Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno no perdió el tiempo. La misma noche del domingo 14, poco después de conocerse los resultados electorales, el presidente Alberto Fernández comunicó el envío al Parlamento del plan plurianual que “contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”.
Posteriormente, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se anunció la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre. Para el oficialismo es clave el tratamiento en ese lapso del Presupuesto 2022 y del mencionado plan plurianual. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que éste último “es un proyecto que se viene trabajando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por lo que expresa el consenso de la coalición —el Frente de Todos— sobre cuáles son los pasos en los próximos años que hay que dar”. De este modo, más allá de matices, se reafirmaba una vez más la unidad de la alianza gubernamental y el rumbo de sus políticas.
En esos mismos días, el expresidente Macri afirmaba que “Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible”. La declaración revelaba una ignorancia monumental. La actual gestión fue electa en 2019 y su mandato se extiende hasta 2023: lejos de haber terminado, se encuentra apenas en la mitad de su recorrido. Se habla de transición cuando un gobierno ha perdido una elección presidencial y, desde ese momento, se abre un periodo entre el fin de ese mandato y la asunción de quien ha ganado y será su sucesor. Por ello, decir en el mes de noviembre de 2021 que ha comenzado una transición con la administración siguiente que será elegida recién dentro de dos años es de una enorme irresponsabilidad. Tan insostenible es el argumento que hasta el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó lo contrario: “No hay ninguna transición porque hay un gobierno electo hasta 2023”.
En ese escenario, mientras la oposición política, económica y mediática intenta instalar que el gobierno del Frente de Todos ha concluido, éste responde con una gestión más intensa. Por eso, el acto en Plaza de Mayo del miércoles, donde se celebró el Día de la Militancia, fue otro hito en la consolidación de ese proceso de unidad, movilización y accionar conjunto de los distintos sectores que integran la coalición gubernamental. Allí el Presidente afirmó que “nos quedan muchas batallas por dar: terminar con el problema de la deuda, enfrentar a los formadores de precios, de una vez por todas controlarlos y decirles basta”. Es decir: unidad detrás de un plan que tiene entre sus principales objetivos que los salarios y las jubilaciones les ganen a los precios.
Al respecto, el gobierno ratifica la idea de que la inflación es un fenómeno multicausal. Por un lado, cuando a los argentinos y a las argentinas se les mejoran sus ingresos a través de las políticas públicas y de las negociaciones paritarias, esos mayores recursos se los suelen apropiar los grupos monopólicos por la vía del aumento de los precios. Queda claro que, por lo menos en el caso argentino, la inflación tiene un alto componente de puja distributiva. Por el otro, la oposición política, económica y mediática insiste con las causas monetarias o fiscales. En una evidente contradicción, sostienen la necesidad de reducir impuestos y achicar el déficit de modo simultáneo. No hace falta demasiada sagacidad para llegar a la conclusión de que están proponiendo el ajuste a través de la reducción del gasto. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero estamos en contra del ajuste para resolverlo.
En la misma línea, sectores de la economía concentrada junto a la mencionada oposición reaccionan de modo instantáneo y desproporcionado a cualquier propuesta dealza de tributos con el objetivo de hacer más progresivo el sistema, es decir, que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Estos sectores se oponen incluso a “impuestos” que no lo son. Es lo que sucede actualmente con la propuesta de pago de una tasa ambiental del 0 al 3 por ciento del precio mayorista de los recipientes contaminantes, promovida en el proyecto de ley de Envases con Inclusión Social. Se trata de una iniciativa que beneficiaría a las empresas que cuidan el medio ambiente: las que utilizan productos que no contaminan o se comprometen a reciclar sus envases no pagarían el cargo. La recaudación de esa tasa estaría destinada a mejorar las condiciones sanitarias de los recicladores, entre otros importantes objetivos. Sin embargo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), en expresión similar a otras representaciones empresarias, manifestó “su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa”.
Siempre se trata de dos modelos, uno que defiende los intereses de las minorías y otro que promueve los derechos de las mayorías.
En ese marco, el gobierno propone e impulsa un modelo económico en el que coincida el crecimiento con la distribución. La fórmula no tiene muchos secretos: sin crecer no se puede, pero con sólo crecer no alcanza. La torta tiene que ser más grande, pero esa torta más grande debe estar mejor distribuida. Hacen falta las dos cosas juntas.
El lanzamiento de la segunda etapa del gobierno, como lo definió el Presidente, coincide con la profundización de la recuperación económica y la mejora gradual en una serie de indicadores. Mejoró el salario real comparado con el año anterior y se generaron 326.900 nuevos puestos de trabajo registrado; la capacidad instalada utilizada alcanzó casi el 67 por ciento en septiembre de este año; hacia el final de 2021 habrá crecido cerca del 10 por ciento el PBI, recuperando casi todo lo perdido en el 2020, entre otros avances.
En la escena poselectoral y con dos años por delante, el Frente de Todos continúa trabajando, más que nunca, en la implementaciónde un modelo de crecimiento con inclusión social.
