Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El domingo pasado se celebró la primera vuelta de las elecciones en Brasil. Comicios con impacto, no sólo para el futuro de los/as brasileños/as, sino para el de toda la región. Flávio Bolsonaro (47,0% de los votos) y Luiz Inácio “Lula” da Silva (45,16%) competirán en balotaje el próximo 25 de octubre. Las proporciones reflejan un tipo de sociedad fracturada en dos que ya se vio en otros países como Colombia y Perú.
Por un lado, el voto de Bolsonaro estuvo muy traccionado por los candidatos a gobernadores de algunos de los estados grandes como San Pablo y Río de Janeiro. Gobernadores que, habiendo ganado en primera vuelta, pierden su interés por “convencer” a sus votantes para la segunda. Los votantes de Lula no tienen por qué tener menos movilización, pero los de Bolsonaro sí, efecto que también podría abarcar a los diputados y senadores que ya están electos.
Por otro lado, inmediatamente luego de conocerse los resultados comenzó a tener más protagonismo, en la campaña del Partido de los Trabajadores, el actual Vicepresidente y candidato a ocupar la vicepresidencia, Geraldo Alckmin. Una estrategia para captar votos de una parte de la población de los espacios pertenecientes al centro político-ideológico, ya que el candidato estuvo tradicionalmente más vinculado a ellos.
Por último, hubo más de 3 millones 600 mil votos anulados. Una cantidad no despreciable que podría incidir en el resultado de la segunda vuelta.
Más allá de este análisis, la realidad es que, en el marco de un fuerte avance de las derechas en la región, hay una mitad de votantes que resiste a ese modelo económico y de sociedad.
La ajustada ventaja de Bolsonaro en las elecciones generales está influenciada por los aspectos comentados, y el resultado del balotaje es impredecible. Hay espacio para la expectativa positiva.
Panorama económico
Ante la situación actual de altos precios de la energía, generada por el conflicto en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, apeló nuevamente al ajuste fiscal. La titular del organismo considera que las economías emergentes “deberían esforzarse por ampliar su espacio fiscal”, aunque reconoce que será una “ardua tarea” dado que “la población se ha acostumbrado al apoyo estatal”. Las “reformas estructurales” necesarias para lograr el objetivo también están presentes en su discurso, en el que hace referencia a “la mejora de la cualificación de la mano de obra, unos mercados laborales más flexibles, una mayor facilidad para la creación y el cierre de empresas”.
No parece haber nada nuevo bajo el sol. Una vez más, el organismo pide “consolidación fiscal” (una forma de evitar decir “más ajuste”) para poder afrontar, entre otras cuestiones, las alzas en las tasas de interés y el aumento del costo de las deudas. El FMI se preocupa por las altas tasas, pero las aplica tal cual a los países deudores del organismo. Tampoco recomienda políticas para reducirlas. En el caso de países como Argentina, con un altísimo endeudamiento, en especial con el propio Fondo, afrontar las altas tasas con ajuste fiscal resulta extremadamente oneroso. Situación agravada por los fuertes sobrecostos que impone el organismo, sea por el elevado monto, sea por el plazo concedido.
En su informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe”, el Banco Mundial señala que Argentina se encuentra en medio de reformas sustanciales y proyecta que el PBI se expanda durante tres años consecutivos (2025-2027). El impulso provendría “del ajuste fiscal, reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y su Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”. El supuesto vigor no parece estar presente en el considerable recorte del PBI que efectuó para nuestro país en sus estimaciones para 2026: pasó del 3,6% proyectado en junio, al 2,1% reciente.
El escenario se replica en lo proyectado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un informe estadístico que recopila los pronósticos de consultoras, centros de investigación y entidades financieras. Según el REM, se espera una expansión de tan sólo el 1,5% para 2026, un guarismo inferior en 2 puntos porcentuales a lo que preveían los participantes de la encuesta aludida, en el último relevamiento de 2025.
Al igual que ocurre con el Banco Mundial, y también sucedió con el banco de inversión JP Morgan (ya tratado en anteriores columnas), las proyecciones se van corrigiendo a la baja, y mucho, en una economía que no parece despegar.
Se conoció el dato de actividad industrial para agosto. Si bien en ese mes puntualmente se registró un alza del 1,9% mensual, esta variación no alcanzó a compensar la caída de algo más del 5% en julio. Cabe destacar que en el acumulado hasta el mes de agosto la industria se retrajo un 2,7% interanual. Si se compara con el mismo período de 2023, se encuentra un 11,7% por debajo.
La actividad de la construcción muestra un escenario similar, aunque con caídas más pronunciadas. Luego de la fuerte contracción ocurrida al comienzo de la actual gestión (-31% interanual), el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el INDEC, da cuenta de una casi paralización de la actividad. Durante agosto, en particular, se registró una variación prácticamente nula (0,4%), mostrando un serrucho de altas y bajas que no repunta. Resulta importante mencionar que el acumulado de 2026 se encuentra un 24% por debajo de igual período de 2023.
Privatización de AySA
Finalmente, se confirmó la venta del 90% de las acciones de AySA. Algunas de las críticas se enfocaron en la falta de transparencia del proceso y en la ausencia de un precio base: de dos ofertas se aceptó la mayor (unos U$S 340 millones), aunque estuvo muy por debajo del monto mínimo que supuestamente pretendía obtener el gobierno (U$S 500 millones).
Desde mi perspectiva, el rechazo a la decisión del Ejecutivo, de entregar a manos privadas la gestión del servicio de aguas y cloacas para millones de usuarios, no debe enfocarse centralmente en los temas de forma, procedimientos o en los ingresos generados con la operación.
En ciertos medios de comunicación se argumentó que con la privatización se cierra el ciclo de veinte años de una empresa que Néstor Kirchner “arrebató a los franceses en nombre de la soberanía del agua”.
Sin embargo, cabe recordar que en 2006 volvió a manos del Estado una empresa originariamente estatal, creada en 1912, y que tuvo con las privatizaciones de los noventa un paréntesis de gestión privada. Si los números mandasen, son apenas trece años de gestión privada (1993-2006) contra un siglo de provisión estatal.
Por otro lado, durante la privatización del servicio de agua del gobierno menemista, personalmente me preguntaba acerca de la diferencia entre Obras Sanitarias y Aguas Argentinas, ya que esencialmente se seguían utilizando los mismos edificios, las mismas piletas, cañerías, o las y los mismos ingenieros.
El único y gran cambio fue el objeto social: de una empresa estatal creada para brindar un servicio público de agua y cloacas, se pasó a una empresa privada cuyo fin era obtener beneficios, supuestamente, haciendo lo mismo. Gestión privada que además incumplió compromisos en materia de inversión y expansión de las redes hacia los sectores más postergados, además de encarecer y empeorar los servicios a usuarias y usuarios. En definitiva, el del agua es uno de los ejemplos más claros de que la cuestión de fondo pasa por un tema de modelo.
