Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El pasado viernes las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo con el personal técnico del FMI sobre la quinta y la sexta revisión combinadas (junio y septiembre respectivamente).
En lo que respecta a los desembolsos para poder afrontar los pagos de los próximos meses, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que es un programa que tiene dos momentos de desembolso: uno en agosto, en la tercera semana, por unos U$S 7.500 millones; otro en noviembre, en la primera semana.
Por otro lado, en el comunicado del Fondo también se incorporó finalmente el impacto que tuvo la sequía en la economía argentina y, producto del empeño con que negoció el Gobierno, se logró mantener el objetivo de déficit fiscal que figura en el Presupuesto 2023 (1,9% del PIB).
En otro pasaje del documento se hace referencia a las acciones del Gobierno argentino luego de la cuarta revisión alegando que “ha habido desvíos y retrasos en las políticas, que han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil”. Una situación que en principio se presenta como negativa, pero que en realidad da cuenta de la autonomía en la toma de decisiones de las autoridades argentinas que, a pesar de las reiteradas “sugerencias” del organismo, sostuvieron un sendero de políticas que permitió mantener la actividad económica.
Y, en la medida de lo posible, sostener las importaciones para los usos productivos, dado el difícil contexto atravesado por la sequía y los coletazos de los conflictos internacionales. También pesó, como señaló el ministro de Economía, la actitud de “la oposición (que) intentó trabar el acuerdo (…). Ellos lo plantearon en términos de gobierno-oposición sin pensar que arriba de este barco vamos todos los argentinos”.
Con respecto a las estrategias de refinanciamiento de la deuda en pesos, el Fondo destacó que “los recientes y exitosos canjes voluntarios de deuda han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiamiento interno neto adicional durante el resto del año”. De hecho, en la última licitación de títulos públicos del Tesoro Nacional efectuada el jueves pasado, Economía obtuvo un financiamiento neto de casi $110.000 millones, alcanzando en el mes un financiamiento neto de $250.137 millones. De esta forma, en julio las colocaciones superaron a los vencimientos en un 19%. También se admitió que el Gobierno intervenga en los mercados.
Por un lado, el FMI sostiene que “la política monetaria seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado, con intervenciones en los mercados paralelos y de futuros de divisas centradas en abordar situaciones de condiciones desordenadas” de títulos de deuda del Tesoro. También se consensuó que el Gobierno intervenga en las transacciones de títulos públicos, a fin de “garantizar el funcionamiento normal del mercado”. Importantes herramientas contra la especulación que han sido validadas por el FMI.
Adicionalmente, quedó claro que en materia de acumulación de Reservas netas, la meta acordada con el Fondo en la anterior revisión se adecuó al menor ingreso de divisas que padeció el país por la sequía, pasando de un objetivo de u$s8.000 millones para el corriente año, a u$s1.000 millones.
Pero, además, el informe del Fondo propone que “esta acumulación (de Reservas) sea respaldada por mejoras en el balance energético (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año”.
Paradójicamente, algo que ahora el FMI menciona como positivo, la construcción del gasoducto, en su momento lo quiso frenar para “achicar el gasto”. No debe olvidarse que el origen de estas negociaciones está en la decisión del gobierno de Mauricio Macri de solicitar un préstamo al FMI, a sabiendas de las condicionalidades del mismo, principalmente de ajuste que solicita el organismo, que coincidían con las aplicadas y las que siguen promoviendo el expresidente y el espacio político del que forma parte. Ante esta situación, el único camino que queda es negociar el mejor acuerdo posible con el Fondo, y en esta fase resalta el empeño del Gobierno para conseguir que ese condicionamiento afecte lo menos posible sus políticas encaminadas a lograr el crecimiento con equidad social.
