Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Según informó esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de julio fue del 2,1%. En junio había sido del 1,9%. En los últimos doce meses alcanzó el 33,8%.
La proyección de este indicador para todo el año en el Presupuesto 2026 era de 10,1%. A julio ya estamos en 19,3%. Es decir: en los siete primeros meses del año ya casi se duplica la inflación proyectada para todo el año. En la medición, los servicios muestran un alza significativa por encima del nivel general de precios.
Además, se conocieron los datos de la canasta básica total (que mide la pobreza) y la canasta básica alimentaria (que mide la indigencia). La primera de éstas aumentó un 2,2%, un poquito más que el índice general. La canasta que mide la indigencia, en cambio, subió un 2,6%. La deducción no es compleja: a quienes más castigó la inflación en el último mes es a los más pobres, que son los indigentes. Estos últimos soportan una inflación anualizada del 37,4%, muy por encima del 33,8% general.
Según lo que el Presidente ha declarado en los últimos meses, la inflación iba a desaparecer a mediados de 2026. Por ahora, el gobierno no lo logra: la inflación continúa. Pero si el Ejecutivo, como todo parece indicar, persiste en sus actuales políticas, quizás al final consiga impedir la suba de los precios. Pero será a costa de empeorar significativamente la vida de los argentinos y de las argentinas, que van a sufrir las consecuencias de ese camino elegido para terminar con el mal.
Si hacen caer los salarios reales y el poder de compra de la ciudadanía y cada vez se consume menos, entre otras consecuencias, es probable que tengan éxito en su política de “derrotar” la inflación, pero a costa de que la gente viva mucho peor. Los precios bajarán, pero la mayoría no podrá comprar casi nada.
El Presidente volvió a decir en estos días que la motosierra continúa vigente y que él no se va a mover un centímetro de su modelo de país. Lo sabremos pronto: el 15 de septiembre, como fecha límite, el gobierno tiene que presentar su proyecto de Presupuesto 2027 y todo hace suponer que lo hará partiendo de la idea de priorizar el equilibrio fiscal por sobre cualquier otra variable.
En el Presupuesto 2026, se preveía que la economía iba a crecer más de un 5%. Las últimas proyecciones sostienen que el crecimiento será del 2,7%. Es alrededor de la mitad de lo previsto. En la misma línea, y como ya mencionamos, la inflación a julio ya está casi en el doble de lo proyectado para todo 2026. Ello significa que en el Presupuesto 2027 deberán hacer una corrección importante de lo calculado y, en línea con su visión, un ajuste fuerte del gasto. Un ajuste sobre el ajuste. Aun cuando el Poder Ejecutivo decidiera, en el horizonte electoral, reducir la intensidad de sus políticas, lo que permanece es el modelo.
En otro orden de cosas, durante la semana se generó una discusión alrededor del desempeño del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Incluso algunos medios especularon con la posibilidad de su alejamiento del gobierno. Sin embargo, se trata del funcionario que mejor expresa el pensamiento del presidente Javier Milei. Es quien más nítidamente lleva a la práctica la frase presidencial “amo ser el topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro”.
Da toda la impresión de que, con la crítica al ministro, la actual administración no quiere modificar sus políticas: solo se propone pausarlas para analizar la relación de fuerzas de cada iniciativa y avanzar en los casos en los que exista el respaldo legislativo suficiente para aprobarlas. A Sturzenegger no le cuestionan sus proyectos: le critican su metodología. Lo central es el modelo.
La autodenominada mesa política lo que está discutiendo es el ritmo. Dicen: “estamos entrando en un año electoral y no todos los sectores que hasta ahora nos apoyaban tienen la decisión de seguir haciéndolo”. Un ejemplo es lo que acaba de suceder con el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Por lo tanto, para evitar un nuevo traspié legislativo, han decidido pasar cada proyecto por la mesa política para que ésta evalúe su viabilidad. Si no están dadas las condiciones para lograr la aprobación en el Parlamento tratarán de no sumar derrotas. Están lejos de decir “cambiemos el rumbo”.
Hay una especie de teorema: en la medida en que nos vamos acercando a los tiempos electorales, a la gestión libertaria se le hace más difícil construir mayorías para aprobar proyectos de ley que afecten negativamente a la ciudadanía. Los gobernadores “amigables”, que suelen orientar el sentido del voto de sus legisladores, comienzan a hacer cálculos acerca del costo que tendrá en las elecciones distritales el apoyo a ciertos proyectos del Ejecutivo.
El miércoles se produjo una reunión de distintos sectores del peronismo y aliados, opositores a la actual administración nacional. Participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Gustavo Melella, Gerardo Zamora, Germán Martínez y José Mayans. Entre otros temas, debatieron la iniciativa del gobierno para eliminar las PASO, el proyecto de Presupuesto 2027, las transferencias a provincias y la situación fiscal. El encuentro parece dar inicio a un proceso de unidad.
Se trata de una reunión necesaria, auspiciosa y, además, previsible. El calendario obliga: de cara a las elecciones, comienza a acelerarse el proceso de unidad.
Hay una necesidad inocultable de construir una alianza opositora que le ponga un límite al modelo que está llevando adelante el actual gobierno. Se trata de un modelo que puede continuar siendo expresado por Milei o por cualquier otro que presente un proyecto similar y que logre ganar las elecciones.
Lo que hace falta es construir una alianza suficientemente amplia y profunda, porque no sólo debe tener amplitud sino también contenido. La tarea es doble: ponerle límites a este proceso y comenzar una etapa de recuperación.
Habrá que desandar buena parte de las medidas que la administración libertaria ha impuesto y la labor será titánica: muchas de las iniciativas de la actual administración tienen sanción legislativa. Hay muchísimo camino para transitar.
La continuidad del actual modelo tendría altísimos costos para la mayoría de la población.
Nota publicada en Página/12 el 16/08/2026
