riesgoso, y utilizado por Burford para sostener las demandas, que ya han sido denegadas en el reciente fallo judicial.
Si bien el gobierno está en contra de la expropiación, el país se ha favorecido con ella. La recuperación de YPF llevó, entre otras cuestiones, al desarrollo de Vaca Muerta, a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y al superávit energético –que la actual administración promociona como un mérito propio—.
Respecto del gasoducto, una parte de la inversión fue provista por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, a partir de una ley que impulsamos un grupo de legisladores y legisladoras durante la pandemia. Son signos de un Estado presente y de un Parlamento comprometido con la soberanía nacional.
Haciendo un poco de historia, no hay que perder de vista que YPF nació en 1922 como una empresa estatal. El general Enrique Mosconi señala en sus memorias que la idea de crear Yacimientos Petrolíferos Fiscales surgió luego de que un proveedor extranjero de la aviación militar condicionara la entrega de combustible por un atraso en los pagos. Ello llevó a pensar que para ser un país soberano Argentina necesitaba tener su propia empresa estatal para garantizar el suministro.
Por ende, no es cierto que el Estado se quiso “apropiar” de una empresa privada. Lo que ocurrió en 2012 fue la recuperación del paso atrás que se había dado durante el gobierno de Carlos Menem con relación al manejo de recursos estratégicos. Lo anómalo fue sacarla de manos del Estado.
Estamos en un momento de grandes disputas geopolíticas en torno al dominio de los recursos naturales por parte de los Estados, y quedan en evidencia los mayores grados de libertad que tienen los países autosuficientes en energía.
Como un ejemplo cercano, en Chile, un país que depende mayormente de la importación del combustible que utiliza, el gobierno informó un aumento de los valores de la nafta (32%) y del diésel (60%), en línea con la evolución del crudo a nivel mundial. Esta situación ya está generando un fuerte rechazo de la población.
Volviendo a Argentina, el gobierno señala que busca amortiguar la volatilidad internacional, y por el momento los incrementos en el precio de las naftas llegaron al 20%. No hay razones para que un país que tiene una balanza energética superavitaria esté atado a los valores que fija el mercado internacional. Algo similar ocurre con productos como la carne y los del agro. En el fondo hay una decisión política: o se convalidan ganancias para unos pocos, o se busca evitar el traslado a precios, que termina castigando a los hogares y a las empresas, en particular a las MiPyMEs.
En definitiva, los distintos enfoques sobre la renacionalización de YPF y el manejo de los impactos de la suba del petróleo muestran claramente una parte de la batalla cultural entre los dos modelos de país.
