Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
La verdad acecha a la falacia. Día tras día se corre el velo del “reformismo” de las derechas mileístas. Las autodenominadas reformas, en realidad, son contrarreformas que, a pesar de sus envoltorios modernos, no logran ocultar su esencia retardataria y su hedor a rancio. La ley de extranjerización de tierras es la más flagrante de ese proyecto. El relato fue eficaz para engañar a la opinión pública, o sea, mentirle al pueblo, instrumentando leyes y decretos que atentan contra la vida cotidiana de la ciudadanía y sus perspectivas futuras. Ese dispositivo político-cultural viene hiriendo los intereses soberanos, es decir, al pueblo como colectivo nacional. La mentada reforma laboral, votada por las derechas y algunos “amigables” peronistas, es un ejemplo que nos retrotrae a épocas históricas superadas. Las luchas obreras de las primeras décadas del siglo XX lograron la jornada de 8 horas en 1929, conquista que ahora “los reformistas” intentan conculcar. Ya en 1902 se abrieron paso con la Ley Cané 4.144 de expulsión de extranjeros, generadora del clima xenófobo funcional a la coerción cultural y la represión política. El antecedente es oportuno, ya que inspira a las actuales ultraderechas en sus renovados afanes de cancelar la residencia de extranjeros “indeseables” y establecer arancelamientos a los estudiantes de países hermanos. La ley contrarreformista nos remite a épocas preperonistas, ya que durante las primeras presidencias de Perón y Evita se generó el mayor avance histórico en materia de derechos para los trabajadores. Los ataques a la universidad y la escuela pública también intentan cambiar su sentido de progreso social; de allí que se niegue la Ley 1420 de inspiración sarmientina, se rechace la notable experiencia de los reformistas del 18 y la universidad gratuita del peronismo. Esos logros históricos se pusieron en juego en el Cordobazo de 1969 bajo el lema: “¡Obreros y estudiantes, unidos adelante!”.
La extranjerización de tierras nos remite a ideas anteriores a los Revolucionarios de Mayo y a épocas de oligarquías conservadoras, que acumularon enormes extensiones de tierra en campañas desérticas, con gobiernos cuyos ministros de Agricultura eran impuestos por la Sociedad Rural Argentina, recibiendo también concesiones de todas las dictaduras. De allí que resulte valioso abrevar en lo mejor de nuestra historia, lo cual contribuye a comprender la esencia de los fenómenos político-culturales del presente. M. Belgrano declaraba: “La causa principal de las miserias, su infelicidad y sus males es la falta de propiedad de los terrenos que ocupan los labradores”, y denunciaba “los abusos de los que detentan el poder”.
Para horadar derechos sociales y enajenar el patrimonio público, resulta imprescindible la articulación de un esquema de poder que lo materialice. Por ello, es determinante el sistema judicial, que continúa su marcha indetenible hacia la bancarrota moral y su pérdida de legitimidad. Este aparato está asociado a la derecha parlamentaria y mediática, totalizando la afirmación de un sistema clasista conservador, imbricado con la fase política de entrega neocolonial. Ese dispositivo, inspirado en la ideología neothatcheriana, liderada por Milei y su hermana, quienes ejercen la hegemonía de la gobernanza política, se despliega con determinación a favor de los intereses de las élites económicas. Así es que van por la cesión gratuita y a perpetuidad de nuestros recursos naturales, aunque la disfracen engañosamente, acentuando el ajuste a las mayorías del pueblo humilde y las clases medias, siguiendo la exigencia del FMI y de su directora, que acaba de visitar a su principal deudor. Este esquema se complementa con diversos relatos para influir en la conciencia y el imaginario del pueblo, cuyo propósito es destruir toda idea de soberanía como nación. Sin embargo, emerge a la superficie lo soterrado, cubierto por la propaganda del gobierno y los grandes medios, que impulsaron el actual proyecto desde sus inicios, siguiendo la señal de la burguesía local y del trumpismo imperialista. Ya nada les importa, mucho menos los valores y las instituciones democráticas. Se fue consolidando la idea de que el Parlamento es “un nido de ratas” al que darle la espalda y despreciarlo, o bien manipularlo con dádivas a gobernadores. Se trata de perpetuarse e ir tras la quimera del liderazgo de la ultraderecha antidemocrática y corrupta del continente, afirmando la alianza con Keiko Fujimori y el empresario De la Espriella, de Colombia, y apoyar la candidatura del fascista brasilero Bolsonaro. Como siempre, ocurrió lo inesperado: el trapo malvinero que nuestros muchachos exhibieron ante mil millones de habitantes del mundo estropeó, en unos minutos, su batalla cultural prokelpers y el “aceptemos que fuimos derrotados, así que Las Malvinas son de los ingleses”. ¿Fin?
Así las cosas, resulta insoslayable el impacto del legítimo reclamo de justicia de Cristina ante la ONU. En tanto, los editorialistas más afamados “reconocen” que seis millones de ciudadanos sufren las penurias del endeudamiento al que cayeron por la pérdida del valor de los salarios y jubilaciones, el aumento de los precios de alimentos y servicios públicos “sincerados”, incluyendo la incertidumbre por la pérdida de empleo. En este contexto, es de gran trascendencia la convocatoria de las organizaciones del trabajo, la CGT y las dos CTA, que concitó el apoyo activo de partidos políticos, militancias sociales y barriales, sectores de la cultura movilizados en defensa de las librerías, organizaciones de estudiantes y agremiaciones pymes. El plan tiene como próxima escala la convocatoria del Día de San Cayetano.
En ese dispositivo crítico y de oposición a la ley de extranjerización, viene jugando un rol determinante la Iglesia católica. Su pronunciamiento es tan contundente como comprometido en términos de su accionar político y cultural. Desde diversos niveles de su conducción (Pastoral Social, Cáritas y Pastoral Aborigen), los obispos declararon que el proyecto de ley “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, nuestros alimentos, bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse”. Convocan a los senadores a que “sus decisiones estén guiadas por el bien común y el futuro de las generaciones venideras antes que por intereses particulares”. Se aprecia que la Iglesia católica está actuando con decisión en defensa del pueblo, su feligresía, para lo cual utiliza un lenguaje claro y comprensible, alejado de anteriores vaticanismos.
