Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El principal argumento que utiliza el Gobierno para no hacerse cargo de la inédita pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo la ciudadanía es que todo es culpa de la anterior gestión, una idea que no resiste el simple análisis de la realidad. La aceleración de la inflación de diciembre obedece a los anuncios y medidas de la actual administración.
En la semana se conoció el primer dato de inflación de la gestión Milei, que se aceleró hasta el 25,5 por ciento, niveles no vistos en décadas. El Presidente, antes de que se conociera la cifra del Indec, señaló que un 30 por ciento sería “un numerazo, un logro fenomenal y hay que sacarlo a pasear en andas a Caputo”, argumentando que “veníamos para una inflación del 45 por ciento”.
Sin embargo, las entidades e instituciones que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipaban a fines de noviembre que la inflación de diciembre sería del 17,1 por ciento, ¿dónde está entonces ese 45 por ciento que “el mercado” no lo vio?. En verdad, el 25,5 por ciento no es un logro, es un “numerazo” (por lo alto) que se generó a partir de las políticas del actual gobierno.
Medidas
La principal decisión que impactó en el bolsillo de los argentinos y las argentinas fue la devaluación del tipo de cambio, de una magnitud absolutamente inesperada. El REM, de hecho, preveía a poco de asumir Javier Milei una suba del tipo de cambio oficial para diciembre del 68 por ciento en promedio, sin embargo la variación entre puntas fue del 124 por ciento. Ese salto devaluatorio en gran parte explica la inflación que se terminó dando en diciembre. No es por el malintencionadamente llamado “plan platita”, como se sostiene desde la ortodoxia, tanto desde la economía como desde la política. De hecho, la base monetaria en términos reales cayó un 35 por ciento interanual en noviembre de 2023.
La decisión de devaluar se complementó con otras que van en el mismo sentido, como la señal que se le dio a los formadores de precios para que remarquen como quieran, el fuerte incremento en el precio del combustible, o los tarifazos en gas y electricidad que vendrán --se habla de 500 por ciento en un breve lapso, a lo sumo, de tres meses--.
En este marco, se acaba de anunciar el entendimiento entre el Gobierno nacional y los equipos técnicos del FMI, para el desembolso, previa aprobación del Directorio, de unos 4700 millones de dólares para cancelar vencimientos con el organismo.
Cuando analiza el contexto en el cual no se cumplió el acuerdo, el comunicado del FMI hace referencia a las políticas “expansivas e inconsistentes” de los últimos trimestres de 2023, pero no hace mención alguna a la sequía, un factor al que el organismo en anteriores revisiones le otorgaba un lugar central.
Se puede decir que el texto del Fondo es prácticamente un calco del discurso del actual gobierno. Allí se menciona a la “herencia”, se señala que la “nueva administración ya está implementando un ambicioso plan de estabilización centrado en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte y creíble, junto con acciones para reconstruir reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del Banco Central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado”.
También se afirma que “si bien el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis”. ¿Acaso no consideran una situación crítica el empeoramiento de las condiciones sociales producto de la disparada de la inflación a la que lleva el programa?
Mientras el propio FMI reconoce que la devaluación y el levantamiento de los controles de precios tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción en la actividad económica, a renglón seguido establece que “a medida que las políticas se implementen y se reconstruya la credibilidad, un proceso gradual de desinflación se producirá” al igual que prevé “una eventual recomposición en la producción, la demanda y los salarios reales”. Proposiciones claramente contradictorias, pero que evidencian la convicción del FMI en que la “credibilidad” de los mercados lo resuelve todo.
El plan que está actualmente en marcha, y al que el FMI le acaba de dar un fuerte apoyo, avanza en un profundo cambio de los precios relativos de la economía, en detrimento del salario y de las jubilaciones. Forma parte de un intento deliberado de modificar regresivamente la matriz de distribución del ingreso y la riqueza.
