Un país, dos proyectos

05/09/2021
Obrero en linea de montaje

Página/12 | Opinión

Por Carlos Heller

En algo acordamos con Juntos por el Cambio: ellos y nosotros representamos dos modelos antagónicos. El presidente Alberto Fernández, en el acto realizado esta semana en Tecnópolis, se refirió al tema: “Hay un país que representamos nosotros, que cree en un Estado presente e igualador, que cree profundamente en la democracia y las instituciones de la República. Hay otro país que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan de mérito y meritocracia, que se llena la boca hablando de República pero arma mesas judiciales para perseguir opositores, que generó la mayor decadencia económica, que generó el endeudamiento que vivimos y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron”.

Mientras el proyecto que nosotros defendemos se discute hoy a nivel global como una alternativa, el de ellos viene fracasando de modo reiterado en la Argentina y en el mundo. Por eso, Juntos por el Cambio atrasa: defiende un modelo de país ya superado. Se proclaman admiradores de los Estados Unidos pero siempre y cuando las medidas que allí se lleven adelante no contradigan sus posiciones políticas: por ejemplo, jamás votarían partidas equivalentes --en términos de su dimensión nacional-- a las de tres billones y medio de dólares para asistencia social aprobadas recientemente en ese país. También se opondrían a obtener esos recursos del aumento de los impuestos a los más ricos y a las corporaciones. En la misma línea, tampoco apoyarían una serie de iniciativas en las que coinciden temporalmente la OCDE, el FMI y el G20: no restringir el gasto e impulsar impuestos progresivos, entre otras políticas. Se han quedado a contramano de lo que pasa en el mundo y ni siquiera se han dado cuenta.

Además, está la historia reciente: el modelo que implementó Juntos por el Cambio a partir de 2015 dejó heridas profundas en la economía y en la sociedad argentina. Han hecho un daño enorme y lo que proponen es volver a producirlo. En diciembre de 2019, cuando el presidente Alberto Fernández asumió su gobierno, sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La misma declaraba “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. Esa era la Argentina que habían gobernado Macri y “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Pero, ¿qué hicieron los “Messi de las finanzas” para dejar un país con nueve emergencias? Entre otras cosas, tomaron deuda de modo descontrolado, primero con los bonistas y luego con el FMI. Durante 2021, por ejemplo, el gobierno debería pagarles a estos acreedores privados, si no hubiera reestructurado el endeudamiento, más de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, gracias a esa reestructuración, el país les abonará este año solo un porcentaje de ese monto: 150 millones de dólares en concepto de intereses.

En simultáneo, durante 2022, la Argentina debería abonarle al FMI en concepto de capital e intereses 19.098 millones de dólares. Y en 2023, 19.349 millones de dólares. Es decir: dejaron al país en una situación de total inviabilidad.

En este escenario crítico, las tres últimas medidas que tomó el gobierno de Macri son las que jamás hubiera querido tomar. Se trata de iniciativas que están en las antípodas de su postura ideológica. Primero, el restablecimiento de la obligación de ingresar las divisas de las exportaciones a los 30 días de haber producido esas exportaciones. Segundo, el establecimiento de 200 dólares por persona y por mes como límite de compra. Tercero, el “reperfilamiento” de la deuda local, es decir, la declaración del default antes de irse, dejando a la Argentina con un endeudamiento monumental de 100 mil millones de dólares más de deuda externa en dólares, y con la deuda interna en pesos en default.

Tres meses después de que el nuevo gobierno asumiera, esa crisis económica heredada de la administración de Macri se superpuso con la crisis producida por la pandemia sanitaria. El virus llegó a un país donde el sistema de salud, como reconoció el propio secretario del área de aquel entonces, Adolfo Rubinstein, había dejado de ser prioridad para el gobierno anterior. Por eso, en tiempo record,la nueva administración tuvo que invertir en respiradores, en unidades de terapia intensiva yen diversos equipamientos sanitarios. Todo se hizo a marcha forzada. La decisión política era de hierro: nadie debía quedarse sin atención médica.

Posteriormente, la Argentina fue avanzando hacia un escenario previsible donde todas las pautas fijadas en el Presupuesto 2021, con la excepción de la inflación, se fueron cumpliendo. Incluso, en algunos de esos indicadores, la mejora es superior a la que se preveía: por ejemplo, se proyectaba que el PBI iba a crecer 5,5% y hoy se eleva esa previsión al 8%. Hay también un crecimiento industrial significativo y, vinculado a ello, generación de empleo de calidad. En la actualidad hay 23.000 empleos más que los que dejó Macri en 2019.

Estamos saliendo gradualmente de la pandemia sanitaria y de la crisis económica. Pero a esa salida hay que darle continuidad. Necesitamos tiempo para desplegar el modelo de país que nos lleve a la vida que queremos. Por eso son tan importantes las elecciones: en ellas se juega el fortalecimiento o el debilitamiento de un proyecto de gobierno. Necesitamos ganar para que sea nuestro modelo el que se fortalezca y no el que condujo a la Argentina a la crisis en el periodo 2015-2019.

La precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, dice: “necesitamos aumentar nuestro número de diputados a 120 para impedir que el gobierno avance con sus planes”. Nosotros decimos exactamente lo contrario: “necesitamos mejorar nuestra representatividad parlamentaria para poder avanzar con nuestros proyectos”.

Son dos modelos pero sólo puede gobernar uno. El nuestro cree en un Estado presente, que establece las reglas del juego, que regula la economía, que pone límites a la acumulación de la riqueza extrema y que sostiene un conjunto de políticas públicas para llevar adelante un crecimiento con distribución de los beneficios que este crecimiento genera. El de ellos, por el contrario, impulsa la necesidad de un “Estado canchero”, que sólo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios. Necesitamos que las mayorías voten de acuerdo a sus intereses como mayorías. Es decir, que voten a favor de ellas mismas. 

Nota publicada en Página/12 el 05/09/2021

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